Por: Redacción Semanario

Cuando este 8 de marzo llegue el Día Internacional de la Mujer, en Junín habrá muy poco para festejar. Apenas se darán unos reconocimientos brindados desde la Dirección municipal de Marisa Luján, la única actividad de esa área en el año.

Las mujeres, esas que caminan cada día las calles de la ciudad, sentirán la misma angustia de no llegar a fin de mes, de no tener un espacio en la consideración real de las autoridades, el mismo miedo por sus hijos y sus familias… Y muchas otras, agregarán el desamparo de estar a merced de situaciones de violencia psíquica y física sin que haya nadie que les tienda una mano.

Por plata, por temor, por ausencia de una casa donde trasladarse… estas víctimas de la agresión diaria deberán permanecer sometidas, heridas no sólo en el cuerpo sino en su dignidad y en la posibilidad de un futuro mejor. Y como si fuera poco, ahora también les resulta peligroso andar por la calle, donde hay degenerados protegidos por un sistema machista que no los busca ni los encuentra ni los encierra ni los castiga.

Más de 300 denuncias se realizaron en Junín durante enero 2018 por violencia familiar y de género. ¡Trescientas! ¿Alguien conoce alguna medida concreta que se haya tomado en estos casos, al menos en alguno? ¿Se separaron los agresores del hogar familiar? ¿Se les dio una alternativa y una ayuda a las denunciantes? ¿Hay cuidado efectivo por parte de las autoridades judiciales, municipales o policiales sobre estas mujeres para que en el momento menos pensado no las prendan fuego, ni las descuarticen o simplemente les den una golpiza? Alguien, desde el Estado, ¿se toma en serio lo que está pasando y tiene conciencia que detrás de la burocracia de estos papeles hay mujeres de carne y hueso desamparadas, esperando una ayuda para sobrevivir?

CASOS DE ESTE AÑO

En general, salvo buenas actuaciones personales de algún funcionario, no hay políticas que protejan a las mujeres y esto se puede apreciar cada día. En lo que va del año, apenas dos meses, trascendieron al menos dos violaciones, varios intentos de agresión sexual y el lamentable caso de Camila Borda (ver págs. 4, 5, 6 y 7), lo que terminó de desenmascarar la necesidad de que se establezca un tribunal específico sobre esta temática.

En 2017, en el país hubo 292 femicidios y la provincia con mayor cantidad de casos fue Buenos Aires –es la que más población tiene–, con un total de 119 en el año, de acuerdo con el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación. El 17% de las víctimas fueron menores de 18 años y la mayoría de los hechos fueron cometidos por varones adultos.

La violencia machista golpeó más fuerte que nunca el fin de semana pasado en Junín, con la muerte de una pequeña indefensa de 11 años. Pero no fue el primer hecho grave denunciado durante el verano: el 17 de febrero, una joven de 25 años que iba en bicicleta, fue violada en el Parque Borchex, luego de que dos hombres la interceptaran en moto. Hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer e intervino de la UFIJ Nº 6 a cargo de la fiscal  Fernanda Sánchez. No hubo detenidos.

El 23 de enero se denunció otro hecho similar, en el mismo espacio público, cerca del canal del Río Salado, del lado de Villa del Parque. La causa está en la misma fiscalía. Tampoco se conocieron detenciones.

Y seguramente ya deben haberse cerrado las investigaciones, así con total impunidad esos sujetos repiten sus ‘hazañas’, ya que tan bien les sale con esta Justicia juninense, corporativa, insensible, incapaz…

Según datos brindados del Poder Judicial bonaerense, de los pocos que se van conociendo, entre 2010 y 2016 hubo un 448 por ciento más de causas ingresadas por protección contra la violencia familiar en el Juzgado de Familia del Departamento Judicial Junín.

Se trata de una cifra altísima, pero lo cierto es que siempre hay más casos de los que van a parar a la oficina de Tribunales: muchas mujeres no quieren volver a ser sometidas a denigraciones por hacer una denuncia, y prefieren sobrellevar el tema en soledad, así como les salga y se pueda.

LOS VERICUETOS

El único Tribunal de Familia que funciona actualmente está abarrotado de gente y causas. No hay un hogar de contención para víctimas. El sistema municipal/judicial/policial está desarticulado y se basa en quijotescas acciones personales por parte de algún funcionario conmovido y solidario.

Por eso, las mujeres están a la deriva. 300 denuncias mensuales y ninguna solución. Golpes, agresiones, persecuciones y ninguna solución. No alcanza con una decena de botones de pánico que se entregan en los casos más extremos y la Fiscalía general de Mastrorilli se empeñó en presentar como el oasis de las respuestas. No alcanza ni para empezar.

¿Habrá que esperar que violen o maten a alguna de ‘sus’ mujeres: hijas, madres, esposas? ¿Recién para cuando le deje de tocar a una ‘negra’ de los suburbios y le pase a una integrante de la cofradía política/judicial podremos esperar algún tipo de medida?

El Juzgado de Familia N° 2 sigue sin funcionar

Pasado un año y tres meses desde su creación, Junín sigue sin contar con un tribunal específico para un problema que no para de crecer.  

Ya es costumbre para esta gestión que las promesas se vayan dilatando en el tiempo, hasta el punto de preguntarse si se van a hacer en algún momento. A la lista de los proyectos "demorados" del Gobierno, se suma la creación del Juzgado de Familia N°2, con sede en Junín. Ya está designada la jueza y conformado el equipo de trabajo, pero el tribunal sigue sin estar en funciones.

