Por: GABRIELA PEPE

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto, durante una represión llevada adelante por Gendarmería en la Pu Lof Resistencia Cushamen, ocupada por el Movimiento Autónomo Puel Mapu. Hasta allí había llegado el joven tatuador el día anterior desde El Bolsón, para apoyar a la comunidad mapuche en un corte de ruta para exigir la liberación del lonko Facundo Jones Huala. El corte se extendió cuando los miembros de la comunidad se enteraron de otras nueve detenciones ocurridas en Bariloche, durante una protesta por la misma causa.

Santiago pasó la noche del 31 de julio en una casilla construida con troncos, listones de madera y chapas, que funciona como puesto de vigilancia y está ubicado a unos 20 metros de la entrada de la Pu Lof, a la altura del kilómetro 1.840 de la ruta 40. Según relató la vocera de la comunidad mapuche, Soraya Maicoño, en la madrugada del 1 de agosto “la Gendarmería empezó a tirotear” el lugar.

En ese marco de tensión, los miembros de la comunidad volvieron a salir a la ruta. Cerca del mediodía, utilizando la figura de la flagrancia como justificación, los gendarmes ingresaron al predio. Horas antes, la fuerza había recibido “lineamientos” de cómo actuar en casos de flagrancia por parte del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. El funcionario, de extrema confianza de la ministra Patricia Bullrich, reconoció el hecho ante el diario La Nación. Pese a que estuvo en la zona y mantuvo reuniones con los jefes de las fuerzas de seguridad que tuvieron como eje las protestas mapuches, Noceti nunca fue citado a declarar por la Justicia y su celular nunca fue peritado.

Inmediatamente después de la represión, la comunidad mapuche denunció la desaparición de Maldonado. Según declararon, ante el ingreso de Gendarmería, los integrantes de la comunidad corrieron hacia la zona del río. Entre corridas y tiros, relataron, escucharon que un agente de la fuerza gritó “tenemos a uno”. Luego, dijeron los testigos, acercaron una camioneta de la Gendarmería, abrieron las puertas traseras y cargaron un cuerpo.

 La causa por “averiguación de paradero” quedó a cargo del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y de la fiscal Silvina Ávila. Ya el 4 de agosto, Sergio Maldonado, hermano del joven, asistía a una audiencia ante el juzgado federal de Esquel, donde Gendarmería debía presentar un informe sobre el operativo, aunque no lo hizo.

Al día siguiente, el juez ordenó el primer rastrillaje en el río Chubut. Una semana después, el magistrado allanaba los escuadrones de Gendarmería en El Bolsón y Esquel. Durante el operativo, se encontraron cabellos y una soga. El defensor oficial de Esquel, Fernando Machado, denunció que las camionetas que la fuerza utilizó en el operativo ya habían sido lavadas. 

 Para fin de mes, sin rastros del joven, el juez hizo lugar al pedido de la fiscal y cambió la carátula de la causa a “desaparición forzada”. El Ministerio de Seguridad cerró filas en defensa de Gendarmería. La ministra Bullrich puso en duda que Maldonado hubiera estado ese día en la Pu Lof y dijo que no iba “a tirar gendarmes por la ventana”. “Tengo una fuerte convicción de que la Gendarmería no fue”, dijo.

Ya con el cambio de carátula, los miembros de las fuerzas de seguridad que declararon ante el juez Otranto reconocieron que, el día de la represión, llegaron hasta la vera del río Chubut, repitieron que vieron a “los encapuchados” cruzar el curso de agua hasta quedar del otro lado del río. Antes, en el marco de la investigación interna de la fuerza, el gendarme Neri Armando Robledo había reconocido que le había pegado un piedrazo a una persona que estaba “a unos 30 metros” y que cruzó a la otra orilla, desde donde lo insultó. Después, fuentes de Gendarmería relativizaron la versión. “Un piedrazo no tiene ninguna relevancia”, le dijo a Letra P una fuente de la fuerza en Esquel a mediados de septiembre.

 Del peritaje que realizó la Policía Federal sobre los celulares secuestrados a los agentes de Gendarmería surgieron otros datos: que durante la represión también se utilizaron armas y que hubo disparos contra los miembros de la comunidad. “Les dimos corchazos para que tengan”, dijo un gendarme en un mensaje de audio enviado a un superior.

