Por: LUCIANA CAMARERO

Dentro de las distintas sexualidades y géneros disidentes que conforman el mapa de la lucha feminista y de identidad, el Colectivo Trans busca un espacio que le permita adquirir los derechos correspondientes y a sus miembros dejar de mantenerse apartadas y apartados de la escena. Transitando un camino de reconocimiento, de lucha, de dolor y totalmente cuesta arriba, reconocerse en otra identidad y defenderla hasta las últimas instancias puede ser, según el contexto social, económico y familiar, toda una batalla.

En Junín, el Colectivo Trans, representado por Paola Benigna Ferreira Da Silva, se está organizando para poder contar con un espacio en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en avenida Alvear y Alberti, con el fin de poder brindar asistencia y atención a personas identificadas como transexuales, travestis y transgéneros.

La idea surgió a partir del funcionamiento de un espacio de similares características que funciona en la localidad de Mercedes, donde Paola participó. Fue a partir de esa experiencia que se puso como meta trasladarlo a nuestra ciudad, y se acercó a distintas unidades sanitarias con la propuesta bajo el brazo. Finalmente recaló en el CIC, un área donde se brinda atención médica, talleres y se organizan espacios contra la violencia.

Si bien aún la puesta en funcionamiento del  “Consultorio igualitario” no fue definida ni confirmada por el Municipio, la propuesta en sí es sumamente importante y merece ser distinguida. Por lo pronto, se aprecian las ganas y el optimismo por parte del Colectivo Trans de abrazar este proyecto que vienen trabajando desde hace tiempo.

Paola Benigna Ferreira Da Silva

Para ello, todos los miércoles, a las 18 horas, se reúnen en el CIC y allí evalúan, realizan estudios de casos, confeccionan encuestas, hacen balances, entre otras cosas, aguardando el próximo paso que será la presentación oficial del proyecto. Según contó Paola a Semanario “será entregado al Honorable Concejo Deliberante y al señor intendente Pablo Petrecca. Voy a pedir una audiencia para entregárselo personalmente y me quedaré con una copia firmada. Veremos el tiempo que pasa para darnos una respuesta”.

Sin ánimos de hacer política partidaria, Paola destaca que esta apertura debe ser tomada por quien esté en la gestión de gobierno y cumpla su función en pos de la igualdad y de los Derechos Humanos.

Mientras se espera una respuesta por parte del Intendente, el Colectivo Trans sigue trabajando en pos de generar un espacio acorde para las demandas en materia de salud, trabajo, violencia y género. Un área que merece ser reconocida y aceptada en cada municipio ya que se trata de un avance en materia de Derechos Humanos. De lo contrario, no avalar su avance y explotación, implicaría un enorme retroceso.

LEGISLACIÓN

El 21 de diciembre de 2015 se sancionó la Ley Provincial 14.783, conocida como “Diana Sacayán”  (una de las principales activistas del movimiento de derechos humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo travesti en Argentina y en la región, asesinada en 2015) de cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, que implica que el 1% de los puestos de trabajo estatales, debe ser ocupado por personas trans.

Además, existe la Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada el 9 de mayo de 2012, que establece que toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su propia identidad, correspondiendo o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Proteger estos derechos es sinónimo de dar batalla cultural, de comprender que la diversidad no es un problema, sino que es la solución a tantos otros conflictos que se han generado, propios de la discriminación, la desigualdad y la exclusión institucional y/o social. Reconocernos como sujetos y sujetas diversos implica aceptarnos, unxs y otrxs con nuestras diferencias, pero sobre todo con nuestras virtudes.

Exigir que el cupo laboral trans se cumpla (ver recuadro) es el puntapié inicial para que todo tipo de prejuicios y prenociones vayan llegando a su fin, y que ya no se hable más de casos de homofobia a las que todas las personas trans han sido sometidas a diario o han vivenciado en algún momento de sus vidas, llevándolas a la prostitución por el simple hecho de haber sido, durante muchísimos años, excluidas de todo tipo de derechos, no sólo laboral.

