La Intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), lejos de poner en rumbo el barco, no hizo más que multiplicar las irregularidades pero castigando al personal: además de recortar y dejar en la calle a miles trabajadores, a los que siguen en función los atropella con maltratos y sueldos miserables, según las últimas denuncias formuladas.

En rigor, la voz de alerta fue en relación al sistema horario: “Desde hace poco más de 6 meses, hacemos un servicio de 24 por 72 horas, con 60 horas plus mensuales para aquel que está en vigilancia y de 30 horas plus mensuales  para aquel que está en guardia armada; con control horario de 192 horas mensuales, pero al no llegar a cubrir la totalidad de las horas, el efectivo sufre importantes descuentos”, explicó un penitenciario platense que no quiso dar a conocer su identidad por miedo a represalias.

¿Por qué no llegan a cubrir las 192 horas mensuales? El servicio abre el 20 de cada mes y cierra el 20 del mes siguiente, lo que representa 30 días, no 31. Eso genera que exista un faltante de 24 horas en las 192 horas del jornal mensual: “Debemos recuperar esas horas como sea, de por si el sueldo es bajo y con el descuento se hace imposible llegar a fin de mes; para colmo, muchas veces, por algún error del personal que maneja las arcaicas planillas horarias, nos descuentan igual y no podes protestar porque te echan”, añadió el trabajador en diálogo con la agencia Nova.

¿Cómo hacer para evitar los descuentos? Obligado por un pésimo sistema, el efectivo penitenciario debe hacer 3 recargos mensuales de 8 horas, imposibilitando hacer horas extras para llevar algo de dinero a sus casa: “Es todo un armado de la nueva Jefatura de turno, así nos roban todos los meses”, sostuvo.

Sumado a ello, al tener el servicio nombrado con anterioridad, el efectivo no solo pierde plata del sueldo si no que al sacar la licencia anual (vacaciones), sufre el descuento total de las horas plus y un 10% aproximado del sueldo.

Al no tener sindicato y estar regidos por un Estatuto confeccionado durante la dictadura militar, los agentes están amordazados y perseguidos.

EMERGENCIA PENITENCIARIA

A partir de la Emergencia Penitenciaria,  la Provincia decidió remover a la cúpula de la institución y darle el mando a una Intervención civil, que cuenta con superpoderes y una libertad de accionar peligrosa (nadie la controla). Los encargados de mover los hilos del Servicio son el ministro de Justicia Gustavo Ferrari y el interventor Fernando Rozas. Pero lejos de mejorar la situación de las cárceles, la Emergencia Penitenciaria fue la excusa perfecta para llevar adelante una falsa purga, que tuvo más condimentos políticos que el verdadero objetivo de combatir las mafias enquistada en la fuerza.

Otro objetivo de esta decisión política de Cambiemos giró en torno al plan de ajuste aplicado en todo el territorio, donde el SPB no fue una excepción y el recorte no tuvo precedentes: 1300 familias en la calle, una ola de más de 6 mil sumarios y traslados arbitrarios por doquier, una especie de despido oculto.

El ministro de Justicia Ferrari no es ningún improvisado; desde el principio, supo que el SPB era un terreno muy fértil para denunciar corrupción heredada y achicar el personal: por un lado, históricamente, la institución carga con el estigma de los negociados ilegales y la presencia de ñoquis; por otro,  sus trabajadores son sumisos, amordazados por un Estatuto confeccionado durante la Dictadura Militar.

En este entramado, la gobernadora María Eugenia Vidal sacó un importante rédito político levantando la bandera de la transparencia -“limpiando el Servicio Penitenciario”- pero distintas investigaciones desenmascararon que la Intervención del SPB, de la mano del ex diputado denarvaista Fernando Rozas, multiplicó los hechos de corrupción, instaló mecanismos de gestión mafiosos, fabricó nuevos ñoquis con nombre y apellido, empeoró las condiciones del personal y dejó a las cárceles a la deriva.