En paralelo, se Introdujo la hipótesis de que Santiago podía haber sido herido por un puestero de la estancia Benetton, Evaristo Jones, durante un ataque supuestamente perpetrado por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) el 21 de julio. Según informó el diario Página 12, el encargado de insertar la versión en el expediente fue Gonzalo Cané, secretario coordinador con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad. Cané participó de las audiencias en las que Otranto les tomó declaración testimonial a los gendarmes. A principios de septiembre, la Justicia determinó que la persona herida por el puestero no era Maldonado.

El juez también siguió otras hipótesis y hasta ordenó allanar una peluquería en San Luis, luego de que una mujer dijera que le había cortado el pelo a un joven parecido a Santiago. Mientras, el Gobierno consultó a Chile si el cuerpo del joven estaba en alguna morgue del sur de ese país, un camionero decía haber llevado a Santiago a Entre Ríos, una pareja de fueguinos aseguraba que lo había levantado en su auto, cerca de Esquel y un supuesto "investigador" decía que el joven había "pasado a la clandestinidad" en solidaridad con la comunidad mapuche. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aseguró que "nadie" podía asegurar que Santiago Maldonado hubiera "estado en la zona de conflicto". Todo resultó ser falso.

En tanto, los integrantes de la comunidad mapuche mantuvieron su relato. El testigo Matias Santana declaró ante el juez Otranto el 5 de septiembre que vio cómo Gendarmería se llevaba a Maldonado. “Nosotros corrimos hacia el río. Yo fui a buscar un caballo que tenía a unos metros y cuando estaba subiendo escucho la voz de uno que dice ‘quedate quieto’. Subí, había tiros y pude ver a tres gendarmes que estaban golpeando un bulto celeste con negro. Reconozco que era Santiago porque yo ese día le presté mi campera celeste”, dijo Santana en septiembre ante Letra P. El joven mapuche también reconoció como cierto que los gendarmes arrojaron piedras. “Tiraron piedras y todo lo que tuvieron a mano. Tenían escopetas y los cartuchos se encontraron después cerca del río”, agregó.

Sin embargo, nada en la causa aportó datos para dar con el paradero de Maldonado. Los dos rastrillajes que ordenó el juez federal Otranto en el río Chubut fueron negativos, al igual que los peritajes que se realizaron sobre las camionetas de Gendarmería, donde se hallaron rastros de material genético no compatibles con el ADN de Maldonado.

Sin resultados, la investigación se empantanó y la familia y las querellas pusieron el foco de todos los cuestionamientos sobre la actuación del juez federal Otranto, que finalmente fue separado de la causa a fines de septiembre, por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La familia Maldonado había recusado al magistrado por pérdida de imparcialidad, mientras que el Centro de Estudios Legales y Sociales  (CELS), adujo “prejuzgamiento y enemistad manifiesta”.

En una entrevista con el diario La Nación, el 17 de septiembre, Otranto  dijo que “la hipótesis más verosímil” era que Santiago no hubiera “podido cruzar” el Río Chubut “ y se hubiera “ahogado, por las características del río”.

La causa recayó entonces en el juez federal Gustavo Lleral, que se reunió enseguida con la familia Maldonado. “Es muy comprometido y humano y más coherente en muchas cosas. No descarta nada y está abierto a todas las hipótesis”, valoró Sergio Maldonado tras el encuentro, que se extendió por tres horas y media.

A principios de octubre, el juez visitó la Pu Lof Resistencia Cushamen y le tomó declaración testimonial a dos de los integrantes de la comunidad mapuche, que mantuvieron su relato sobre el día de la desaparición de Maldonado.

El lunes 16, el magistrado aceptó un pedido de la fiscal Ávila para que realizara un nuevo rastrillaje en el río Chubut. El mismo día, Ávila le pidió a Lleral que peritara el celular de Noceti, a fin de determinar si el funcionario había filtrado información de la causa a la Gendarmería.

El operativo de rastrillaje comenzó el martes bien temprano por la mañana. Participaron buzos tácticos de Prefectura Naval y, por primera vez, ocho perros entrenados para detectar restos cadavéricos en el agua. En el mismo lugar que ya había sido inspeccionado en tres ocasiones, a pocos metros del puesto de vigilancia de la Pu Lof, apareció flotando el cuerpo de Santiago Maldonado.