Junín. miércoles 15 de agosto de 2018
Semanario de Junín » Locales » 1 feb 2018

Poder Judicial juninense

Ochoaizpuro, el fiscal más temido

La intrincada novela judicial de la ciudad: los pasos del funcionario judicial, el inesperado espaldarazo de Lisandro Benito a Mastrorilli y el primer ex intendente de la provincia, entre rejas. Las altas temperaturas de enero no ayudaron a poner paños fríos a la rosca que no para.


Por:
Redacción Semanario

Para ir por un ex jefe político K, por una vez el fiscal Javier Ochoaizpuro pudo tener las manos libres y el camino despejado. Así fue como sumó laureles a su carrera judicial y puso entre rejas al ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, junto a su hermano y otros tres ex funcionarios comunales durante su período de gobierno, acusado ni más ni menos que de 39 hechos ilícitos.

Pero no todo es tan color rosa en el Poder Judicial juninense, donde la transa y las negociaciones son moneda corriente, aún en medio de la feria de enero. Nadie descansa del todo, y la mayoría sigue operando, olas y arena de por medio.

Ahora quedó casi paralizado el tema del sucesor del fiscal general Juan Manuel Mastrorilli: vapuleado hasta por los fomentistas de la ciudad, cuestionado por colegas y vecinos, logra mantenerse desde fines del 2008 en el cargo, a pesar de tantas tormentas atravesadas. Este año quiere celebrar la década en el poder.

El mercedino supo conectarse con el poder político de turno para asegurarse un lugar: se cobijó bajo las alas del gobierno meonista y cultivó amistades especiales, como el rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, y el ex funcionario municipal y ex director de Grupo Servicios Junín, Damián Itoiz.

Lo tenía a mal traer una denuncia en su contra y de la fiscal Silvia Ermácora, por su (no) actuación en la causa seguida precisamente al ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, por delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones.

Pero, siempre astuto, supo ganarse la simpatía de un nuevo actor en esta guerra judicial: el presidente del Colegio de Abogados, Lisandro Benito. Con su habitual eficacia para la rosca, el abogado logró hacerlo zafar del juicio político y por eso, todo el peso recaerá nada más que sobre Ermácora, que deberá responsabilizarse sobre las maniobras detectadas.

GRAN OPERETA

A fuerza de varios llamados y exigiendo la devolución de algunos favores, Lisandro Benito le allanó el camino a Mastrorilli y le evitó el jury de enjuiciamiento. Hasta le sonó el teléfono en repetidas ocasiones al procurador general Julio Conte Grand, máximo responsable.

No puede saberse a ciencia cierta por qué el presidente del Colegio de Abogados optó por asumir la encendida defensa de un hombre tan cuestionado y vinculado al meonismo como Mastrorilli, pero seguramente habrá una o más explicaciones de fondo.

Amante eterno de la rosca política-judicial, integrante de la mesa chica de Cambiemos Junín y endulzador habitual de los oídos del intendente Pablo Petrecca, Benito también está abocado a definir quién se quedará con el cargo vacante que dejó Susana Beatriz Saldías, cuando se jubiló en octubre del 2015 y se despidió del Tribunal de Trabajo.

Sus preferidas son María Belén Franccioni, actual secretaria del organismo, y otra actual integrante del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del juez Juan Atilio Bazzani.

A pesar de querer figurar como ‘alejado’ de la política, Benito se está jugando su propio futuro. Este año se le termina el mandato en el Colegio de Abogados y seguramente está buscando un lugar para el 2019 en la Legislatura bonaerense o en el Congreso nacional, su sueño de siempre.

Por eso, a pesar de cosechar aliados, el abogado también es mirado con recelo, sobre todo por aquellos ‘petrequistas’ a ultranza, que defienden el derecho conquistado por el Intendente de ejercer a pleno el poder territorial. El ‘soldado de Vidal’ está siendo aventajado por el representante miguelista, al que le sobra cintura política para ir definiendo muñequitos en el complejo organigrama del poder.

AVANZA EL BOCHA

Por otra parte, los ojos que se posan sobre el fiscal Javier Ochoaizpuro ven que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. De su mano, Fernández se transformó en el primer ex intendente que cayó preso en la provincia de Buenos Aires, a pesar que muchos son investigados por distintas causas a través del Tribunal de Cuentas y de la misma Justicia.

