Por: Redacción Semanario

A mediados de agosto de 1999, a la salida de un acto del PJ en La Plata, el entonces vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, aseguró públicamente que había que “meterle bala a los delincuentes” si se quería combatir el delito.

Sus dichos chocaron de frente con el sentido común y cada una de esas palabras fue condenada por gran parte de la sociedad argentina.

Casi cinco años después, el 17 de marzo del 2004, un joven llamado Axel Blumberg fue secuestrado y posteriormente asesinado. Su padre, Juan Carlos, comenzaría a partir de entonces una proclama interminable en favor de la “mano dura”.

El 14 de abril del mismo año, esa prédica tuvo eco positivo en el Congreso de la Nación. Fue cuando se aprobó la llamada Ley Blumberg (Nº 25.886), que endureció varios puntos del Código Penal argentino.

¿Sirvió para algo? ¿Logró que disminuya el delito? Para nada. Uno de los pocos tópicos en los que coinciden el oficialismo y la oposición es el de admitir que el avance de la reforma impulsada por el padre de Axel no sirvió para nada.

Hoy, el debate público sigue mordiéndose la cola y dando vueltas sobre sí mismo, recitando como un mantra, mano dura vs. garantismo; y el Estado continúa con respuestas espasmódicas o, lo que es peor, desorientadas.

En nuestro país, las distintas políticas de seguridad nunca tuvieron continuidad en el tiempo. Es más, fueron contradictorias entre sí y quedaron supeditadas a los caprichos y necesidades políticas de los gobiernos de turno. De fondo, aquí no se discute nada. Los panelistas de la tele marcan los tiempos del debate. Y en los barrios, las esquinas, con amigos y familiares, en el trabajo, en el súper, en el club, en el bar… el tema del accionar de la justicia y de la policía, como causas de la inseguridad, están cada vez más instalados y agrietados.

Pero como es un tema que nunca abandonará el top five de las preocupaciones de los vecinos (así lo demuestran los timbreos oficialistas y opositores, por ejemplo), y a pesar de que en algunas épocas ocupe más espacio que en otras en los medios locales, también es parte de la agenda de la clase política, de cualquier partido, y eso se “aprovecha”, aunque no se diga o quede mal admitirlo. 

Ciertos términos se han ido incorporando al léxico cotidiano. Hablar de “cocinas de narcomenudeo”, “escruches”, “arrebatos”, “motochorros”, “secuestros exprés” nos resulta cada vez más familiar, en un contexto donde la mayoría ha vivido en carne propia o tiene conocidos que experimentaron el trago amargo del delito.

Estadísticamente, es uno de los mayores reclamos de los juninenses, atraviesa todo el entramado social y le puede tocar al que vive en una realidad más cómoda o a quien pasa sus días entre necesidades y penurias.    

Los cruces por los números del delito en nuestro territorio  son habituales y quienes hasta hace casi dos años eran oficialismo y hoy se encuentran en la vereda opositora notan que el delito está más fuerte, que los motochorros comenzaron a rondar las calles recién en 2016 y que la escalada de hechos es notoria.

Por el lado del gobierno, la ecuación es a la inversa: hoy se está controlando “lo que antes era un descontrol”, “se ha ganado la calle” cuando hasta hace dos años vivíamos en el “lejano oeste”, “se transparentaron las cifras” y se habla “con la verdad sobre los hechos”.

Pero el que sufre es el vecino, al margen de que desde la política siempre este tema “rinde”, sea para hacer campaña por lo realizado o para hacer campaña diagnosticando o reclamando soluciones. Ejemplos de uno y otro lado tenemos a diario y la pirotecnia verbal también hace lo suyo.

Mientras el Ejecutivo habla de una clara disminución del delito y el mismísimo Intendente así lo afirme en cuanta oportunidad tenga, desde la oposición insisten en que se manipulan las estadísticas, que ese accionar complica la realización de diagnósticos y que “la inseguridad en Junín se está yendo de las manos”. La respuesta apunta a la “herencia meonista”, a quien acusan de “hablar de pico” por plantear que las estadísticas han subido en los últimos meses, acusando a sus dirigentes de venderle a la gente “espejitos de colores” para combatir la ola de delitos.

Como contrapartida, Juan Fiorini, secretario de Gestión y Modernización municipal y primer candidato a senador por Cambiemos, manifestó semanas atrás que “hablar de inseguridad y de estadísticas cuando siguen habiendo hechos es muy difícil porque cada hecho no queremos que exista y hay que trabajarlo, pero hoy en Junín la inseguridad comenzó a bajar y no solo eso, sino que es uno de los distritos con menos inseguridad a nivel provincial”.

Así las cosas, la campaña electoral “por los porotos” promete salvajismo, quizás con un nivel más elevado de antagonismo y de rivalidad futbolera que de combate ideológico. O de ambos.

En rigor, temas como el de la inseguridad son peligrosos de abordar porque, como afirmaba un jefe policial local, “nadie tiene la bala de plata para matar al lobo de la inseguridad”. Aunque la frase trace una sonrisa, algo de lógica y sentido tiene.

Ni los de ahora ni los de antes, tampoco los que vendrán podrán erradicar la máquina del delito, que no desacelera porque no depende de una cámara de seguridad o de más efectivos y patrulleros: no es cuestión de números. Es una política de estado, de inclusión, de largo plazo, de igualdad de oportunidades, de recuperar valores sociales.

Mientras tanto, seguiremos hablando de inseguridad y política, pero no de políticas públicas. De política partidaria, de la que intenta juntar votos y titulares en los medios, pero que no aporta soluciones de fondo. 

En un país donde los oficialismos acostumbran a atribuir al sensacionalismo mediático y la demagogia de la oposición la obsesión ciudadana por el tema de la inseguridad, los propios gobernantes deben dejar de ser meros cronistas de hechos policiales y decidirse a estar un paso adelante en el trazado de políticas públicas.