En Villarino, la desaparición de Facundo Astudillo, de 22 años, preocupa cada vez más. No solo porque ya pasaron 67 días desde que se lo vio por última vez cuando emprendió un viaje “a dedo” desde su localidad, Pedro Luro, hasta Bahía Blanca; sino porque hay una fuerte sospecha que apunta hacia la policía.

Todo sucedió el pasado 30 de abril, cuando el joven se dirigió hasta uno de los accesos de la pequeña localidad para viajar a la casa de su pareja, en Bahía Blanca. Pero Facundo nunca llegó y los testimonios que brindaron los uniformados vinculados a la causa, hacen crecer la sospecha.

La investigación que se inició por “averiguación de paradero” en la Ayudantía fiscal de Villarino, muestra demasiadas contradicciones entre un testimonio y otro, e informaciones que van aparecieron varios días después de que el joven desaparezca sin dejar rastros.

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En resumen, los policías declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich, pero después afirman que lo hicieron en otra localidad, Teniente Origone.

Pero hay un dato que sobresale ante los demás: uno de los uniformados primero dijo que una “camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca”. Pero solo cuatro días después, sostuvo que –en realidad- el joven se había ido “caminando”.

La pregunta que se antepone es: ¿Por qué si los policías pararon a Astudillo para librarle una infracción por haber violado la cuarentena, lo dejaron irse caminando?

Pero en la causa hay todavía más irregularidades. El pasado 27 de junio, a más de un mes de la desaparición de Facundo, tres vecinos de la localidad de Pedro Luro se comunicaron con la familia del joven y le contaron que en el día de su desaparición, aseguran haberlo visto subir a la cabina trasera de un patrullero, luego de haber sido detenido.

Los tres vecinos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados a declarar.

Ante las evidentes irregularidades en la investigación y la omisión de la detención de Facundo en la causa, la familia presentó ante la justicia federal una denuncia penal para que se investigue la desaparición forzada y se desplace de la investigación a la Policía Bonaerense.

Al mismo tiempo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) envió una nota al Ministerio de Seguridad de Nación notificando el hecho y a la fiscalía para requerir el cumplimiento de la Resolución 1930 y ordenar el inmediato apartamiento de la Policía Bonaerense en las diligencias investigativas que se realizan en el marco de la causa por “averiguación de paradero”, en trámite ante la fiscalía de Villarino.