Junín. miércoles 21 de febrero de 2018
Semanario de Junín » Locales » 9 feb 2018

CORRUPCION EN LA OBRA SOCIAL

Causa Ioma Junín: doble juego

A pesar del ‘ruido’ que hizo hace casi dos años, la causa que investiga serias irregularidades en IOMA y que involucra –entre otros- a Eugenio “Lalo” Pirani, navega en un mar de incertidumbre. ¿El reto del procurador general Conte Grand al fiscal general Mastrorilli la salvará del naufragio?


Por:
Redacción Semanario

Se apostó al silencio y a lograr que la causa judicial cayera por inacción. De este modo, se compensaría el escarnio público que sufrieron los dirigentes gremiales del IOMA Junín por distintos ilícitos, pero en la práctica el canje de favores les evitaría la cárcel.

Hace ya casi dos años, afiliados y profesionales que prestan servicio a la obra social denunciaron irregularidades, por lo cual se terminó allanando la sede de Quintana y Avenida San Martín y la casa quinta del dirigente de UPCN denunciado, Eugenio “Lalo” Pirani, quien cumplía funciones como delegado y director regional.

Vaya a saber por qué raros misterios y contubernios, luego de estas difundidas acciones legales, la causa quedó totalmente paralizada. Fueron dos años en que las partes decidieron dejarla sin impulso, y así, este mes se caería definitivamente. Ante esto, no habría otra opción más que reincorporar a Pirani -aunque sin trabajar nunca dejó de cobrar el sueldo. Su abogado defensor, Darío De Ciervo, había presentado y logrado que el juez Juan Bazzani, del fuero Contencioso Administrativo, aceptara un recurso de amparo para no introducir modificaciones en el ingreso económico de su representado.

Primero, las actuaciones judiciales habían caído en manos de la fiscal Vanina Lisazo, hasta que fue a parar bajo el ala de Mirta Monclá y Esteban Pedernera. Este último hubiese tenido que excusarse, ya que su madre trabaja en IOMA. Pero entre todos, durmieron la causa.

LOS ALARDES

Tan seguro de su impunidad y la falta de accionar judicial, “Lalo” Pirani viajaba regularmente hasta la delegación IOMA de Chacabuco donde amenazaba a los médicos auditores (Guillermina Kieffer y Fernando Miró, ambos despedidos semanas atrás) diciéndoles que lo que estaban haciendo no iba a prosperar y que “a ellos los iban a echar a la mierda” (ver Auditores despedidos).

Cuando cesantearon a su esposa Guillermina, el actual secretario de Salud de Chacabuco, Julián Serritella, se comunicó con el intendente de Junín Pablo Petrecca, para que intervenga en el asunto, dada su estrecha relación con el contador Marcelo Pastormerlo, director de IOMA Junín.

Pero cuando el nuevo presidente de la obra social bonaerense Pablo Di Liscia visitó Junín a mediados de enero, no se ocupó de esta cuestión, sino que prefirió aceptar la invitación a un asado que le sirvieron en la Laguna de Gómez.

REMOVIENDO EL AVISPERO

Todo parecía marchar sobre ruedas para Pirani, hasta que el presidente del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (Supttioma), Idelmar Seillant, se comunicó con Julio Conte Grand, procurador general bonaerense, para exponerle la grave situación.

Delante de él, el funcionario judicial llamó al fiscal general del Departamento Judicial de Junín, Juan Manuel Mastrorilli, para preguntarle por qué no avanzaba la causa. A raíz de eso, prorrogaron la posibilidad de accionar por sesenta días. Desde La Plata esperaban que la justicia en Junín se moviese con rapidez, pero lejos estaban de tal precisión. Hasta que se “avivaron” y contrataron a un abogado en Junín para que se haga cargo.

“Si la causa se impulsa correctamente, hay muchas pruebas contundentes que hablarían de las ‘irregularidades’ cometidas y deberían ser objeto de duras sanciones”, explicó una fuente ligada a la causa.

Los hechos que debió investigar la Justicia en estos dos años (pero no lo hizo) giran en torno a la posible comisión de delitos como asociación ilícita, estafa y enriquecimiento ilícito. La causa casi se cae, por complicidad, inacción, connivencia o distracción, pero siempre hay alguien que se encarga de poner las cosas en su lugar y los fiscales deberán hacerse cargo de cumplir la función por la cual cobran un alto salario mensual.

