El jueves pasado, en una reunión en el Ministerio de Justicia de la que participó el ministro Germán Garavano, el Gobierno anticipó su intención de que entre 500 y 700 presos alojados actualmente en cárceles federales puedan ser beneficiados con un régimen de prisión domiciliaria o sistema de monitoreo con tobillera electrónica.

Con la necesidad de descomprimir las cárceles, desde el Ministerio de Justicia hicieron ese planteo ante jueces, fiscales, defensores oficiales, miembros de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de distintas Organizaciones No Gubernamentales.

En ese mismo encuentro, las autoridades del Ministerio entregaron una lista con los nombres y apellidos de los detenidos que, de acuerdo a los informes realizados, estarían en condiciones de ser beneficiados con el arresto domiciliario o una tobillera electrónica de monitoreo.

En ese listado, según dijeron a este medio fuentes del Gobierno, se incluyó a "mujeres embarazadas o con chicos a cargo. Enfermos terminales. Y mayores de 70 años. Todos con informes favorables". Desde el Ministerio  agregaron: "Hay una cantidad importante de internos que tiene perfiles muy moderados y muy propicios para la reinserción".

Uno de los jueces presentes en la reunión pidió la palabra para plantear sus reparos. Contó que había tenido que afrontar un juicio político en el Consejo de la Magistratura por haberle otorgado una salida transitoria a un preso que después volvió a cometer un delito.

Desde el Ministerio de Justicia le respondieron que ya existen 2.100 presos con prisión domiciliaria o tobilleras electrónicas y que "en ninguno de esos casos se registraron reincidencias. El monitoreo reduce muchísimo las chances de que vuelva a delinquir".

Para sostener la iniciativa, aún sabiendo que generará polémica, en el Gobierno aseguran que es necesario tomar medidas para "descomprimir las cárceles". Hoy, explican, hay más internos que "plazas" (como llaman a los más de 12.000 lugares que tienen las prisiones federales).

"Estamos metiendo camas de más y achicando los lugares de esparcimiento y los lugares de visita. Y eso tiene consecuencias negativas para lograr la reinserción de los internos en la sociedad", explicaron fuentes del Ministerio de Justicia.

A la situación crítica de las cárceles se suma el hecho de que el Ministerio de Seguridad tiene unos 500 detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico en dependencias de la Gendarmería y la Policía. Para trasladar a esos presos a las cárceles federales también serían necesarias las vacantes.

"Cuanto mejor trabajemos con los presos más posibilidades tenemos de lograr su reinserción y bajar la reincidencia", sostuvieron desde el Ministerio de Justicia para impulsar la medida. Y agregaron que "por eso alentamos a tomar la medida de la prisión domiciliaria o la tobillera electrónica en los casos de los perfiles menos peligrosos".

La población penitenciaria aumentó en los últimos años más rápido que la generación de nuevas plazas. En 2016, la ocupación era del 93% y actualmente está arriba del 100.

Desde el Ministerio de Justicia explicaron que, con las 6 obras en curso, el año que viene debería haber unas 3.000 nuevas plazas, lo que llevaría el total a más de 15.000.

Las fuentes explicaron que entre los que podrían recibir el beneficio no hay ningún caso como el de Néstor Montiel, beneficiado con libertad condicional en 2014 y acusado ahora de haber degollado a Nadia Arrieta.