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Semanario de Junín » Bonaerenses » 31 mar 2018

medidas antipaticas

Avance y retroceso, duda e incertidumbre en la educación pública bonaerense

En los tres primeros meses del año, el gobierno bonaerense avanzó con seis medidas en materia educativa. Cuáles son y qué pasó con cada una.


Apenas comenzado el año, la gestión de Gabriel Sánchez Zinny al frente de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense se vio envuelta en polémica; y así quedó signada, hasta el día de hoy.

La disolución de la Unidad Ejecutora Provincial -que entró en vigencia el 1 de enero- marcó el puntapié inicial a una serie de medidas que despertaron fuerte polémica en el ámbito educativo y que, en algunas ocasiones, debido a la gran presión, obligaron a las autoridades a dar marcha atrás.

Pero las resoluciones firmadas por el nuevo ministro no sólo generaron el malestar de los docentes y la oposición, sino también dentro del oficialismo. La discusión se trasladó a la negociación por la titularidad de la comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Allí, el bloque de Cambiemos propuso al principio la continuidad del radical platense Diego Rovella, pero la intervención del ministro del área, Gabriel Sánchez Zinny, produjo un cambio de planes.

Molesto por algunas discusiones mantenidas con el diputado, el funcionario objetó que siguiera al frente de la comisión. Acatando las órdenes a rajatabla, el bloque dispuso entonces colocar en la presidencia a Guillermo Castello, con quien Rovella hizo un enroque y quedó al frente de la comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca. Según contaron a este medio, los chispazos entre Rovella y Sánchez Zinny se generaron a partir de ciertas divergencias del legislador radical sobre la necesidad de avanzar en modificaciones importantes en un año no electoral.

La decisión de poner a Castello en su lugar, en tanto, responde directamente al carácter “combativo” del lilito para con los gremios docentes, especialmente Suteba. Cabe recordar que Castello presentó un proyecto para declarar a la educación como “servicio esencial” y, así, prohibir las huelgas.

Pero, más allá de la rosca, las polémicas medidas tomadas por la cartera educativa se corresponden con una reforma que el gobierno de María Eugenia Vidal tiene en el tintero. Si bien aún no trascendieron detalles de la misma, el objetivo sería poner en marcha una modificación integral del sistema. Primero se avanzará en cerrar la negociación paritaria, y luego se daría luz verde a la reforma.

En el mientras tanto, la oposición encabeza una lucha colectiva para frenar los cierres de escuelas y las diferentes reorganizaciones de cursos que, en algunos casos, despertaron la confusión e incertidumbre en todo el arco educativo provincial.

Al respecto, el diputado Castello señaló que toda la movilización se trata de un prejuicio, “sobre todo en los gremios que están aliados o muy identificados con el kirchnerismo, de que nosotros venimos a ajustar. Es todo lo contrario. Hay un prejuicio que les impide ver la realidad tal cual es. Cada medida que se toma la ven con una doble intención. Están muy sensibles y dicen cosas que no son”.

INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE: Quita de subsidios al área privada

La Dirección General de Cultura y Educación también avanzó en la reducción del 50 por ciento de todos los aportes destinados a Institutos de Formación Docente de gestión privada, pertenecientes al nivel superior. A raíz de ello, muchos establecimientos decidieron cerrar sus puertas, o eliminar cursos, ante la falta de fondos. Una de las víctimas fue el Arzobispado de La Plata, que puso fin definitivo al Instituto La Anunciación y, además, eliminó tres carreras que se cursaban en el Instituto Guido de Andreis, generando zozobra entre el centenar de docentes y alumnos que concurren a sus aulas. Desde el Ministerio de Educación argumentaron que “se destinarán esos fondos a cargos de docentes de escuelas públicas, sobre todo a los del nivel inicial. El Estado les pagaba a docentes de instituciones privadas, pero queremos privilegiar la educación obligatoria y que el dinero sea beneficioso para la pública”.

CIERRE DE COLEGIOS: Marcha atrás con las escuelas del Delta y sin cambios en las rurales

El anuncio del cierre de escuelas del Delta fue la medida que no sólo generó mayor polémica, sino que también encendió la alarma en todo el arco educativo y, por supuesto, en la oposición, acerca de otras medidas similares que se tomaban desde la Dirección de Educación. La noticia corrió como agua, y de inmediato se puso en marcha una campaña para evitar el cierre de las instituciones. Tal fue la magnitud de la resistencia, que la cartera que conduce Gabriel Sánchez Zinny debió suspender la medida. “Dialogamos con los involucrados y tomamos conocimiento de que las escuelas también cumplían con una función social. Por eso dimos marcha atrás”, dijo una alta fuente del ministerio. Sí se avanzó sobre las escuelas rurales de la Provincia. De los 3.100 establecimientos de estas características se decidió cerrar 38; de éstos, 23 no tenían alumnos y 15 contaban entre uno y dos asistentes. “Estamos priorizando a los alumnos. Aprender solo es muy difícil, por eso preferimos trasladar a esos chicos a otros establecimientos. La Provincia financia el transporte”, señaló la misma fuente. En principio, el gobierno bonaerense iba a avanzar en 39 instituciones, pero se desestimó el caso de la Escuela Rural N° 4 “Manuel Belgrano”, del solitario paraje Los Jagüeles, en Chascomús, debido al rechazo de la comunidad ante la falta de ofertas cercanas.