En relación a esto, Paola destacó que “todo lo que se fue obteniendo, en relación a las batallas ganadas, me parece perfecto. La prostitución no la acompaño y en lo personal tampoco me gusta pero en su momento tal vez se tuvo que hacer al no tener otras puertas abiertas. No te queda otra. Se puede hacer otras cosas, porque creo que el ser humano tiene la capacidad y la inteligencia para poder desarrollar la mente. Pero a lo que es rápido, el acceso siempre fue la prostitución, que para el de afuera es plata fácil, para la que convive con eso y lo hace, me parece que no”.

Paola mantiene un activo vínculo con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina -ATTTA- que permite darle un marco legal ya que funciona como un organismo que actúa en función de los derechos de las personas trans y a su vez, como apoyo para el Colectivo Trans de Junín en relación a la orientación de actividades.

Cupo laboral trans

Septiembre 2015 significó un hito importante en la lucha que lleva adelante el Colectivo Trans, que vio concretado un objetivo importante en su batalla por la inclusión y la no discriminación.

Fue luego del paso adelante que significó, tres años antes, la sanción de la ley de Identidad de Género, que les permitió modificar su DNI de acuerdo a la “identidad autopercibida” y brindarles la posibilidad de acceder al tratamiento médico hormonal y las operaciones a los mayores de 18 años que así lo soliciten, sin recurrir a la victimización.

La lucha encabezada por organizaciones como el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y Conurbanos por la Diversidad, junto a la diputada del Frente para la Victoria Karina Nazabal, culminaba una larga tarea y se coronaba con la sanción de la ley 14.783, denominada luego “Ley Diana Sacayán”, en recuerdo de la activista de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) asesinada en octubre de 2015, en un hecho que se caratuló como “transfemicidio” o “travesticidio”.

El proyecto busca “promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”, asegurando un mínimo del 1% de los puestos de trabajo en el Estado y empresas públicas para quienes pertenecen a este grupo, sometido a discriminación, violencia institucional y falta de oportunidades, arrastrando a casi el 80% a caer en la prostitución como medio de subsistencia.

Sin embargo, las iniciativas chocan con algunas barreras difíciles de superar. Por un lado, la falta de decisión oficial para dar el paso hacia la reglamentación de la normativa sancionada en la Legislatura bonaerense, algo que esperan desde hace casi dos años las organizaciones vinculadas con el colectivo trans.

Y, por otra parte, la falta de decisión -y hasta de información- que evidencian las administraciones municipales y los concejales de partidos variopintos, no sólo acerca de la problemática trans en general sino, incluso, de la ley votada en La Plata.

En algunos casos, los concejos deliberantes y los jefes comunales utilizan la demora en la reglamentación de la ley como una excusa para no avanzar en la implementación del cupo trans en las administraciones municipales.

Sin embargo, los colectivos que luchan por los derechos de este sector de la población aseguran que no es necesario ese requisito para votar la ordenanza.

Sólo unos pocos (ver abajo) sancionaron ordenanzas en ese sentido en el ámbito bonaerense, creando áreas específicas de Diversidad Sexual. Otras administraciones locales, en tanto, contaban con planes integrales en temas de diversidad, que, de a poco, se fueron desactivando.

Un dato que decepciona respecto de su compromiso con una problemática que lleva a muchas personas trans a vivir situaciones de marginalidad, con una expectativa de vida que se aproxima a la mitad del resto de la población de nuestro país.

A pesar de la inexplicable demora en la reglamentación, Buenos Aires puede presumir de ser el único estado provincial que cuenta con una ley aprobada por sus cámaras, lo que lo convierte en una isla dentro del multicolor panorama político nacional.

Párrafo aparte merecen Misiones, Formosa, Catamarca, San Juan, La Pampa y Tierra del Fuego, que carecen de proyectos presentados en sus respectivas legislaturas. El resto cuenta con proyectos de ley, que aún no han sido aprobados y, en algunos casos, ni siquiera tratados. Y muchos, hasta han perdido su estado parlamentario.

Municipios cuyos concejos deliberantes aprobaron la ordenanza adhiriendo a la iniciativa: Almirante Brown, Avellaneda, Azul, Campana, Pilar, Chivilcoy, General Pueyrredón, San Isidro, Lanús, San Miguel, Lincoln, Tandil, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, Merlo, Morón y Necochea.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL SÁBADO 17 DE FEBRERO 2018