jueves 28 de marzo de 2024

LOCALES | 27 ene 2020

MEDIO AMBIENTE

¿En Junín debiera crearse una ecotasa?

Se suman argumentos para aumentar la carga impositiva a quienes producen dejando pasivos ambientales de los que nadie se hace cargo, con el fin de amortiguar daños.


Por: Semanario

Las gremiales agropecuarias interesadas en la agricultura química, que desde hace un par de décadas usan millones de litros de agrotóxicos que se esparcen por cielo, tierra y agua, una vez más están poniendo el grito en el cielo para pedir por el fin de los derechos de exportación que el gobierno les cobra por ser una de las fuentes primarias para la generación de divisas del país.

Del mismo modo, las mineras tratan de hacer un lobby más callado, pero no cejan en su participación en distintas provincias, al sur y al norte del país, para continuar con su escalada contaminante y poco previsora, algo que nadie puede discutir.

Incluso la exploración petrolera, ya sea pública o privada, deja un pasivo ambiental en la Patagonia y los mares, del que nadie –al igual que las anteriores actividades mencionadas- se hace cargo.

Para entender el concepto de modo sencillo hay que considerar que en materia contable de una empresa se llama “activo” a lo que la empresa tiene y “pasivo” a lo que debe.

Por lo tanto “pasivos ambientales” son las deudas que una empresa tiene por daños ecológicos aunque estas no suelen incluirse en la contabilidad a menos que sean reclamadas social o judicialmente.

Por lo que la pregunta que al menos merecería una discusión abierta es ¿para cuándo un impuesto por contaminar?

Sin dudas que lo recaudado serviría para agilizar estudios acerca de los daños, atender las necesidades en salud que eso genera, investigar prácticas sustentables y empezar a buscar una reversión del proceso antes de que llegue el fin de la era humana por la imposibilidad de seguir viviendo en este planeta.

Esto incluye sin dudas a recuperar la biodiversidad perdida y la calidad de los ambientes cuyos valores en contaminación son desesperantes.

¿Para qué esperar en el caso del agro la posibilidad de que la Organización Mundial de Comercio presente quejas a nuestro país por la imposición de retenciones (derechos de exportación)?

Incluso podría ser una excusa pararancelaria de algún país con ánimo de sacar provecho en alguna negociación.

Los tributos ambientales son aquellos impuestos, tasas y contribuciones especiales cuya estructura establece un incentivo a la protección ambiental, o bien compensa los daños ocasionados al medio ambiente por los sujetos que soportan la carga tributaria.

Motivo por el cual abordar el tema de la fiscalidad y el medio ambiente, permitiría a los gobiernos nacional, provincial y municipal,  plantear nuevos paradigmas en producción sustentable y dejar instalado un hito fundamental para el cuidado del ambiente hacia el futuro, generando con ello la necesidad de acceder a nuevas tecnologías sostenibles a la hora de generar divisas menguando el daño causado y haciéndose de “caja” para lograr un doble propósito: que quienes producen elijan hacerlo sin daño ambiental y que el daño generado tenga presupuesto para comenzar a revertirse y atenderse.

 

PORQUÉ IMPUESTOS AMBIENTALES

El investigador Edgardo Ferré Olivé, especialista en tributos ambientales, plantea claramente la cuestión “costo-beneficio” de lo que supone elegir proyectos sustentables o no.

Incluso trae a colación el concepto de “ecotasa o ecoimpuesto”.

Indica que “dentro de la economía ambiental, se aplica un enfoque ecologista de las actividades humanas, que comprenderá los derechos de propiedad, las externalidades, las ecotasas o impuestos ecológicos y las subvenciones”.

Respecto al “derecho de propiedad” hace hincapié en un punto importante al señalar que “ya que los recursos naturales y los residuos, en un principio, no son propiedad de nadie. Si la idea es privatizar, su aplicación en los residuos es algo más compleja, ya que a nadie le interesará poseer residuos sin valor económico; pero lo que se puede lograr es que el que produce el residuo es su propietario y será responsable de su eliminación. Con respecto a la privatización de los recursos naturales, es dificultoso o imposible (el aire, el sol, el agua corriente, etc.), y se debe considerar que cualquier recurso que se pueda privatizar no garantizará la conservación del mismo”.

En base a esto se aplica el concepto de “externalidad”, que resulta de suma importancia en la economía ambiental.

Las externalidades son las consecuencias –económicas o extraeconómicas– del intercambio de bienes o servicios en el mercado y que pueden afectar a terceras partes. Las mismas pueden ser positivas o negativas: serán positivas por ejemplo si el dueño de comercio habilita un sistema de iluminación en el mismo que beneficia a otros locales cercanos, y negativas si en una ciudad turística se construye una fábrica que emite contaminantes. El concepto de externalidad a efectos medioambientales de las actividades económicas, trae consigo no una valoración económica sino política, es una decisión tomada por el gobierno y no una valoración en función de los costes y beneficios de los diferentes agentes económicos presentes en el mercado.

Podríamos acaso presuponer que la falta de pejerreyes en las lagunas juninenses obedece entre otras cuestiones a las alteraciones de las condiciones  físico-químicas del agua producto de las inundaciones producidas por el sistema de producción agraria de suelo desnudo.

También podríamos sumarle a ello la cantidad de agroquímicos que se vierten en los campos y terminan arrastrados a esos espejos de agua.

