En el marco de una causa que investiga una red de estafas contra el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), Marcelo López Mesa, Asesor General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, afirmó que además de las cinco empresas que han quedado bajo la lupa apuntadas como integrantes de una asociación ilícita existe la posibilidad de que existan otras implicadas, y dictaminó que se suspendan los pagos a las organizaciones investigadas.

Según López Mesa, la Asesoría fue convocada a dictaminar sobre el procedimiento administrativo a seguir en la causa. Fue en esta etapa investigativa que "surgieron serias dudas, avaladas por datos concretos, de que además de las cinco empresas que han sido públicamente nombradas, hay otras". 

En la causa se investiga un fraude millonario al IOMA. Hasta ahora eran 5 las empresas implicadas, pero sospechan de otras 5 que aún no están mencionadas en el expediente judicial, pero que ingresarán al juicio cuando lo solicite el fiscal Álvaro Garganta. De acuerdo a la información, este nuevo perjuicio supera los $ 650 millones y el total estaría ya en los $ 1.000 millones.

"Lo que hice fue pedir que además de sumario que hay que seguir contra las personas involucradas que son empleados y funcionarios del IOMA actualmente, Contra los ex funcionarios que se han comprobado irregularidades para que se acrediten en debida forma administrativamente, y que se avance en la investigación a ver si hay otra empresa", explicó López Mesa. 

FUNCIONARIOS DESPLAZADOS

Seis empleados y funcionarios del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), incluidos su director de Finanzas, fueron separados de sus cargos luego de que la Justicia platense los procesara y citara a indagatoria al encontrar pruebas de que integraban una asociación ilícita para cometer estafas por cientos de millones de pesos con trámites de internaciones domiciliaria.

La decisión fue tomada por el presidente del organismo, Carlos D’Abate, en forma preventiva. Pero, además, fue avalada por el directorio de IOMA, que también ordenó instruir sumario administrativo y de responsabilidad patrimonial.

Los apuntados por la Justicia que ahora fueron apartados de IOMA son el director de Finanzas de la obra social Diego Osvaldo Giovanetti, y otros cinco empleados del área de Internaciones Domiciliarias: Romero Pelayo Aner, María Cecilia Passo, María Soledad Cascallares, Sandra Sabbatini y María Celeste Celle.

INDAGATORIA

En total, son 18 los procesados en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Alvaro Garganta, que se inició por una denuncia impulsada por Elisa Carrió y por la Asociación y el Sindicato de Profesionales de IOMA que conduce Idelmar Seillant.

La lista la encabeza el ex presidente del organismo durante la gestión de Daniel Scioli Antonio La Scaleia y la integran empresarios titulares de las firmas prestadoras de internaciones domiciliaria, ex funcionarios e integrantes del directorio en representación de los gremios mayoritarios de la Provincia, UPCN y Suteba, también sospechados de participar de la red de estafas.

Todos están imputados por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”, “peculado de caudales” “fraude en perjuicio de la administración pública”, “uso de documento público falso” y “asociación ilícita”.

La maniobra investigada tenía como fin desviar fondos del organismo a través de módulos que se pagaban por internaciones domiciliarias que no se realizaban, con firmas notoriamente falsas de afiliados. En total, entre 2013 y 2015, este tipo de movimientos generó pérdidas al Estado por un monto de 650 millones de pesos, según estiman en la Justicia.

En ese marco, después del procesamiento ordenado por el fiscal Garganta, desde la presidencia de IOMA pidieron la intervención de la Asesoría General de Gobierno para resolver sobre la situación de los agentes involucrados en la causa y los contratos con las empresas prestadoras.

En el dictamen, el organismo de control no sólo aconseja la separación de los empleados sino también que se revea la situación de las firmas. “Las conclusiones” del auto de procesamiento firmado por el fiscal “resultan contundentes por sí para instar el procedimiento de investigación”, afirma el documento. “Si tales pruebas bastan para llevar adelante una causa penal, con mayor razón debe disponerse la formación de un sumario administrativo”, agrega el dictamen firmado por el Asesor General de Gobierno Marcelo López Mesa.

“Pero además -sigue- deben investigarse las metodologías sospechadas de delictuales para determinar si las empresas sindicadas como partícipes de diversos delitos contra la administración pública son las únicas involucradas o si ha habido otras”.