ESCUELAS ESPECIALES: Con la inclusión como objetivo y la incertidumbre de fondo

Por resolución del Consejo Federal de Educación se dispuso que todos los niños y jóvenes que cursen en escuelas especiales puedan, a partir de ahora, inscribirse en escuelas regulares y, así, recibir título secundario homologado para poder continuar sus estudios terciarios o universitarios, si así lo desearan. El objetivo principal fue, por supuesto, la inclusión. No obstante, esta medida, que fue replicada en la provincia de Buenos Aires, puso en alerta a la comunidad educativa de escuelas especiales, que temen perder sus empleos y, como consecuencia, que las instituciones cierren sus puertas. “Las escuelas especiales no van a cerrar”, repiten desde el ministerio. “Los padres podrán tomar la decisión acerca de la institución a la cual desean enviar a sus hijos, teniendo siempre en cuenta los intereses y la palabra de ellos”, afirman. Dependiendo de cada caso, podrán optar por anotarlo en una escuela especial, en una nominal o en ambas. “Cuando sea necesario la escuela del nivel (Inicial, Primario o Secundario) pedirá la intervención de los Equipos de Orientación Escolar o Educación Especial”, añaden.

CAJ – CAI: Si o si, adentro de la escuela

El diputado Juan Debandi (FPV) presentó un pedido de informes por el que intima al Poder Ejecutivo a aclarar un recorte del 50 por ciento de los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) y Centros de Actividades Infantiles (CAJ). Según expresó el legislador, son 436 los proyectos que serán implementados, cuando se presentaron 879 que cumplían con los requisitos dispuestos por las comisiones evaluadoras. “Lamentablemente vemos cómo, nuevamente, el gobierno de Vidal corta el hilo por lo más delgado y vuelve a atacar a la educación pública. ¿Se van a re-ubicar a los más de 2.000 docentes y talleristas que pierden su trabajo?”. Desde Educación aseguraron que “es mentira” que haya habido un recorte, sino que se modificó una de sus características, que es que los centros dependan de las escuelas y no funcionen fuera de ella. “Contener sin aprender no es suficiente. El programa debe estar integrado en la escuela para complementar el estudio”, argumentó una alta fuente de la cartera.

CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL: De Educación a Trabajo, un cambio de órbita que preocupa

Hasta ahora, los sindicatos, municipios y diferentes organismos firmaban un convenio con la Dirección General de Cultura y Educación para poner en marcha los Centros de Formación Profesional, en los que se capacita a mayores de 18 años en diversos oficios. Eso llegó a su fin. A la brevedad, estos acuerdos serán rubricados con el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y pasarán a denominarse “Centros de Formación Laboral”.

Esta modificación derivó en una preocupación por parte de las instituciones, que ven en peligro la continuidad de los cursos. Desde Educación aseguraron que “los sueldos seguirán dependiendo de Educación, mientras que las certificaciones dependerán de ambas carteras. Pero los contratos serán con el Ministerio de Trabajo, porque corresponden exclusivamente a área con salida laboral”. Al quedar bajo la órbita de Villegas “tienen más posibilidades de inserción laboral a partir de la firma de convenios con entidades empresarias”. El cambio entra en vigencia este año, a partir de la modificación de los convenios de los sindicatos, que se firmarán paulatinamente. No obstante, desde los gremios se mantienen en alerta y presionarán para que esto suceda.

BACHILLERATOS DE ADULTOS: Que cierran, que no cierran; las dos versiones sobre una resolución

La Dirección de Escuelas también avanzó con modificaciones en los Bachilleratos de Adultos. De acuerdo a la resolución se estableció que “los alumnos de 18 años o más, que requieran iniciar o finalizar sus estudios, primarios y/o secundarios, deberán concretarlos bajo las diferentes ofertas educativas dependientes de la Dirección de Educación de Adultos”, es decir, en los Centros Educativos de Nivel Secundario o a través del plan FINES.  El peligro que la decisión generó en la continuidad de los Bachilleratos de Adultos motivó la movilización de la comunidad educativa. Según anunció ATE luego de una reunión con las autoridades de la cartera, se decidió dar marcha atrás con la medida. Pero lo cierto es que no fue así. “Es un impasse, es lo único que pasó fruto de la lucha colectiva. Hasta que no haya una baja, no cantamos victoria”, señaló el diputado Juan Debandi, de Unidad Ciudadana. El legislador también advirtió que en la Provincia, sólo 56 distritos cuentan con CENS, y que el FINES se encuentra desfinanciado y supone una precarización de la labor docente. Desde el ministerio, por su parte, dijeron que la reorganización sigue en pie, pero que ello no implica un cierre de los bachilleratos: “Teníamos un sistema que no daba respuestas. En la Provincia hay 3.200.000 adultos que no finalizaron la escuela. Lo que hicimos fue reorganizar, no van a cerrar. Eso está en los medios. Estos cambios, además, nos van a costar más recursos, no menos. No hay recorte”.

Fuente La Tecla

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