Por: Redacción Semanario

“Roban pero hacen”, “hay que pagar peaje”, “hay que asociarse a una empresa amiga del poder para que te adjudiquen una obra” y otros modismos para nombrar un grave delito: la corrupción. Lamentablemente, en Argentina es algo estructural, enquistado fundamentalmente en la articulación del sector público con el privado; y peor aún es un mal que parece naturalizado, aceptado, tolerable. Necesitamos un cambio cultural que genere un fuerte rechazo a los actos de corrupción y una pena ejemplificadora a los corruptos, porque el costo social de este delito se traduce en menos camas en los hospitales, menos aulas en las escuelas y menos desarrollo para la comunidad.

La conformación estatal de los últimos años muestra una participación gubernamental cada vez más fuerte en actividades reguladas por el propio Estado. Sin embargo, los organismos de control correspondientes han ido en sentido contrario, debilitándose y hasta paralizándose en su funcionamiento.

Hay que enfrentar la corrupción con decisión política, con hechos e iniciativas. La justicia cumple un rol fundamental, debe investigar posibles hechos de corrupción y condenar con todo el rigor de la ley a aquellos que los cometan. A veces pareciera que las denuncias caen en saco roto o quedan cajoneadas a la espera del olvido, mientras la sociedad exige jueces independientes, imparciales y, sobre todo, rigurosos en el cumplimiento de la ley.

Un gobierno, cualquier gobierno, por acción u omisión, siempre es responsable de los hechos de corrupción. Para garantizar una gestión eficiente, transparente y honesta en el manejo de los recursos, se requieren mecanismos preventivos, disuasorios y sancionatorios de la corrupción; imposibles de pensarlos sin la intervención oportuna e independiente de los organismos de control, y de la decisión política de denunciarlos y condenarlos con todas las fuerzas.

Los hechos de corrupción suceden en ámbitos secretos. Esta es la principal razón por la cual es muy difícil, sino imposible, medir sus costos con precisión. Para enterarnos de estos hechos debemos incentivar que aquellos que participan o los conocen lo cuenten. Y para evitar esa opacidad debemos echar luz sobre toda estructura estatal o procedimiento que sea permeable a la corrupción, desde pequeñas coimas hasta grandes negociados.

Es necesario identificar cuáles son aquellas prácticas que generan y propician la corrupción por su falta de visibilidad, estructura monopólica, ausencia de controles o permeabilidad a los conflictos de intereses.

La transparencia y la prevención de la corrupción deben ser un componente central en todas las políticas de Estado, en lugar de estar circunscriptas solo a un órgano y a la buena voluntad de los responsables de contadas áreas de la administración.

El protagonismo de esas políticas, además, debe ser compartido con la sociedad civil e involucrar al sector privado, que no es un mero espectador o perjudicado por la corrupción sino que también es protagonista de su concreción.

Como comunidad, tenemos la responsabilidad de luchar contra la corrupción y vencer a los corruptos, de lo contrario solo conseguiremos descreimiento, falta de participación e impunidad.