Junín. domingo 21 de enero de 2018
Semanario de Junín » Locales » 8 ene 2018

ETCHECOLATZ NO ES EL ÚNICO

Lesa humanidad: de los siete condenados en Junín, tres gozan de ‘prisión domiciliaria’

Se trata de Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Abel Oscar Bracken. Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad arrojó datos escalofriantes: 549 condenados se encuentran en arresto domiciliario.


Por:
Redacción Semanario

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) emitió un documento sobre el estado de los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Las cifras que arroja son alarmantes.

De acuerdo con la investigación, “a diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido; 499, antes de ser sentenciadas, y 100, luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la Justicia”.

A esto se suma que “549 -de los condenados- se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, al tiempo que hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad”.

En otras palabras, en este momento hay más imputados libres que detenidos y más genocidas con arresto domiciliario que en cárceles comunes.

Los datos salieron a la luz después de que la Justicia dictara la reclusión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, quien ahora se encuentra en su casa de Mar del Plata custodiado por su esposa. Emblema del genocidio, el ex policía fue mano derecha de Ramón Camps durante la dictadura y está sospechado de orquestar la segunda desaparición de Julio López.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Oral N°6, que recientemente benefició con unas “vacaciones” en Mar de Ajó a otro genocida. Se trata de Norberto Bianco, quien participó del robo de bebés.

El informe de la Procuraduría también determinó que el pasado año fueron absueltos 36 imputados y que 593 causas se encuentran en trámite. Además, indicó que las causas duran un promedio de cinco años y que “la instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF”. En este sentido, los firmantes hablan de “cuellos de botella” a lo largo de los procesos que entorpecen las condenas.

CAUSA JUNIN

Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Abel Oscar Bracken fueron beneficiados en los últimos años con la prisión domiciliaria. De los siete condenados en 2015, solo siguen detenidos Angel José Gómez Pola y Julio Ángel Esterlich. Los otros dos represores, Aldo Chiachietta y Edgardo Mastandrea, murieron.

 Abel Oscar Bracken.

El 18 de febrero de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, condenó a los siete acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Junín durante la última dictadura cívico-militar. El ex titular de la Comisaría 1ª, Abel Oscar Bracken, y el ex jefe del área militar 131, Ángel José Gómez Pola, recibieron prisión perpetua, mientras que el ex oficial de inteligencia policial Francisco Silvio Manzanares y el ex médico policial Aldo Antonio Chiachietta (fallecido) fueron condenados a 25 años de prisión.

Las penas impuestas por el tribunal, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez, se completaron con 18 años de prisión para los ex oficiales Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich, y de 15 años de prisión para el ex oficial Edgardo Mastandrea (murió en la cárcel el 27 de julio 2016).

A casi tres años del histórico juicio, que fue celebrado en el Salón de la Democracia Argentina de la UNNOBA, la justicia le otorgó –en febrero del años pasado- el beneficio de la prisión domiciliaria al ex policía Abel Oscar Bracken, nacido el 12 de diciembre de 1937 en Los Toldos (Viamonte). Los otros dos represores condenados en Junín al que se les brindó esa posibilidad fueron Silvio Manzanares (octubre 2016) y Miguel Ángel Almirón (marzo 2016).

Bracken, quien fuera titular de la Comisaría 1ª de Junín entre el 1 de enero y el 23 de junio de 1976, se encuentra en su domicilio de la ciudad de Lincoln, gozando del beneficio constitucional.

EL CASO MANZANARES

La prisión domiciliaria que beneficia a Francisco Silvio Manzanares fue otorgada en 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata N° 1, conformado por los jueces subrogantes Germán Castelli y Alejandro Esmoris, y la secretaria de Cámara María Noelia Bauzá, tras el pedido de los Defensores Públicos Oficiales de Manzanares, Gastón Barreiro y Yanina Franchiotti, quienes sustentaron que el estado de salud del ex comisario, de 74 años, era “delicado, lo cual lo pondría en una situación de vulnerabilidad que encuadraría en la norma descrita por el inciso ‘a’ del art. 32 de la ley 24.660, modificada por ley 26.472”.

La medida fue apelada a Casación por los fiscales Hernán Shapiro y Martín Nogueira, al considerar que la edad de Manzanares no era en sí misma “un argumento para otorgar la prisión domiciliaria sino que es una facultad  de los jueces sujeta a evaluación de otros elementos contenidos en el artículo 32 de la ley 24.660 (fs. 222)”.

El ex comisario de la Policía Bonaerense está cumpliendo la condena a 25 años de prisión en un domicilio del Barrio Belgrano de Junín.

CAUSA JUNIN II

A diez años del comienzo de los primeros juicios orales de lesa humanidad, reactivados luego del período de impunidad de las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos de Menem, Oscar Farías, ex director municipal de Derechos Humanos, manifestó su satisfacción por la decisión de la Cámara Federal de localizar en Junín el proceso judicial contra los civiles locales que colaboraron con el plan de represión y terrorismo de estado que instauró la última dictadura militar en el país entre los años 1976 y 1983.

Compartimos parte de la entrevista publicada por Semanario a principios de diciembre 2017.

-¿Qué novedades hay sobre la causa residual de Junín?

-De los Juicios por la Verdad había quedado una causa residual con los testimonios de las últimas audiencias, y se conformó una causa en el Juzgado Federal. El juez Héctor Pedro Plou armó otra causa nueva, las dos fueron a la Cámara Capital y a La Plata, en un hecho acertado porque cuando nosotros presentamos la denuncia en el 2007 él sentó jurisprudencia.

El año pasado hicimos contacto con algunos abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, pero después no los vimos más; con la fiscal tenemos relación más fluida cada vez que hay un nuevo testimonio. Estamos haciendo un trabajo silencioso, acercando elementos probatorios para que se investigue. También se analiza la exhumación de victimas de aquella época.

-¿La investigación se centra solo en la participación de civiles en la dictadura o también sobre otros actores?

-Se está investigando la complicidad de civiles, grupos de tareas, integrantes de fuerzas de seguridad que participaron... Todos estos no fueron juzgados en el juicio anterior, y queremos hacerlo ahora, aunque no sabemos el tiempo que nos llevará.

Criticamos y nos preocupa la tardanza en los tiempos, para resolver determinadas cosas, y los derechos humanos son siempre una herida pendiente, hay que reparar. Hay que estar orgullosos de estar en un estado democrático y de derecho, que juzgue el estado represor, delincuentes que usurparon el poder. Deben estar presos en cárceles comunes, sin los beneficios que se dieron a detenidos en Junín.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL SÁBADO 06 DE ENERO 2018    

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