Funcionarios del PAMI fueron procesados por administración fraudulenta, según dispuso el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata. Se investiga una maniobra tendiente a defraudar al Estado a través de la contratación de una sociedad falsa para brindar presuntos servicios odontológicos.

El juez dictó auto de procesamiento contra un grupo de personas al corroborarse la conformación de una administración fraudulenta entre los integrantes de una sociedad falsa o “fantasma” cuyo objeto era la prestación de servicios odontológicos y funcionarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Entre los procesados, figura la exconcejal y funcionaria Alejandra Urdampilleta, quien era responsable de la delegación regional del PAMI.

Según información publicada por 0223, la investigación determinó la configuración de una maniobra tendiente a defraudar al Estado a través de la creación de una sociedad falsa, denominada Integradora del Sudeste SRL (integrada por personas fallecidas o prestanombres) quien contrató de hecho y de manera irregular por un período prolongado de tiempo, por lo menos desde el 2005 al 2008, con el INSSJP a los efectos de brindar presuntos servicios odontológicos cuya prestación generó un perjuicio patrimonial para las arcas del organismo estatal.

Dicha maniobra conllevó a no controlar las prestaciones que se hacían para facturar prestaciones no realizadas o realizadas por personal médico no autorizado. En ese contexto, esta sociedad falsa presentaba al cobro ante el INSSJP expedientes relacionados con presuntos servicios odontológicos prestados, con firmas de personas inexistentes o fallecidas provocando un perjuicio patrimonial en las arcas del citado organismo.

Urdampilleta, quien era entonces la directora a cargo de la Unidad de Gestión Local XI de Mar del Plata, fue procesada al igual que los auditores del organismo y a los responsables de la empresa cuestionada. A su vez, a todos se les dictó un embargo de un millón de pesos.

Por último, también se dictó auto de procesamiento respecto a un escribano, por el delito de falsedad ideológica, a quien se le decretó un embargo por la suma de 50 mil pesos.