La doctora Marcela Pelegrín (foto) fue designada por un decreto de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el 22 de diciembre de 2016, para tomar posesión de una nueva área dentro del Departamento Judicial en nuestra ciudad, con el fin de combatir la violencia familiar y de género. Hoy, después de un año y tres meses, todo sigue igual y no parece tener un buen final en el corto plazo.

La gran problemática a la hora de ponerlo en marcha es la ausencia de un inmueble para determinar el lugar físico donde funcionaría el Juzgado. En un primer momento, tanto la abogada como el doctor Lisandro Benito, presidente del Colegio de Abogados, destacaron la posibilidad de alquilar una edificación situada en calle Benito de Miguel pero luego se desestimó ya que no cumplía con la norma que establece el peso por metro cuadrado.

Por esta temática, SEMANARIO se puso en contacto con Pelegrín, quien afirmó: "Ahora estamos intentando conseguir otra propiedad. Creo que se va a encontrar, estamos todos tratando de apurar porque hay muchas causas en el Juzgado de Familia N° 1. Es más que indispensable en Junín la apertura del nuevo Juzgado".

"Cuando entre en funciones voy a tratar de que la gente que llegue encuentre contención y empiece a tratar de componer sus problemas con ayuda nuestra. Vinieron a tasar un nuevo inmueble, pero no queremos adelantar nada porque lo que pasó con el anterior edificio fue que anticipamos y después no lo aprobaron", concluyó la abogada.

Órdenes de restricción que no sirven

Walter María Gómez tiene 73 años y está preso desde el jueves pasado, luego de burlar una orden judicial por violencia de género que presuntamente lo obligaba a no tener contacto con su ex pareja, a quien mató ese día con un cuchillo y toda la impunidad en la misma puerta de la casa de la víctima, en el barrio porteño de Almagro. La mujer lo había denunciado por maltratos extremos, tras lo cual se expidió un documento que le prohibía al sujeto el acercamiento. Lo cierto es que el caso representa una problemática alarmante, porque 7 de cada 10 golpeadores que fueron denunciados, no respetan las denominadas “perimetrales”, ya que nadie los controla.

El abogado Julio Torrada, especialista en violencia de género, sostuvo que “el Estado toma la denuncia de las víctimas, que fueron golpeadas, maltratadas y son sobrevivientes de situaciones horribles, y luego se emite una medida cautelar de prohibición de acercamiento, pero lamentablemente solamente es eso, un papel que no genera ningún tipo de límite al golpeador, que tiene la certeza de que puede atacar de nuevo cuando le parezca”.

“Las estadísticas sostienen que 7 de cada 10 varones violentos que fueron denunciados por mujeres que padecieron el horror del machismo, no cumplen con la letra de la medida cautelar que los obliga a no acercarse, mientras se resuelve la situación en una causa penal. Se sabe que sólo van presos quienes golpearon salvajemente causando lo que la justicia llama lesiones gravísimas o aquellos que intentaron matar y fallaron. El resto nunca va detenido. Este es el panorama que tenemos en Argentina. Les pedimos a las víctimas que denuncien y después se las deja en soledad”, dijo Torrada.

El procedimiento

¿Qué significa que el Estado se ausenta al momento de cumplir una orden perimetral? “La justicia recibe la denuncia por parte de la víctima. En el mejor de los casos, la mujer se va del juzgado con una orden de restricción hacia el agresor. Pero luego, el Poder Ejecutivo se borra, deja a las víctimas indefensas. Por ejemplo, no hay acompañamiento de efectivos policiales, ni siquiera cuando se trata de casos de altísimo riesgo. Y no hay equipos que trabajen de manera profesional y seria con las víctimas. Se tiene que garantizar lo que se afirma en un papel. Si un hombre no se puede acercar a menos de 500 metros de una mujer, no puede ser que nadie controle que de manera sistemática se violen estas restricciones”, dijo Torrada.

El caso descripto al comienzo, paradigmático de esta situación de vulnerabilidad para muchísimas mujeres que pudieron romper el cerco del miedo y hacer la denuncia por maltratos, ocurrió en el palier de un edificio, donde Graciela Molina Hernández (uruguaya y de 54 años) fue sorprendida por su ex Walter María Gómez, de quien estaba separada desde diciembre, tras denunciarlo por violencia de género. A cambio, recibió un papel con la orden de restricción y luego un botón antipánico, que no llegó a utilizar cuando fue víctima del femicidio.

“El Estado no sólo mira para otro lado, sino que revictimiza a las víctimas. Así, tenemos a mujeres golpeadas, abusadas, maltratadas, heridas gravemente, con profundo miedo, que encima tienen que estar todo el tiempo en alerta, para avisar a la policía o los organismos del Estado que está en peligro. Lo peor es que, muchas veces, tras avisar, los sujetos golpeadores se fugan, entonces ni siquiera los demoran en las comisarías, porque si no los detienen en la escena del hecho, no sirve”, dijo el experto.

Asimismo, Torrada manifestó que “a pesar de todo lo que se escribe, se afirma, de los reclamos masivos en las calles, las autoridades del Estado miran para otro lado, o peor, tienen aún una mirada machista de la realidad, revictimizando y maltratando a las mujeres que necesitan soluciones, ayuda y medidas efectivas que las protejan”.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL SÁBADO 3 DE MARZO 2018