Por ese motivo, la producción agrícola química estaría generando un perjuicio a la economía regional en material de la falta de turismo, lo cual afecta a la hotelería, gastronomía, y comercios varios de Junín, más allá del abandono que ello produce en los ambientes piscatorios como clubes y parque natural.

Por lo que cabe preguntarse si la tasa que abona la producción agrícola química (por Red vial), no debiera tener en cuenta el perjuicio causado a otros sectores productivos y esa recaudación debiera servir para trabajar en materia de recuperación de la fauna íctica, por ejemplo.

Incluso y tal lo plantea el especialista “a efectos medioambientales, las autoridades municipales pueden imponer un canon a los dueños de la fábrica, para subvencionar los costos de las tareas de descontaminación en la ciudad”.

El problema es cómo valorar estas externalidades y cómo cobrarlas y con respecto a su valoración, una posibilidad es aplicar el principio “quien contamina paga”.

En el caso de la empresa contaminante, el valor económico de las externalidades medioambientales que produce una fábrica que contamina una ciudad, sería el coste económico de devolver esa ciudad contaminada de nuevo a su estado original, o quizás a una situación de mínima contaminación, límites que se deben aplicar adoptando una decisión política. Dicho costo implica establecer un sistema de pago de canon mensual equivalente a la valoración de la externalidad, que el gobierno ya sea nacional, provincial o municipal, invertirá en el saneamiento de la ciudad.

Desde el otro punto de vista, si nos encontramos con una externalidad positiva (por ejemplo, la instalación de energía renovable, que ahorra combustible fósil o no renovable), la sociedad puede pagar dicha externalidad mediante una ayuda o subvención.

Las subvenciones que se producen a las tecnologías limpias y/o las que sustituyen recursos no renovables por recursos renovables son la contrapartida de los impuestos ambientales

 

NADA NUEVO

En verdad, la idea de cobrar impuestos ambientales no es novedosa ni mucho menos, sino que hay material para abordar la situación, aunque lo que se necesita –como casi siempre- es la decisión política para poner el tema en agenda, animar a los legisladores a estudiar la cuestión y acercar a las corporaciones empresarias involucradas para que hagan su descargo.

Entre los cuadernos de la AFIP, hay uno de ellos que data de 2009 referido precisamente a “Fiscalidad y medio ambiente”, donde recopila trabajos tales como “La crisis climática y ambiental: Problemas, sinergias y trayectorias para su resolución”,  de  Pablo O. Canziani y Fernando Milano

“Aspectos fiscales de los recursos naturales en América Latina y el Caribe” de  Domingo Carbajo Vasco y Pablo Porporatto e “Impuestos ambientales”, del ya mencionado Edgardo Ferré Olivé.

Desde la perspectiva de los autores, la prevención y mitigación de los mecanismos que promueven el cambio climático, así como el diseño de políticas de adaptación socio-económica y ambiental, se convierten pues en una necesidad, sino una obligación y un desafío para la sociedad actual. Las herramientas para lograr este objetivo deben ser múltiples y novedosas. El trabajo finalmente concluye que el sistema tributario debe convertirse en una de las herramientas claves que ponga la piedra basal de un nuevo y conceptualmente distinto futuro.

Los especialistas, sostienen que: “El cambio climático es parte integral de una serie de procesos de deterioro ambiental y social, que se identifica genéricamente como el Cambio Ambiental Global o sencillamente Cambio Global”.

Este último involucra una importante gama de problemas además del cambio climático, entre los que puede destacarse, para el caso de la República Argentina, la degradación de suelos/desertificación y de aguas, el desmonte y la pérdida de biodiversidad, el adelgazamiento de la capa de ozono. Obviamente, no son los únicos que afectan al territorio nacional y mares adyacentes, pero sí los más significativos.

ARSENICO Y PRODUCCION RURAL

El informe de AFIP destaca respecto a la producción de nuestra región que “en muchas áreas agrícolas del medio rural las napas tienen niveles no aptos para consumo por el nivel de nitratos proveniente de fertilizantes. Si esto fuera manejado mediante incentivos a las buenas prácticas se podría derivar, de alguna manera, el dinero destinado a agua envasada para esos fines. También debe considerarse la importante contaminación natural con arsénico de muchas napas de agua del país, que afecta a varios millones de personas y que requiere una solución tecnológica para facilitar su uso y reducir costos ambientales y sanitarios.

De hecho la recaudación impositiva podría servir para la construcción de plantas de abatimiento de arsénico, algo que resulta imprescindible para la salud de los juninenses y de otros distritos, aunque algunos (como Lincoln o 9 de Julio) ya han logrado solucionarlo.

Para tener dimensión de algunos daños por la agricultura vale acotar que el INTA realizó en 1999 una cuantificación de lo que pierde el país cada año por el mal manejo de los suelos: 2900 millones de dólares anuales.

De éstos: unos 1000 millones se dan por una reducción en la producción, otros 1000 millones por los problemas de inundaciones y rotura de infraestructura vial debido a la alteración del régimen hidrológico por la baja infiltración, evapotranspiración y/o erosión.

Otros 900 millones se pierden por el balance negativo de minerales ya que se los extrae en cada cosecha, y luego se los exporta, en niveles mucho mayores de lo que luego se repone.

En ese escenario se suman argumentos para aumentar la carga impositiva a quienes producen dejando pasivos ambientales de los que nadie se hace cargo, con el fin de amortiguar daños o, en un mejor sentido, promover una campaña de transición hacia modelos que no produzcan alteraciones químicas al ambiente.

 

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