A cuatro días de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitara el per saltum para tratar la decisión del gobierno de dar marcha atrás con el traslado de tres jueces que investigan a Cristina Kirchner, se conoció que desde el oficialismo presentaron un pedido del juicio político en contra del titular del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz.

La autora de la iniciativa es la diputada del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, que pidió que se investigue al presidente de la Corte Suprema por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto de resolución es el 5039-D-2020 y plantea: “Promover Juicio Político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

En los fundamentos del pedido, la parlamentaria expresó: “El mal desempeño que, entiendo, da base a este pedido de juicio político, no se encuentra definido en la letra constitucional, de modo que debe ser el Congreso de la Nación quien debe interpretar su alcance. No obstante, entiendo vigente el alcance de la doctrina establecida tiempo atrás por Joaquín V. González en cuanto a la finalidad de este mecanismo institucional: ‘.el propósito del juicio político no es el castigo de la persona delincuente, sino la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político.’ (Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, 1987, 21° ed. Ed. Estrada, pág. 519, el resaltado es propio)”.

Y fundamentó: “El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente. Sin dudas, esta conducta es impropia y contraria a aquella que debe esperarse de un magistrado del más alto Tribunal de la República, más aún tratándose del mismísimo presidente del mismo. Basta con el análisis de las sentencias dictadas en las causas “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario” Expte. CSJ 1574/2014/RH1 (en adelante caso “Muiña”) y “Recurso de hecho deducido por Batalla, Rufino en la causa Hidalgo Garzón, Carlos del Señor y otros s/ inf. art. 144 bis zinc. 1 -último párrafo- según ley 14.616, privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 1), privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 5), inf. art. 144 ter 10 párrafo -según ley 14.616-, inf. art. 144 ter 2° párrafo -según ley 14.616-, homicidio agravado con ensañamiento – alevosía, sustracción de menores de diez años (art. 146) – texto original del C.P. ley 11.179 y supresión del est. civ. de un menor”(en adelante caso “Rufino Batalla”) para que la Honorable Cámara de Diputados analice si ese magistrado ha incurrido en una causal de mal desempeño y, oportunamente, formalice la acusación ante la Honorable Senado de la Nación a los fines de proceder a su destitución y declararlo incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la nación”, agregó Siley en el texto.

Según la parlamentaria y consejera, con sus fallos en estas causas, “Rosenkrantz despreció y confrontó de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan el carácter inamnistiable de estos crímenes -posición compartida por la comunidad internacional-, respecto de los cuales resulta insalvablemente nula toda forma de perdón, indulto o conmutación de penas”.

“La decisión tomada por este ministro en los casos ‘Muiña’ y ‘Rufino Batalla’ agravia de modo intolerable e inaceptable tanto a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, a sus familiares y a la sociedad democrática en su conjunto, desbaratando y desarticulando las difíciles y múltiples conquistas que se obtuvieron durante los últimos años en pos de fortalecer la democracia argentina”, agregó la diputada.

Siley aseguró en declaraciones periodísticas que la presentación no tiene vínculo con la reciente acordada de la Corte para analizar la situación de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

“Presentamos el pedido el viernes 25 de septiembre. Es una ampliación de los fundamentos de los tres anteriores pedidos de juicio político que se presentaron en el año 2017 en el marco del fallo del 2×1 en el caso Muiña”, dijo la parlamentaria a este medio y recordó que en ese momento Rosenkrantz no era titular del Máximo Tribunal.

Cuestión de prioridades y gravedad institucional

Siley luego dijo que a pesar de los pedidos que ya pesaban contra el magistrado,el titular de la Corte siguió emitiendo dictámenes en favor de represores e investigados por su accionar durante la última dictadura militar en el país.

Ante la consulta de si no consideraba que la presentación podía ser interpretada como una forma de presión para que Rosenkrantz falle a favor del Ejecutivo y confirme la decisión del Senado de que los magistrados regresen a sus fueros de origen, respondió: “No es así. Primero están mis convicciones respecto al efectivo cumplimiento de las normas y garantías constitucionales de Derechos Humanos y, para eso, no hay tiempo que se pueda esperar”.

“Por otro lado, la resolución para habilitar el llamado a debatir el per saltum y, en particular, su voto en el que avala que lo trate la Corte, ya adelantó su postura. Lo dejó escrito, no lo dijo al pasar. Yo no podría cambiarle la postura a nadie y menos a una persona que es un juez de la Corte y la dejó por escrito. Allí ya adelantó que presume la existencia de un daño. Tampoco me interesa cambiarle su parecer. Sí me interesa que se haga justicia”, dijo la parlamentaria oficialista.

Luego agregó: “Si hay prioridad para tratar temas de esta índole, como el traslado de jueces, que podríamos decir que no hay ningún daño producido porque en los tres casos seguirán siendo magistrados, mi crítica y planteo es por qué no considera que es más urgente tratar causas de lesa humanidad como la de Ledesma y Blaquier”.

“¿Cuál es la gravedad institucional que hay en el traslado de tres jueces que seguirán siendo magistrados? Cómo no va a haber gravedad institucional cuando se trata del efectivo cumplimiento de normas internacionales y nacionales de derechos humanos”, se preguntó Siley.

Ante la consulta de si otros consejeros oficialistas o integrantes de su fuerza acompañaban el pedido de juicio político, dijo que se trata de una “estrategia colectiva”.

“No sé si habrá consenso en la Cámara de Diputados para que sea tratado el pedido. Espero que sea abordado. Que se entienda la gravedad de lo que estamos planteando. Nosotros entendemos que los temas de lesa humanidad son de urgencia para la sociedad”, cerró la parlamentaria.