Por: Redacción Semanario de Junín

Para los funcionarios judiciales, todo el año parece de campaña electoral, aunque sin sufragios. Es que, por el contrario a los políticos que tienen un año frenético de trenzas y movimiento, a lo que se sigue otro de ‘hacer la plancha’, en el Poder Judicial las roscas son permanentes.

Y en Junín, las batallas se han dado en forma más virulenta que nunca, y desde hace un tiempo arrasan con la armonía dentro de los Tribunales locales. Desde su jefe máximo, Juan Manuel Mastrorilli, hasta el más simple ordenanza, se encuentran en pie de guerra, eligiendo bandos y preparando ataques.

Precisamente, el fiscal general es uno de los personajes que está cumpliendo una ‘vida extra’ en su despacho: vapuleado hasta por los fomentistas de la ciudad, cuestionado por colegas y vecinos, logra mantenerse desde fines del 2008 en el cargo, a pesar de tantas tormentas atravesadas.

Aunque Junín es un territorio por demás de prolífero en cuanto a la creación de abogados y funcionarios judiciales, hace nueve años fue elegida la figura de Mastrorilli para cumplir con un rol central en la ejecución de la Justicia: la fiscalía general. Venía a reemplazar a un eterno Elio Abel Lago y a un efímero paso de Carlos Colimedaglia, proveniente de Mercedes, donde había desarrollado su carrera judicial.

De golpe, fue trasladado a Junín con todos los honores. Acá supo cobijarse bajo las alas del gobierno meonista, ponerse a la par de Guillermo Tamarit en la UNNOBA y seguir conectado con amplias vinculaciones a través de la amistad que cultivó con el ex funcionario municipal y ex director de Servicio Grupo Junín, Damián Itoiz.

Sin dudas, su trago más amargo ocurrió en 2014, cuando debió enfrentar una denuncia en su contra y de su colega Silvia Ermácora, por su actuación en la investigación penal llevada adelante contra el ex intendente de Lincoln, Jorge Abel Fernández, por los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con su función.

Otro momento terrible fue cuando se le exigió la renuncia de su chofer, José Luis Camarro, vinculado a casos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

No sólo en esas ocasiones: la cabeza de Mastrorilli se salvó varias veces por apenas un pelito de ser sometido a juicio político, aunque parece que finalmente fue doblegado por el nuevo procurador general Julio Conte Grand y parece que deberá irse antes de fin de año sin poder celebrar la década en la Fiscalía General.

VIENE VANI

La jefatura de fiscales es un puesto añorado y soñado por varios. Como sucede con Vanina Lisazo, quien había ya empezado a degustar el cargo, desde que arrancó con la investigación de la obra pública meonista y le hicieron la promesa de llevarla a la cima del poder local si se llevaba puestos a todos, incluido el ex intendente Mario Meoni.

Pero no pudo resistir la presión: primero la mandaron a trabajar al sótano del edificio de calle Comandante Escribano, donde no podía hacer casi nada porque en días de lluvias hasta se inundaba. Su jefe Mastrorilli la castigó duramente por haberse metido con uno de los integrantes del “triángulo de las Bermudas”, integrado por el fiscal general, el ex intendente y el rector de la UNNOBA.

Además, le tiraron las causas por violencia de género por la cabeza: mucho trabajo, poca recompensa. Y con esto, no podía avanzar en la causa de la obra pública.

La mayor jugada de Lisazo fue "hacerse la víctima" para tomar la Fiscalía Nº 1, luego de la jubilación de Roberto Rodríguez, mientras que en su lugar original (Fiscalía Nº 8) la nombraron a Fernanda Sánchez, la esposa del exbasquetbolista Daniel Aréjula que, según dicen en los pasillos, es mejor persona que profesional, muy ejecutiva y no deja cabo suelto: laburante como pocas.

Para colmo de males, Vanina Lisazo cierra un momento de frustraciones con una causa que buscó y se le volvió en contra: la de estafas contra Oscar Alberto Carreras, ex secretario general del gremio de prensa Apenoba, despedido de LT 20 Radio Junín. Esta semana desfilaron por los pasillos los convocados testigos, mientras ella presentó un certificado por “hemorroides”, que sin embargo no le impidieron continuar con su tarea habitual: sólo la afectaron para presentarse en el juicio oral que debía desarrollarse.

Para sacarse el tema de encima, tal vez por muchas otras presiones recibidas, Lisazo convocó a un juicio abreviado para octubre y allí concluirá sin pena ni gloria esta acusación al gremialista.

Con todas estas apariciones en su camino, se complica la llegada de Vanina a la Fiscalía General.

LAS OTRAS PATAS

El otro postulante serio a reemplazar a Mastrorilli es Javier “Bocha” Ochoaizpuro, que avanza con pie de plomo, con Luis Chami respirándole en la nuca, y con un hierro caliente entre las manos como son las dos causas por irregularidades en el Grupo Servicios Junín. No le tembló el pulso para procesar a dos: el ex secretario general del municipio Javier Gabrielli y el ex tesorero de la empresa, Vicente Griselli. Incluso, pidió hasta la detención de este último, denegada en tiempo récord por la mujer de Tomás Campenni, Marisa Muñoz Saggese.

