Por: LUCIANO CANAPARO

El debate no es nuevo ni alcanza sólo al gobierno central. Hace décadas que los nombramientos de familiares proliferan a nivel nacional, provincial y – por qué no- municipal.

Desde la designación de Ibrahim al Ibrahim como asesor de la Aduana en 1989 (ex militar sirio que no hablaba castellano y esposo de Amira Yoma, cuñada y Secretaria de Audiencias del ex presidente Carlos Menem), hasta la de Walter Petrecca, hermano de Intendente Pablo Alexis, al frente de la ANSeS Junín (por citar un ejemplo cercano), los argentinos nos hemos indignado y acostumbrado con la misma intensidad al espectáculo de funcionarios que “acomodan” a su parentela sanguínea y política (vaya paradoja) en el servicio público.

“Tenemos que dar el ejemplo. La austeridad tiene que partir desde la política. Todos tenemos que ceder algo para que gane el conjunto; el esfuerzo vale la pena”, vociferó días atrás el presidente Mauricio Macri al anunciar el decreto que restringe el ingreso de familiares de ministros al Estado, decisión que las administraciones de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, también compartieron -aunque en parte.

Pero la ¿diferencia? es que se trata de un gobierno que dijo venir a luchar contra la corrupción, a transparentar el uso de los recursos, a jerarquizar el servicio civil y a terminar con los “ñoquis”.

Los argumentos de un lado y del otro han sido siempre los mismos. Los funcionarios alegan que no sólo necesitan personal idóneo, sino también “de confianza”, mientras los críticos sostienen que hay favoritismo aun si se trata -no siempre es el caso- de personas capacitadas para el cargo asumido.

En todos los casos, es el Estado el que se resiente con la nefasta práctica del “tiempo compartido”, que degrada a un régimen republicano convirtiéndolo en la caricatura de una monarquía o de un régimen cuasi feudal.

Aunque los regímenes de empleo público, conflictos de interés y compras públicas amparan la contratación de los familiares de los funcionarios por parte de sus colegas, ello se debe a los graves déficits que presentan dichos sistemas.

La Constitución Nacional dice que todos los habitantes de la Argentina "son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad". Por desgracia, muchos gobernantes piensan de otra manera y actúan en consecuencia. Han logrado borrar las fronteras entre lo estatal y lo familiar al considerar a lo estatal como patrimonio propio, y sin dudas es por esa razón que no son pocos los que se encuentran investigados por enriquecimiento ilícito.

En rigor, sería lamentable que un gobierno que se ha embanderado en la transparencia y la lucha contra la corrupción se aproveche de estos déficits y, a la vez, no formule ninguna propuesta concreta para superarlos en todos los estamentos.

Por acción u omisión, la dirigencia política argentina ha permitido, en democracia, legalizar aquello de que “lo primero es la familia”. ¿Llegó la hora de cambiar en serio?