Creada hace 58 años, IOMA es la prestadora de servicios de salud para los empleados públicos bonaerenses y se constituyó en una de las cajas negras del territorio de la provincia. Brinda cobertura a 1.908.013 afiliados obligatorios y beneficiarios voluntarios, entre los cuales existen más de 3000 damnificados directos y una pérdida de más de $2000 millones, según las denuncias desde 2011.

LOS IMPUTADOS

Los imputados en la causa son el ex director de Región IOMA Junín, Oscar Zazzali; el ex jefe de departamento de Región Junín, Eugenio Eduardo Pirani; los médicos auditores Jorge Pesce y Gustavo Crivella, y los empleados de IOMA Claudia Denti, Diego Pirani y Jorgelina Pirani. También revisten tal condición judicial Miriam Gómez (pareja de Pirani) y el hijo del dirigente de UPCN, Fernando Pirani.

DE QUE SE TRATA LA CAUSA

En la maniobra delictiva denunciada y que debió haberse investigado en la Justicia, se encuentran imputados directivos de la obra social y representantes de empresas prestatarias, por los delitos de asociación ilícita, estafa y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Las empresas en la mira se dedicaban a internaciones domiciliarias, nutrición domiciliaria, tratamiento de kinesiología domiciliaria e internaciones de salud  mental. Entre las irregularidades detectadas aparece la facturación de tratamientos a personas fallecidas y a afiliados que no habían solicitado ninguna prestación.

Asimismo, se sospechó que se falsificaba documentación a los efectos de sobrefacturar autorizándose tratamientos y provisiones de alto costo: prótesis, medicación, insumos, sin que lleguen a destino.

De acuerdo a la denuncia de Seillant, “Lalo” Pirani respondería directamente al titular de UPCN, Carlos Quintana, y estaría vinculado con la firma Hestia SRL, en su momento sponsor del Club Sarmiento. Una de las titulares de esa sociedad, Miriam Elizabeth Gómez, actuaría como testaferro y mantendría una relación sentimental con el dirigente de UPCN.

Hestia SRL se dedicaba a ofrecer prestaciones domiciliarias, las que no cumplía: hoy se desconoce cuál es su actividad. En la denuncia penal, que lleva el número 654/16, consta que entre los servicios y suministros facturados, y nunca efectivizados, se habrían facturado más de 14 millones de pesos pagados por el IOMA. 

“Esta empresa estaría constituida por personas interpuestas, testaferros y familiares de Pirani”, dice la presentación que dio origen a la investigación. Y agrega con el apoyo funcional de quien fuera director de la Región Junín del IOMA, Oscar Zazalli, se realizó “un total direccionamiento y se autorizaron prestaciones millonarias para la empresa. Se registraron asociaciones ilícitas y estafas, transformándose en presuntos enriquecimientos personales”.

UPCN BAJO LA LUPA

La Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) se encuentra bajo la lupa por la participación de hombres ligados al titular de la seccional Buenos Aires, Carlos Quintana (foto), en el directorio del IOMA, sospechados por conformar empresas implicadas en el pago de sobreprecios y malas prestaciones en los servicios de salud.

La administración de la obra social es investigada por la Justicia, tras casi 30 denuncias presentadas por el Sindicato Único de Profesionales, Técnicos y Trabajadores del IOMA por la compra directa de servicios irregulares.

Uno de los implicados es Luis Pérez, vocal del directorio de IOMA, procesado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 de La Plata. "Existiría una relación directa y unánime entre las denuncias de los afiliados, trabajadores y auditores, al identificar como presuntos responsables a quienes sostienen desde hace ocho años estas asociaciones irregulares", dice una de las denuncias.

Otro es el caso de la empresa de prestaciones domiciliarias Hestia SRL, de Junín, que "estaría constituida por personas interpuestas, testaferros y familiares de Eugenio Pirani, jefe del Departamento de la Región Junín de IOMA y secretario gremial zonal de UPCN en la provincia de Buenos Aires, designado por Quintana", según la denuncia.

