Junín. miércoles 13 de diciembre de 2017
Semanario de Junín » Opinión » 27 nov 2017

COLUMNA DE EDUCACION

Crónica del vaciamiento educativo


Por:
MIGUEL MANCUSO

El sistema educativo argentino es una maquinaria lenta y perezosa que se encuentra en estado crítico, pero no por la estructura del Ministerio de Educación de la Nación.

Los problemas educativos están en otro lado: en las paredes descascaradas, en el destrato a los docentes, en los sueldos indignantes, en la acumulación de funciones de la escuela frente a emergencias sociales de las que nadie se hace cargo.

Frente a ese incendio, cuando Esteban Bullrich llegó a Pizzurno, lo hizo con las manos vacías de explicaciones: sólo llevaba en sus manos un bidón de nafta.

Fue designado en el Ministerio de Educación de la Nación como “premio” a una trayectoria, en la ciudad de Buenos Aires, donde había cumplido al pie de la letra las instrucciones que demandaba el puesto de Ministro PRO en esa jurisdicción: hacer la plancha sobre el sistema público, aplicar el laissez faire a la tendencia previa de la privatización de la matrícula, operar mediante micro recortes y, fundamentalmente, mantener una buena relación con las cúpulas del sindicalismo docente. El resultado fue una baja conflictividad gremial, y la destrucción lenta y sostenida del sistema educativo público. En un distrito donde las clases medias y altas tienen garantizadas sus trayectorias educativas en escuelas privadas y públicas de elite, el resto de los establecimientos de gestión estatal quedaron para los excluidos del sistema, primeras generaciones en ingresar a él, y poco habituados a los mecanismos de participación y demanda institucional en las escuelas.

El Ministerio de Educación de la Nación estaba sin escuelas, de manera que no paga salarios docentes ni realiza mantenimiento edilicio ni resuelve cuestiones ligadas a los marcos laborales.

Durante los últimos 20 años, y luego de la transferencia de todas las escuelas a las órbitas de las provincias y la CABA, el Ministerio de Educación de la Nación articuló una serie de programas tales como CAJ (Centros de Actividades Juveniles), CAI (Centros de Actividades Infantiles), Mesas Socioeducativas, Ajedrez Educativo, Coros y Orquestas, Educación Solidaria, Parlamento Juvenil del Mercosur,  Desarrollo Infantil, Becas escolares y otras dentro de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, además de los Planes Nacionales de Lectura y Matemáticas para Todos y los más publicitados Programa Conectar Igualdad y Plan FinEs, entre otros. Programas directamente pensados para atacar la inclusión educativa, luego de la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006, y la consiguiente extensión de la obligatoriedad desde la sala de 4 en el nivel inicial hasta el fin del nivel medio.

Esto, sumado a que la Asignación Universal por Hijo ponía como condición para cobrar el estipendio la escolaridad del menor, impulsó el ingreso a la escuela de sectores sociales hasta entonces marginados. La gran mayoría de estas iniciativas se dieron durante el kirchnerismo, como una forma de darle entidad a una agencia estatal cuya existencia parecía, para fines de los 90, superflua.

Por otro lado, se crearon el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), que tiene por objeto articular y coordinar las políticas para la formación de maestros y profesores que  están en manos de cada jurisdicción; el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), con funciones similares al INFoD pero para esa área en particular; y la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa(DiNIEE), que recopila datos sensibles sobre el sistema en todo el país para la planificación estatal de políticas y la investigación.

Esteban Bullrich, de esta manera, tuvo un recorrido durante su gestión porteña que –en los términos del PRO– podría calificarse como “exitoso”, pero que poco tenía que ver con el tipo de trabajo de la cartera nacional. Y se vio en una disyuntiva: ¿cómo encarar la pomposa “Revolución educativa” con que recorrió los programas de TV? ¿Y qué hizo? Llenar el Ministerio de CEO’s y cuadros del Opus Dei…

Buena parte del gabinete asumido desde diciembre de 2015 proviene de la gestión en la CABA. Por otro lado, se designó a gerentes de empresas privadas sin ninguna vinculación con el mundo educativo para áreas críticas.

No hay dudas que la política educativa nacional macrista se basa en una mezcla del paradigma del Estado subsidiario –no actor central, como lo fue durante la vigencia de la Ley 1.420, sino como actor asignador de subsidios a entidades privadas, fundamentalmente la Iglesia católica– y la introducción de nuevos actores de la sociedad civil –concretamente: las ONG– para utilizar su mano de obra precarizada y tercerizada.

De esta forma, la presencia de actores directamente vinculados a la jerarquía católica –el mismo Esteban Bullrich es uno de los canales privilegiados entre el gobierno nacional y el Vaticano– y el mundo empresarial –financiador de las ONG a través de iniciativas de la llamada “Responsabilidad Social Empresaria”, que licúa cargas impositivas– cuadra perfectamente con un modelo educativo mucho más cerca de las lógicas mercantiles –reducción presupuestaria, delegación de deberes estatales a agentes privados privilegiados– que de las políticas.

Pero nuevamente, con estos gerentes que ofician de generales de la educación, ¿cómo llevar este proyecto adelante, con la estructura estatal más poderosa que heredó la Alianza Cambiemos del kirchnerismo en el Ministerio de Educación de la Nación?

Bullrich decidió desarticular lo construido previamente mediante tres estrategias combinadas: la no renovación de contratos (uno de los errores garrafales del kirchnerismo, en términos de burocracia estatal, fue la precariedad de las contrataciones, que dio pie a esta variable de ajuste), el desplazamiento y “refuncionalización” de agentes estables –eufemismo para la no asignación de tareas– y la transferencia de los programas nacionales a las jurisdicciones provinciales, que decidirán o no si continúan con ellos en base a su disponibilidad presupuestaria y a la voluntad que tengan para desarrollarlos. Los programas nacionales –en el caso de que las jurisdicciones los acepten– están sujetos a resoluciones anuales del ministerio que, en un contexto de despidos y vaciamiento, no parece un escenario demasiado sólido para su continuidad.

Y el Sr., con “cara de nada”, en poco tiempo arrasó con todo. Y ahora se fue al Senado, cargo que logró sin hablar, al mejor estilo “el mudito”. Ya cumplió su papel piromaníaco.

¿Qué sentido tienen los despidos y el destrato a los trabajadores del Ministerio? ¿Y el cierre de programas que pueden significar, lisa y llanamente, la diferencia entre inclusión y exclusión educativa para miles de personas en las zonas más pobres del país? ¿Cuál es el rumbo, quién asesora a un Ministerio que sólo se ha dedicado a destruir lo que se había logrado construir con paciencia de orfebrería política? ¿Gustavo Iaies? ¿El think tank CIPPEC cuyo ex presidente, Eduardo Levy Yeyati, se desempeña ahora como el “narrador” del relato macrista con fondos públicos? ¿Hacia dónde va a ir el 6% del PBI garantizado para el sistema educativo, licuando los programas nacionales? Preguntas que por ahora no tienen respuesta.

(*) Docente.

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