martes 16 de abril de 2024

LOCALES | 27 ene 2020

EDITORIAL

Los costos políticos del compromiso comunitario

Después de cuatro años de aumentos históricos, la comunidad en su mayoría sólo atinó a convertirse en materia despreciable de sus representados repitiendo sin ton ni son sus argumentos


Por: Semanario

Tras la asunción de un nuevo ciclo de gobierno ha comenzado a circular en el debate cotidiano, lógicamente impulsado por algunos medios de comunicación, el tema de los “costos de la política”.

Esto se refiere casi estrictamente a lo que significa “mantener” a los legisladores y sus asesores, como si se tratara de extraterrestres que algún planeta oscuro nos impusiera para dominarnos y lo que es peor para muchos, debemos mantener con nuestros ingresos (si los tenemos).

La cuestión no es novedosa y aparece cada vez que el país entra en crisis terminal (esa que nunca termina) y se buscan salvavidas económicos y alguien a quien echarle la culpa de todos los males y cuidando que ese personaje no sea uno mismo.

Sin embargo, cuesta zafar de semejante embrollo cuando se lee el artículo 22 de la Constitución Nacional, el cual indica: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.

Por lo que es la Carta Magna la que nos pone a los ciudadanos en el compromiso de hacernos cargo de los representantes que se eligen en cada acto comicial y en la obligación de participar de modo activo sea o no de su agrado el elegido.

Es por ese motivo que ante más críticas reciba la clase política, más debiera ser la participación popular para poder estar representado de modo eficiente.

Y si hablamos de eficiencia será importante considerar que ese concepto económico puede ser aplicado a la política.

En materia de gobierno, sea de la categoría que sea, la eficiencia exige, primero, que la oferta pública se ajuste lo mejor posible a la demanda social, lo que obliga a cumplir el pacto implícito que siempre es el programa electoral.

Cumplir esas promesas ha de ser una de las banderas que no deberán arriarse, o tal como lo expresara el nuevo Presidente de la Nación, Alberto Fernández: “Si alguna vez no cumplo con mi palabra, salgan a la calle a recordarme que les estoy fallando”. Y para ello se requerirá de un pueblo comprometido y a su vez valiente para criticar no sólo al opositor, sino incluso a su propio líder. Algo que no es común en la mayoría de los ámbitos de gobierno.

Otra condición de la eficiencia es que los beneficiarios de un servicio público sean también sus financiadores o en todo caso, que quienes puedan hacerlo presten su financiamiento a quienes no pueden por diversas circunstancias, sin olvidar el compromiso con la solidaridad.

Porque si una persona se beneficia de un servicio público y otra distinta lo paga sin beneficiarse del mismo, estamos hablando de redistribución, de mayor o menor equidad, pero no de eficiencia. La eficiencia y la equidad son conceptos distintos que utiliza el sector público y que no deberían confundirse.

Finalmente, la eficiencia exige también que los servicios públicos se gestionen al mínimo costo y esto es menester del gobernante de turno al que hay que hacerle saber de las disconformidades.

Después de cuatro años de aumentos históricos de las tarifas, devaluación, inflación, corte de servicios prodigados por el Estado, menor financiamiento en materia de salud y educación, incremento en los índices de pobreza y desatención de los sectores más vulnerables, la comunidad en su mayoría sólo atinó a convertirse en materia despreciable de sus representados repitiendo sin ton ni son sus argumentos.

A 30 días de un nuevo gobierno y frente al congelamiento de tarifas, recuperación de programas de vacunas y remedios gratuitos para algunos sectores, el freno al aumento del transporte y combustibles, los acuerdos de precios, los bonos salariales y las ayudas para combatir la pobreza, la respuesta parece ser una crítica hacia el “costo de la política”, precisamente cuando aparecen políticas que intentan (al menos lo hacen) revertir el proceso de devaluación social al que se estuvo sometido.

Hasta tanto la política no pase a ser una materia obligatoria en la vida de los ciudadanos, lamentablemente siempre habrá lugares desde donde se la critique, sin entender que forma parte de la vida como el aire que se respira y que sólo una comunidad comprometida podrá revertir sus propios males.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias