La Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) se encuentra bajo la lupa por la participación de hombres ligados al titular de la seccional Buenos Aires, Carlos Quintana, en el directorio del IOMA, sospechados por conformar empresas implicadas en el pago de sobreprecios y malas prestaciones en los servicios de salud.

La administración de la obra social es investigada por la Justicia, tras casi 30 denuncias presentadas por el Sindicato Único de Profesionales, Técnicos y Trabajadores del IOMA por la compra directa de servicios irregulares.

Uno de los implicados es Luis Pérez, vocal del directorio de IOMA, procesado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 de La Plata. "Existiría una relación directa y unánime entre las denuncias de los afiliados, trabajadores y auditores, al identificar como presuntos responsables a quienes sostienen desde hace ocho años estas asociaciones irregulares", dice una de las denuncias.

Otro es el caso de la empresa de prestaciones domiciliarias Hestia SRL, de Junín, que "estaría constituida por personas interpuestas, testaferros y familiares de Eugenio Pirani, jefe del Departamento de la Región Junín de IOMA y secretario gremial zonal de UPCN en la provincia de Buenos Aires, designado por Quintana", según la denuncia.

Quintana integró el directorio de IOMA a principios de los años 90 y en ese entonces se aprobaron las compras para las empresas hoy denunciadas, como Continunm, Hestia y Juntos en Casa, vinculadas a los servicios de las internaciones domiciliarias fraudulentas.

En una de las denuncias se expone que "un servicio de internación domiciliaria completo no debería exceder de $20.000 mensuales por afiliado", incluyendo internación geriátrica con atención médica y de enfermería, cuidados adicionales y provisión de cuatro comidas diarias. Pero consta que una empresa de servicios de salud facturó por la internación de una afiliada $165.671,20 por el mes de junio de 2016. Se incrementó entre seis y diez veces el importe de referencia.

La causa detalla, además, que frente a la falta de una auditoría administrativa contable y control de gestión para evitar irregularidades en los pagos, coexisten en el circuito de facturación ocho sistemas de computación distintos.

Las causas judiciales evidencian asociaciones y enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en la prestación de servicios de tratamientos oncológicos a afiliados fallecidos, internaciones domiciliarias pagadas y no efectuadas, compras con sobreprecio, pagos de recetas falsas prescribiendo medicamentos de alto valor, desvíos de fondos para la campaña presidencial del exgobernador Daniel Scioli y otras irregularidades.

Creada hace 58 años, IOMA es la prestadora de servicios de salud para los empleados públicos bonaerenses y se constituyó en una de las cajas negras del territorio de la provincia. Brinda cobertura a 1.908.013 afiliados obligatorios y beneficiarios voluntarios, entre los cuales existen más de 3000 damnificados directos y una pérdida de más de $2000 millones, según las denuncias desde 2011.