Por: LUCIANO CANAPARO

El aborto existe. No es eso lo que se discute cuando se habla de su legalidad o ilegalidad; se discute quién puede hacerlo sin peligro. Las mujeres de clase alta o media -muchas muy cristianas- abortan en centros bien equipados y se van a sus casas tras un par de horas; el aborto solo es realmente peligroso para las mujeres pobres que no tienen dinero. El peor riesgo del aborto es para los miles y miles de mujeres que cada año deben recurrir a consultorios en ruinas  o curanderos –y se mueren. Aquí también las diferencias de clase son decisivas: como en cualquier situación médica pero un poco más.

El aborto no es ilegal: es clasista, injusto, desigual. También ahí una redistribución real de la riqueza –bajo forma de acceso a la salud– salvaría muchas vidas. Por eso muchos quieren, desde hace mucho, legalizarlo: para que las mujeres más pobres tengan el derecho que tienen las más ricas a decidir cuándo y cómo tener hijos. Para que reproducirse no sea un error o un accidente sino una elección. Y la sociedad argentina está bastante de acuerdo: según distintas encuestas, dos tercios están a favor.

Es el resultado de la larga, incansable campaña de grupos de mujeres que llevan años hablando del asunto. Son las que se reunieron el 19 de febrero pasado frente al Congreso de la Nación apoyadas por la izquierda y centro izquierda, bajo la consigna "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir".

En las últimas horas, y en sintonía con un reclamo creciente para que el Congreso se anime -al menos- a mencionar el tema en una de sus sesiones, el presidente Mauricio Macri habilitó a los legisladores del oficialismo para que se trate un proyecto de “interrupción voluntaria del embarazo”.

Hace unos días, en el “pañuelazo” una de esas antiguas militantes decía que ellas lanzaron en 1991 una campaña para romper el silencio de la sociedad sobre el tema y que era curioso que ahora, veintisiete años después, cuando la sociedad discute, el silencio que hubiera que romper fuera el del poder.

El aborto es un tema que sigue irritando a mucha gente –y, más que nada, a gente con sotana: si los obispos parieran, el aborto sería sacramento. Los mismos que soportan muy bien que haya chicos que se mueran de hambre o se maten de paco o agonicen de sida con tal de que no usen forros, no toleran que una mujer decida interrumpir un embarazo –porque es, dicen, un crimen. La discusión entre morales podría llevar horas y no llevaría a ningún acuerdo. Pero más allá de las posturas que cada quien defienda, hay una realidad: más de mil mujeres abortan cada día en la Argentina y la gran mayoría lo hace en condiciones muy precarias –sin médico, sin asepsia, sin ninguna garantía. Por eso un aborto mal hecho mata, y por eso –entre otras razones– hay mucha gente que pide que se legalice. Legalizarlo e incluirlo en los programas de salud pública es la única forma de reparar esa injusticia. Y sería, incluso, útil para el sistema sanitario: cientos de mujeres llegan a hospitales públicos para paliar las consecuencias de un aborto mal hecho –y ocupan recursos que se podrían usar en otras cosas.

El debate en el Congreso asoma apasionante. En principio, el panorama es complejo y hoy pareciera que es difícil unificar un proyecto y luego lograr la cantidad de votos necesarios para transformarlo en ley. Pero en la política, lo que hoy es negro mañana puede ser blanco.

Eso sí, quienes se pronuncien en contra del aborto, deberían perseguirlo en todos los casos: castigar, por ejemplo, a los médicos que lo practican en consultorios coquetos.