Junín. miércoles 15 de agosto de 2018
Semanario de Junín » Locales » 29 ene 2018

Mega emprendimiento

Otro gran negocio inmobiliario en la ciudad ‘viciado de origen’


Por:
Redacción Semanario

Lo que se anunció como un hecho positivo para la ciudad -la construcción de 815 viviendas- ¿viene de la mano de normas urbanísticas ignoradas a favor del gran dios del bolsillo?

A fines de noviembre, en los medios locales surgió la noticia de nuevos techos para Junín, una más que imperiosa necesidad. Pero… nada es tan sencillo ni tiene como trasfondo un mandato de solidaridad con el prójimo.

La historia se remonta al año 2011, cuando representantes de la empresa Molinos Tassara se apersonaron para hablar con el entonces intendente Mario Andrés Meoni, a los efectos de recabar información sobre las potencialidades de unos terrenos ubicados en las inmediaciones de la empresa harinera, para la realización de emprendimientos inmobiliarios.

Después de esa presentación, los interesados fueron derivados con la entonces directora de Planeamiento, Laura Franco. Viendo el negocio en ciernes, les aconsejó presentar un proyecto urbanístico, que ella podría encuadrar en las figuras de: zona degradada de interés municipal para su recuperación y a través de un convenio, multiplicar por dos a tres veces todos los indicadores urbanísticos (factor de ocupación total, altura de edificios, densidad poblacional etc.), establecidos en el Código Urbano Ambiental.

Molinos Tassara obró en consecuencia y presentó un proyecto para lo cual contrató a arquitectos urbanistas, especializados en borrar con el codo lo que escriben (o dibujan) con la mano.

Por esa misma época, todas las miradas se posaron sobre una ordenanza que el Concejo Deliberante aprobó, modificando los indicadores urbanísticos sobre el terreno donde se encuentra la actual terminal de ómnibus, propiedad en este caso del municipio, con el objeto de obtener un mayor precio del que realmente valía entonces ese predio.

Este intento meonista desató furiosas críticas que siguen vigentes hasta hoy, cuando se habla del frustrado ‘canje’ por la terminal. Hasta algunos abogados presentaron demandas judiciales y los nuevos indicadores no fueron aprobados por el Gobierno provincial, por lo cual el ex intendente Meoni se vio obligado a derogar la ordenanza.

Así fue como se resolvió, a través de la norma local 6344, del 8 de julio de 2013, que específicamente en su artículo 72 dice: "... Para todos los demás supuestos y efectos. inclusive situaciones reguladas por disposiciones municipales de carácter general, particular, actos y situaciones jurídicas existentes o que se encuentren en trámite de sustanciación, ratificase la plena vigencia de los indicadores urbanísticos que regulan la ocupación del suelo en términos de intensidad máxima admitida para cada zona. A saber: Densidad Poblacional Bruta, Densidad Poblacional Neta, Factor de Ocupación del Suelo FOS y Factor Ocupacional Total FOT, establecidos en el Código Urbano Ambiental para el partido de Junín, Ordenanza 4516/03”.

NEGOCIO CAÍDO

Así presentada la cuestión, era imposible dar curso a la presentación de Tassara, que también requería de modificaciones de los indicadores.

Por ello, la arquitecta Franco archivó la cuestión para esperar el momento oportuno, que llegó con el paso del tiempo y en otro gobierno municipal, una vez alejado su amigo Mario.

Pero ahora la idea fue reflotada por Lartirigoyen y Cia., la compañía que se hizo cargo del histórico molino local fundado en 1896 por los hermanos inmigrantes Fortunato, Ernesto y Héctor Tassara. Claro que los nuevos dueños, avezados empresarios, no desconocían que en estos codiciados terrenos ubicados en inmediaciones a la zona de Uruguay y Alberdi, frente al cementerio Central, no se podían construir 815 viviendas privadas.

Además, por la magnitud del negocio, era casi imposible comercializar las unidades en un tiempo prudencial para justificar la inversión, por lo que se abocaron a la tarea de conseguir indicadores urbanísticos únicos para que en el mediano plazo, los terrenos quedaran libres por la propia obsolescencia de lo allí instalado, y de este modo armar un gigantesco negocio inmobiliario con la venta del predio.

Según se estima, hoy tendrían un precio de mercado de 8 millones de dólares, pero una vez cambiados esos índices –que permitirían la construcción de unidades habitacionales- duplicarían su valor, que se elevaría a la friolera de 16 millones de dólares.

APOYO SUPERIOR

Al parecer, en esta ocasión y lejos del escandalete que significó el tema terminal de ómnibus, la arquitecta Franco contaría con el apoyo de, al menos, el secretario de Obras Públicas, Diego Frittayón.

El mismo funcionario fue el encargado de anunciar el megaemprendimiento, así como al pasar y una vez pasadas las elecciones de octubre. La idea es poner en escena el proyecto, para luego pasar a difundir los múltiples y retorcidos argumentos tendientes a justificar una construcción de dimensiones extraordinarias en ese terreno, que hoy la ordenanza no permitiría.

Este negociado sólo beneficiaría a manos privadas. Muy lejos está de suceder lo mismo con el municipio y la población aledaña.

IMPACTO AMBIENTAL

De construirse semejante monstruo para albergar 815 departamentos, el impacto ambiental sería colosal. En tan solo tres manzanas, se erigirían 40 edificios: diez torres de diez pisos y treinta de cinco pisos. Serían alrededor de 3300 personas alojadas y no menos de mil vehículos.

Actualmente, sin excepciones, en una superficie de alrededor de 17 mil metros cuadrados se admitiría la construcción en 26.500 metros cuadrados, y de prosperar la iniciativa avalada desde el Gobierno municipal, pasarían a ser casi 58.500. Con esto, la densidad habitacional pasaría de los 500 habitantes por cada 10 mil metros cuadrados a 1839.

En cuanto a la altura permitida, no podría exceder los 13 metros. Pero con los indicadores modificados, serían 9 construcciones de 26 metros (el doble), uno de 21 metros y otro de 15 metros.

El tiempo tiene la palabra…

 

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