Desde las altas esferas de la Provincia y en su propio entorno, la prisión de Fernández fue tomada como un gran éxito, aunque también consideran que “se metió preso solo”, por la cantidad de pruebas que dejó a la vista y hablan por sí mismas.

En la noche del jueves, mientras comía milanesas con los auditores de la Provincia, el Bocha se sintió un poco más relajado tras tres días de ardua labor. Había sumado otro laurel a su carrera que tiene una meta clara: la Fiscalía general.

LO QUE FALTA

El otro fierro caliente que lleva adelante Ochoaizpuro, las dos causas de la empresa de gas,  es lo que lo tiene preocupado, porque a nivel político hay mucho más en juego que una condena.

Acá avanza con pie de plomo, autorizado cada paso por la Procuraduría y sin las manos libres. Por eso, y por su amistad personal con algunos que podrían estar involucrados en el millonario desfalco en perjuicio de la empresa juninense, es que pasa el tiempo y no hay definiciones estridentes.

Por ahora, el ‘Bocha’ deberá conformarse con ir contra el ex gerente Vicente ‘Pollito’ Griselli, ante la aparición de nuevas pruebas que comprometerían su ya delicada situación. Estos hallazgos lo habilitarían para volver a pedir su detención, rogando que esta vez la definición no caiga sobre la jueza amiga del meonismo, Marisa Muñoz Sagesse, esposa del médico Tomás Campenni. Ya la vez anterior, en poco menos de 24 horas, denegó el pedido aunque ni siquiera había tenido tiempo de leer el frondoso expediente para pronunciarse.

Todas las miradas siguen al fiscal: y muchos aguardan el momento en que, al menos como testigo, se lo cite a declarar al ex Intendente Mario Meoni. Y al entonces titular de la empresa, Damián Itoiz. Los dos grandes titiriteros que por ahora, siguen amparados por la oscuridad. En casos como éste, se demuestra que la Justicia es verdaderamente ciega.

Jorge Fernández, entre rejas

La ‘década ganada’ se terminó para Jorge Fernández y no fue cuando Salvador Serenal le asestó el golpe mortal de arrebatarle la intendencia de Lincoln. Fue en la madrugada de hoy, cuando lo detuvieron en su casa ubicada sobre la Ruta 188, en ese distrito. Está imputado de 39 hechos ilícitos, todos relacionados con su función pública en la vecina localidad, sin contar con la causa sobre enriquecimiento ilícito que tanto dio que hablar y arrastró a otra funcionaria judicial del Departamento Judicial de Junín e incluso al fiscal general.

Además del ex intendente linqueño, también fueron detenidos distintos funcionarios de su gobierno: el ex contador municipal Walter Daniel Fernández; el ex secretario de Gobierno Mario Ruiz y la empleada de Tesorería Silvia Mazaitis. Estos dos últimos siguen siendo empleados municipales, por lo cual fueron apresados en el horario de tareas laborales. Por otra parte, la Justicia busca dar con el paradero del ex tesorero municipal Marcelo Roberto Porto, otro de los involucrados en las maniobras delictivas detectadas.

LOS DELITOS

La causa judicial que se lleva adelante es un desdoblamiento de otra investigación, efectuada en el curso del año 2017, como consecuencia de un informe del  Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, el cual advirtió la posible comisión de delitos de acción pública durante el ejercicio financiero del municipio de Lincoln del año 2011.

Las maniobras consistían en la utilización de falsos proveedores, a los cuales mediante la falsedad ideológica de instrumentos públicos (órdenes de compra, órdenes de pago, falsificación de endosos, entre otros), se les adjudicaba una inexistente provisión de bienes y con ello, se desviaba la contraprestación, la cual era percibida por empleados y funcionarios municipales.

Jorge Fernández, Walter Daniel Fernández y Mario Ruiz se encuentran  imputados en treinta y nueve hechos, y los restantes en un número menor, siendo el encuadre legal para todos ellos el de asociación ilícita, falsificación de instrumento público,  uso de instrumento público ideológicamente falso, y defraudación contra la administración pública, todos ellos en concurso real, en los términos de los artículos 210, 292, 296, 174, inc. 5to , 45 y 55 del Código Penal.

Además, los hermanos Fernández y Marcelo Porto son los protagonistas de otra causa que se les sigue por enriquecimiento ilícito.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL SÁBADO 27 DE ENERO 2018   

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