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Semanario de Junín » Locales » 7 mar 2018

SMATA JUNIN

Alberto Fiori, un pelotazo en contra

La Justicia federal desestimó la presentación del ex Secretario General de la filial Junín del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) por presuntas irregularidades en la intervención que comanda Martín Paci. El fallo completo.


Por:
Redacción Semanario

Con fecha 28 de febrero de 2018, el Juez Federal Héctor Pedro Plou resolvió, en la causa FIORI, ALBERTO RAMON c/ S.M.A.T.A. CENTRAL Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986, rechazar la acción de amparo iniciada por Alberto Ramón Fiori contra el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Obra Social del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (OSMATA), la cual tenía como objeto “desbloquear el sistema informático de la obra social mediante la cual se accede a las prestaciones médicas que la obra social brinda y se le permita continuar ingresando a él” y decretar un medida de no innovar en “los bienes y en la cuenta bancaria que la accionada posee en el Banco de la Nación Argentina sucursal Junín”.

En los considerando del fallo, al cual accedió Semanario, el juez expresa que “producida la prueba sobre la que (Fiori) pretendió acreditar sus dichos, resulta claro que la acción de amparo no puede prosperar por la sola invocación del derecho presuntamente lesionado, tornándose inadmisible, pues no ha podido demostrarse irregularidad alguna en el actuar de las demandadas que justifique cuestionar sus actos. Y no ya por la existencia de acciones o recursos comunes, sino porque su procedencia transita por el estrecho carril de aquellos casos en que la ‘arbitrariedad o ilegalidad’ resulta manifiesta (art. 43 de la Constitución Nacional)”.

“Ello pues, reitero, esa arbitrariedad o ilegalidad manifiesta debe presentarse, como algo palmario, ostensible, patente, claro e inequívoco que debe el actor demostrar. Es decir, visible al examen jurídico más superficial siempre que resulten demostrados los hechos en que se funda”, prosigue el veredicto.

“En tal sentido, ha quedado acreditado que SMATA es una asociación sindical que goza de personería gremial otorgada mediante Resolución 359/47, e inscripta en el registro respectivo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de la Nación, agrupando a los trabajadores de la actividad mecánica a fin de ejercer su representación y prestar asistencia gremial. Por su parte, OSMATA resulta ser una entidad médico asistencial inscripta en el Registro Nacional de Obras Sociales, gozando de personería propia independiente de la entidad gremial, conforme a la legislación vigente (ley 23.660, arts. 2 y cc). Por ello, resulta ser un sujeto de derecho distinto del Sindicato, el que carece de servicios médicos directos, los que son prestados por la Obra Social. Así las cosas, cada una de ellas detenta, para el ejercicio de las funciones propias, órganos de dirección, administración y representación, pudiendo crear el Consejo Directivo, Seccionales o delegaciones en todo el país, siendo estas últimas representantes directas del Consejo creador, con los deberes atribuidos por el Estatuto Social (confr. especialmente fs. 56 y 100)”.

“En el caso puntual de la Seccional Junín, la Comisión Ejecutiva posee estatutariamente diez miembros, entre los que se encuentra el de Secretario General. En 2017, siete de aquellos miembros presentaron la renuncia indeclinable demostrado en autos por la demandada y manifestado por la propia actora en su demanda, presentándose un estado de acefalia conforme al art. 81 del Estatuto por afectar a ‘… la mitad más uno de la Comisión Ejecutiva’. Todo ello fue declarado por el Consejo Directivo a través de actos formales conforme al Estatuto, declarando disuelta la Comisión y nombrando un Delegado normalizador para reorganizar y asegurar el funcionamiento”.

“En consecuencia, (Fiori) tampoco ha podido demostrar que la atención de la salud de los afiliados al sistema se encuentre afectada de forma tal que lesione el derecho fundamental que les asiste, pues más allá de las razones que fundaron el dictado de la medida cautelar por la sensibilidad del derecho alegado, durante el proceso no surgieron certezas al respecto que pudieran solventar tal presunción, ya que el sistema de salud estuvo siempre activo según se desprende de la documental de fs. 190/241, pudiéndose prescindir del status quo mantenido cautelarmente”.

“Dicho ello, las discrepancias planteadas por el actor en torno al ingreso al sistema web y sus formas, como al acceso, lugar y movimientos bancarios de la sede, carecen de relevancia que justifique la intervención de esta sede”.

El juez resolvió, además, “imponer las costas a la vencida por aplicación del principio de la derrota”; “exceptuar del pago de la tasa de justicia, atento a la relevancia del objeto y tipo de proceso en relación al principio constitucional de amplio acceso a la justicia, a lo que se aduna la ausencia de monto de juicio como pretensión de fondo”; “regular los honorarios de los profesionales intervinientes...”.

EL FALLO COMPLETO:

  NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL SÁBADO 3 DE MARZO 2018  

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