Quintana integró el directorio de IOMA a principios de los años 90 y en ese entonces se aprobaron las compras para las empresas hoy denunciadas, como Continunm, Hestia y Juntos en Casa, vinculadas a los servicios de las internaciones domiciliarias fraudulentas.

En una de las denuncias se expone que "un servicio de internación domiciliaria completo no debería exceder de $20.000 mensuales por afiliado", incluyendo internación geriátrica con atención médica y de enfermería, cuidados adicionales y provisión de cuatro comidas diarias. Pero consta que una empresa de servicios de salud facturó por la internación de una afiliada $165.671,20 por el mes de junio de 2016. Se incrementó entre seis y diez veces el importe de referencia.

La causa detalla, además, que frente a la falta de una auditoría administrativa contable y control de gestión para evitar irregularidades en los pagos, coexisten en el circuito de facturación ocho sistemas de computación distintos.

Las causas judiciales evidencian asociaciones y enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en la prestación de servicios de tratamientos oncológicos a afiliados fallecidos, internaciones domiciliarias pagadas y no efectuadas, compras con sobreprecio, pagos de recetas falsas prescribiendo medicamentos de alto valor, desvíos de fondos para la campaña presidencial del exgobernador Daniel Scioli y otras irregularidades.

 

AUDITORES DESPEDIDOS

El Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (Supttioma), que dirige Idelmar Raúl Seillant, denunció que siete auditores de la obra social fueron cesanteados y que cuatro de ellos son dirigentes gremiales, por lo que piden su inmediata reincorporación y que se realice una auditoría externa para saber en qué condiciones financieras se encuentra la entidad.

Desde el sindicato explicaron que la decisión de echar a los siete auditores fue del director de Recursos Humanos de la obra social, medida que afectó a cuatro integrantes de la comisión directiva del Supttioma: la secretaria de Asuntos Jurídicos, Guillermina Kieffer (foto); el secretario general adjunto de regiones, Héctor Verde; la secretaria gremial de regiones, Analía Gatto, y el vocal titular Mauricio Agüero.

Seillant explicó que “los auditores a los que echaron han denunciado una usina de recetas apócrifas en Lomas de Zamora, internaciones domiciliarias falsas en JUNÍN y distintos hechos de corrupción en Pehuajó, Alberdi y Pergamino”.

Por su parte, el vicepresidente del Supttioma, Alejandro Chavero, afirmó: “Esta medida nos hace interpretar que las autoridades de la obra social quieren hacer el ajuste echando a empleados en lugar de combatir el robo dentro del IOMA”.

Chavero recordó que el desplazamiento de Carlos Marcelo D’Abate, titular del IOMA hasta el 1º de diciembre pasado, ocurrió luego de que desde Supttioma advirtieron a los ministros de Economía y Trabajo bonaerenses sobre una grave irregularidad financiera.

Según el dirigente gremial, D’Abate violó la normativa vigente y depositó en una cuenta de bienes raíces del Banco Provincia parte del Presupuesto asignado, unos 1.000 millones de pesos, el que le dio un interés diario de 1.600.000 pesos.

“Al parecer, esa maniobra se realizó durante tres meses, generando unos 48 millones de pesos mensuales, de los que nada se sabe de su destino”, dijo Chavero.

Cumbre con el nuevo titular

A D’Abate lo reemplazó Pablo Di Liscia, quien se desempeñaba en el gabinete del jefe de Gobierno porteño. Y, ante el nuevo presidente del IOMA, los dirigentes del Supttioma explicaron donde, a su entender, se encuentran los nidos de corrupción en la obra social.

“Sin embargo, pocas semanas después, echan a los auditores que vienen denunciando robos de fondos públicos y protegiendo a todos los afiliados”, sostuvo Seillant.

Desde el sindicato resaltaron que exigen la reincorporación de los trabajadores cesanteados y la realización de una auditoría para establecer el capital con el que cuenta la obra social y cuáles son las deudas.

Seillant indicó que son cerca de 150.000 los nuevos carnets que no fueron retirados de las sedes del Conurbano y que eso confirmaría la denuncia hecha por Supttioma, en la que se indicaba la existencia de esa cantidad de afiliados truchos, a los que se los utilizaría para cargar prestaciones apócrifas.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICION IMPRESA DEL SABADO 3 DE FEBRERO 2018.

 

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