“La servilleta de Corach”. La expresión se hizo famosa en los años ‘90 y pintó de cuerpo entero el entramado entre el poder judicial y el poder político.

Corría el año 1996 cuando el ex ministro de economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, relató tras renunciar a su cargo que su ex par en el gabinete, Carlos Corach, había anotado en una servilleta los nombres de los jueces federales que respondían al presidente.

Para todo servicio, esos magistrados garantizaban la impunidad de funcionarios corruptos de la fiesta menemista, contrabandistas y evasores.

Entre esos nombres de la servilleta estaba, por supuesto, el de Claudio Bonadio, quien había sido nombrado juez, en 1994, por Menem.

En las más de dos décadas que siguieron a ese escándalo, Bonadio no solo continuó en su cargo sino que siguió haciendo de las suyas hasta convertirse en el juez más cuestionado después de Norberto Oyarbide. De los magistrados en actividad, es el que más denuncias recibió en el Consejo de la Magistratura, organismo que tiene una particular capacidad para desestimarlas.

Este Consejo, creado con la Constitución del “Pacto de Olivos”, está compuesto por una mayoría de jueces, diputados y senadores nacionales, y en menor medida por un académico, dos abogados y un representante del Poder Ejecutivo nacional. El organismo hace un manejo arbitrario y a conveniencia no solo de los nombramientos de los jueces sino también de los tiempos de los casos disciplinarios para condicionar el accionar de los magistrados o bien protegerlos, según el caso.

Bonadío le debe una parte no menor de su sobrevida en el Poder Judicial a Miguel Ángel Pichetto, quien en 2005 presentó un dictamen que evitó que prospere un juicio político contra él en el Consejo de la Magistratura.

Durante el kirchnerismo, Bonadio prestó algunos servicios no desestimables al matrimonio presidencial K, tales como el sobreseimiento de los secretarios Isidro Bouniney y Daniel Álvarez en en causas por enriquecimiento ilícito o en los expedientes contra Guillermo Moreno por “hostigamiento” contra el Grupo Clarín.

Sin embargo, mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces. Muy “sensible” a los poderes de turno, el poder judicial se acomoda rápidamente a los tiempos. Bonadio, en particular, tiene una desarrollada habilidad para procesar a funcionarios de los gobiernos pasados.

El “timing” del magistrado judicializando una decisión política como fue el memorándum con Irán, procediendo a detenciones arbitrarias, y pidiendo desaforar a una senadora electa por el voto popular por una causa floja de papeles, coincide con un hecho clave de la política exterior norteamericana, como es el anuncio de la mudanza de su embajada en Israel a Jesusalem, así como con las dificultades del macrismo (sea por orden del Gobierno o no) por la crisis del submarino Ara San Juan o la necesidad de hacer aprobar las reformas previsional, laboral y fiscal en el Congreso Nacional.

En la misma sintonía, no extraña de un Poder Judicial que se acomoda, que al mismo tiempo no avancen las causas contra funcionarios macristas o el mismo presidente, tales como las relacionadas con Odebrecht o Panama Papers.

Esta facilidad del Poder Judicial para acomodarse a los poderes de turno es convenientemente “incentivada” por sueldos superiores a los $ 300.000, “carpetazos” con servicios de inteligencia de por medio para extorsionar, o mediante la incidencia del Poder Ejecutivo y los partidos en el nombramiento y destitución de jueces.

De los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el único que no se elige por el voto popular. La Corte Suprema es la culminación de estos privilegios: integrantes vitalicios, abultadísimos sueldos intangibles que no pagan impuesto a las ganancias, elegidos por el presidente de turno con acuerdo del Senado.

Este año, la Corte se “distinguió” por la resolución del 2x1 a los genocidas, que concitó un amplio repudio. Pero no fue un fallo aislado. Desde el Poder Judicial se viene sosteniendo desde hace décadas la impunidad de los represores, la entrega nacional en los ‘90, las privatizaciones, los ataques a los derechos conquistados, los tarifazos o, más recientemente, el ataque feroz contra la clase pasiva.