Por: Semanario

El año pasado, la comisión directiva del Club Mariano Moreno, con la complicidad de funcionarios municipales, decidieron proceder a destruir el arbolado público, ese que es de todos y no del frentista que tiene la responsabilidad de la vereda.

De ese modo, en el mes de agosto de 2019, se registró sobre calle Chile la salvaje tala de unas 15 especies de fresnos, añosas y saludables, aduciendo la rotura de la vereda y del “peligro” que eso ocasionaba para los transeúntes por si ocurría alguna caída u otro imprevisto semejante.

Si bien en aquel momento Semanario debió soportar las presiones anónimas que ejercían con sus comentarios quienes decían ser directivos del club y mientras desde el municipio se indicaba que se trataba de “maniobras políticas”, a casi un año de esas acciones quedó demostrado que se trataba de una burda mentira desde principio a fin y que en la ciudad hay sectores de privilegio para quienes las normas comunitarias no les caben.

El panorama actual es que no se repusieron los árboles (en verdad jamás podrían reponerse árboles de 30 años de vida) y ello demuestra el incumplimiento de la ordenanza respectiva que indica que esa tarea deberá hacerse a los 15 días posteriores a la tala, junto con el arreglo de las veredas.

Por otra parte, la acera que resultaba tan “peligrosa” para la circulación de los peatones no ha sido reparada.

El único resultado -burdo por cierto- es la destrucción del arbolado urbano, ese que tanto costó lograr y conservar y que –pandemia y asilamiento mediante- ha quedado demostrado que el cuidado ambiental es clave para nuestra supervivencia.

¿CUIDAR LA NORMA O HACER FAVORES?

La municipalidad de Junín tiene una ordenanza de protección de las especies arbóreas del espacio público que es la Nº 4515, sancionada el 6 de octubre de 2003.

Sin embargo, tras una maniobra solapada, los árboles se talaron a la mitad para luego extraerlos de raíz, lo cual en su momento despertó numerosas críticas que, como todo, se fueron apagando como también hemos visto como se apaga la vida ante los desastres naturales que se generan a partir de la falta de conciencia.

Para quienes no tienen sentido de lo público, tal vez no les importen las normas, pero resulta preocupante que no las apliquen los funcionarios ni los dirigentes de entidades que se suponen sociales.

El artículo 8, del capítulo 5, de la ordenanza antedicha, recuerda que se establece “como época oportuna para realizar los trabajos de poda al lapso de tiempo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de agosto de cada año”, cuando en Junín, las tareas de poda parecen ser todo el año.

En el artículo 9 se indica que “la poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se efectuarán solamente cuando razones de orden técnico, a criterio de la Autoridad de Aplicación, lo hagan aconsejable y en el caso de la extracción remarca los casos en que precisamente no se encuadraban las especies que nos competen tales como: “Decrepitud o fin del ciclo biológico. Cuando se encuentre dentro de la ochava y obstaculice la visión del tránsito vehicular en el cruce de las calles. Cuando se trate de especies o variedades cuya experiencia demuestre no ser apta para su uso. Cuando por mutilaciones de diverso origen, se torne irrecuperable. Cuando por excesivo crecimiento, inclinación de su fuste, o forma inadecuada del mismo amenace con su caída o provoque trastornos en la circulación vehicular o peatonal. Cuando interfieran en obras de mejoramiento o apertura de calles. Cuando se encuentren fuera de línea con respecto al arbolado existente. Cuando obstaculice ingreso vehicular. Cuando obstaculice el acceso a edificios de carácter institucional”.

Solamente podría considerarse un ítem y es el de “cuando se demuestre técnica y objetivamente que existe peligro real o inmediato de ocasionar un daño a la propiedad pública o privada o al tránsito peatonal y/o vehicular”, lo cual es absolutamente subjetivo e improbable y debiera estar acompañado por el informe del funcionario actuante o en este caso debiera renunciar inmediatamente.

Y si bien el artículo 10 de la ordenanza 4515 indica que “las tareas de poda, extracción, corte de raíz o tratamientos sanitarios de la Flora Pública serán efectuados según un plan de manejo de la misma trazado por la Secretaría de Obras y Servicios. Públicos y ejecutado por el Municipio quien podrá delegar dichas tareas cuando lo considere necesario”, sin embargo parece no haber existido ningún plan de manejo, sino más bien la desidia de acabar con toda una cuadra de árboles, aplicando aquello de “muerto el perro se acabó la rabia”.

Según la ordenanza, el club contaba con 15 días para arreglar las veredas y reponer los canteros, lo cual debía ser a su costa.

Sin embargo, después de más de 280 días, la reposición no se realizó ni  se arreglaron las veredas, tal como lo muestran las fotografías que dan cuenta del abandono del lugar.

La insensibilidad que ha mostrado este gobierno por los temas ambientales (además de otros), queda claramente plasmada en esta situación a la que debe agregarse la anomia, cuando se trata de “grupos amistosos” del poder que intercambian favores o privilegios.

Pero es más preocupante aún que quienes deben ocuparse del contralor, ya sean los concejales en general, inspectores municipales y provinciales, caigan en un cómodo silencio que también los hace responsable de estos atropellos que afectan a toda la comunidad.