Ochoaizpuro es casi número puesto para suceder al mercedino, porque quienes lo amenazaron con un jury alcanzaron el tercer lugar en las PASO y caminan decididamente hacia la desintegración política: el meonismo va perdiendo poder.

El otro personaje nuevo es Esteban Pedernera, que junto a Fernanda Sánchez, lleva el título de más laburador. Fue segundo de Ochoaizpuro hasta que se aseguró su propia Fiscalía.

La otra en danza por los pasillos judiciales es Silvia Ermácora, a punto de jubilarse, quien trata de sobrellevar como puede "la pesada herencia" del ex intendente de Lincoln, con el fin de evitar el juicio político. En estos últimos tiempos mantiene un bajo perfil, sin hacer mucho ruido; la promesa del jefe provincial es que llegue a retirarse.

Otro que tiene problemas es Angel Quidiello, pero ya a punto de acogerse al retiro jubilatorio, no sufriría demasiadas golpes, en el marco de la embestida de jóvenes fiscales y jueces que quieren hacerse cargo de los Tribunales de Junín.

De este modo, dos fiscalías quedarán vacante entre este año y el próximo, y ya es larguísima la lista de candidatos: la mayoría hijos, sobrinos y entenados de los funcionarios actuales.

ENTRE JUECES

En el plano penal, al juez José Lucchini nadie le tiene mucha confianza: dicen por los pasillos que digita según a quién conozca, y a veces se torna demasiado garantista o saca resoluciones un tanto dramáticas. La guerra entre los defensores oficiales, los fiscales y él es permanente, porque pocas veces logran ponerse de acuerdo las partes para llegar al fin de un juicio.

La doctora Claudia Dana tomó gran notoriedad con el caso Colo/Correa. Dicen que el caso la sobrepasó, y junto al fiscal general fueron los responsables de ocultar que iban a concederle la libertad al asesino de Sandra Colo, sin tener en cuenta las reacciones de la sociedad e incluso el peligro que acarreaba su libertad anticipada. Ni siquiera le informaron a la policía y a los funcionarios de seguridad esta novedad, para que pudieran tomar medidas y estar prevenidos. En este caso, la jueza trabajó en silencio y a puertas cerradas durante más de una semana, y hasta los subalternos preguntaban qué pasaría.

EN EL CENTRO

En este escenario, la protagonista de todas las miradas de las últimas semanas fue, sin dudas, la jueza de Garantías, Marisa Muñoz Saggese.

Casada con el médico Tomás Campenni, supieron construir no sólo un sólido matrimonio sino también una interesante sociedad. El facultativo arremete con los negocios y ella lo respalda con vinculaciones y fallos desde la Justicia.

Así se los emparenta con la gestión meonista: los turbios negociados por las tierras del Autódromo Eusebio Marcilla, que le pertenecían a la familia, sentaron un precedente de cuidado y que despierta luces de alarma.

Además, la señora magistrada es la hermana de otro abogado, que ocupó el sillón de inspector general durante el gobierno de Meoni.

En este marco, le tocó la causa de Gas Junín: en un tiempo absolutamente récord -menos de 24 horas- logró leer un expediente que consta de ocho cuerpos de 200 fojas cada uno (1600 páginas), para decidir en forma igualmente veloz la denegación del pedido de prisión formulado por Ochoaizpuro para el “Pollito” Griselli, un cómplice y aliado de la gestión meonista en sus negociados.

La jueza Muñoz Saggese no tuvo casi nunca estas respuestas veloces, no le importó nunca nada de un vecino cualquiera de Junín. Por eso, en esta semana sería recusada por el Ministerio Público Fiscal para su intervención en este tema.

La guerra al rojo vivo, jueces y fiscales apadrinados por la política, y sin otro objetivo que su propio pellejo. Lejos están los intereses de los “ajusticiables” con estas roscas, los paros de los empleados y la voracidad de los abogados. Pobres todos nosotros. 

Derecho a réplica

Sres. Directores

Semanario de Junín:

Desde el respeto por vuestro trabajo y la defensa sincera de la libertad de expresión, que incluye la de la prensa, no puedo dejar pasar información inexacta referida por vuestro Semanario, en la edición impresa del pasado 12 de agosto.

En efecto, se ha manifestado que desde mi cargo de presidente del Colegio de Abogados de Junín había mantenido reuniones con autoridades políticas y judiciales a fin de evitar el procesamiento del ex intendente Mario Andrés Meoni. Se dijo, incluso, que se había efectuado un encuentro por este tema al visitar la ciudad la gobernadora María Eugenia Vidal el jueves 3 de agosto. Justamente ese día ni siquiera estaba en Junín ya que tenía la semanal reunión del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata.

Entiendo la lógica de la política ya que he militado desde muy joven, como también no desconozco que la exposición pública muchas veces genera malintencionados comentarios avivados por rumores y operaciones de prensa. He soportado algunas en otros tiempos. Y al final se caen por su propio peso.

Niego enfáticamente cualquier intromisión de mi persona o a través del Colegio de Abogados en cualquier causa que tramite o se haya tramitado en la justicia local. No corresponde, y si me enterara que alguien lo hace, sería el primero en denunciarlo. Creo firmemente en la division de poderes y en el sistema republicano de gobierno y trato cada día desde el lugar que me toque de honrar esas convicciones.

Lisandro Benito - DNI 23227516 - Abogado - Pte. CADJJ.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE 2017