Por: Aldo García López

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció recientemente un nuevo incremento de las tarifas de gas para todo el país, con el argumento de recomponer las tarifas no ajustadas por el gobierno anterior, reducir las importaciones, fomentar el ahorro y un consumo eficiente… Todos objetivos muy loables, pero yo le diría al Sr. Ministro que está dejando de lado al principal perjudicado, que es el ciudadano. Él no tiene la culpa de que los anteriores responsables de gestionar la energía del país no hayan hecho las cosas bien, generando esta situación de crisis energética. También dijo que más de un 70% de la población tendrá una factura menor a los $500 mensuales. Lo invito al Sr. Ministro a que se tome el trabajo de ver las facturas que les están llegando a los vecinos de Junín. Además, nos informó la “grata noticia” que en noviembre 2017 y abril 2018 habrá nuevos ajustes.

Es posible que en otras zonas del país las tarifas hayan estado muy relegadas como, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se abonaban montos insólitos, pero Sr. Ministro no es el caso del territorio bonaerense.

A efectos de analizar lo que está pasando desde hace más de un año con las tarifas de gas, he realizado un cuadro comparativo con el incremento que se produjo en una vivienda tipo en este período en Junín, que arroja los siguientes datos:

Lo que podemos concluir del cuadro anterior es que los incrementos establecidos por el Ministerio de Energía y Minería no resisten ningún análisis: los mayores perjudicados con este brutal ajuste han sido los ciudadanos que no tienen ninguna manera de defenderse de este descalabro, solo compensado por tarifas sociales que solo atenúan el impacto en una pequeña franja de la sociedad.

¿Quiénes pueden haber tenido incremento en sus ingresos que puedan justificar semejante ajuste en las tarifas de gas?

Además, este hecho les provoca un gran problema a todos los intendentes ya que los ponen entre la espada y la pared porque tienen que salir a dar la cara con los vecinos por medidas tomadas en otros ámbitos y de las cuales no tienen responsabilidad.

Señores gobernantes, las políticas económicas que se implementen deben considerar en primer lugar al ciudadano común y nunca esas políticas deben atentar contra la calidad de vida de la población. Un incremento más escalonado hubiera tenido consecuencias más aceptables por el ciudadano común que entiende los subsidios que estas tarifas tenían.