Junín. lunes 28 de mayo de 2018
Semanario de Junín » Locales » 4 may 2018

MOCHILA TRIBUTARIA

Tarifas hot: el saqueo menos pensado

El aumento de las tarifas de servicios públicos y la inexplicable posición del oficialismo de defender al empresariado en perjuicio del ciudadano, dejó al descubierto una trama de impuestos provinciales y municipales que no hacen más que ir a “cajas políticas” para seguir solventando a una secta cada vez más ambiciosa e irresponsable. Show de tasas e impuestos ilegales.


Por:
Redacción Semanario

Tal como había advertido SEMANARIO en ediciones anteriores, el desorbitante aumento de tarifas de servicios públicos en todo el país golpea fuertemente el bolsillo de los trabajadores y específicamente en la provincia de Buenos Aires, los gastos correspondientes a energía eléctrica, gas natural y agua se llevan casi el 25% del sueldo mínimo de un asalariado.

Cada argentino tiene en su memoria la imagen triste de los saqueos explosivos de 2001, pero seguramente nadie imaginó que se darían de modo inverso con el gobierno legítimamente elegido, metiendo mano impiadosa en los bolsillos de buena parte del pueblo.

La alianza Cambiemos desde la llegada a la presidencia a través de Mauricio Macri, dejó de lado las promesas de gradualismo y aplicó fuertes incrementos en los servicios públicos que, sumados a la inflación, el estancamiento en el consumo y la lógica caída del poder adquisitivo, generaron un profundo malestar social que se denota en las encuestas que se llevan a cabo para determinar la imagen positiva (en franca caída) del primer mandatario.

A la aseveración oficial de la decadencia energética y la falta de inversiones durante el anterior gobierno, no se antepuso ningún tipo de debate, si bien hubo inversiones en esos tiempos y así se desprende en la página del Ministerio de Energía y Minería (http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3331) que puede ser consultado respecto a los períodos 2005/2012; 2013/2014 y 2015.

Por otra parte, el Gobierno Nacional apuró el bloqueo de cualquier traspié durante las audiencias públicas por tarifas, las cuales tampoco promovieron ninguna posibilidad de debate, transformándose en meras asambleas informativas.

Ante la embestida de los vecinos ahogados económicamente por las facturas de luz y gas, la gobernadora María Eugenia Vidal recurrió a eliminar impuestos que estaban en cierto modo “parasitando” los costos de los servicios, pero en ningún momento se promovió la transparencia e información de los costos de producción de gas y energía por parte de las empresas.

Entonces, caímos en la cuenta de que existen una serie de impuestos encubiertos que han venido desde hace décadas encareciendo los servicios y siendo destinados a erarios desconocidos que podrían estar sirviendo a fines meramente políticos, mientras que en otros casos los municipios -con el guiño provincial- han conformado cajas recaudatorias para paliar su ineficiencia financiera, inventado tributos ilegítimos, tal como indagó SEMANARIO al consultar a un especialista (ver recuadro “Show de tasas e impuestos ilegales”).

DERECHO CONSTITUCIONAL

Se denomina servicio público a la actividad que desarrolla un organismo estatal o una entidad privada bajo la regulación del Estado para satisfacer cierta necesidad de la población. La distribución de electricidad, el suministro de agua potable, la recolección de residuos y el transporte son algunos de ellos.

Bien sabido es que Grupo Junín es una empresa proveedora de servicios a nuestra ciudad y también es conocido que existe una causa en la que se investiga si dicha compañía servía de “caja de financiamiento política” para el anterior jefe comunal Mario Meoni y sus acompañantes en la gestión.

La recolección de basura y sus concesiones también resultó un importante tema de debate, si es que el oficialismo se aviene a representar al vecino y no a su líder político.

Del mismo modo, a nivel nacional y provincial, se hace indispensable por una cuestión de transparencia, determinar y debatir el costo de producción de cada kilowatt y cada metro cúbico de gas, porque las empresas prestadoras de servicio público no cotizan del mismo modo que lo hacen otras sociedades empresarias porque están brindando un bien indispensable para la vida de las personas, ya que en esta sociedad moderna no es posible sobrevivir convenientemente sin estos servicios.

Esta aseveración no es arbitraria sino que debemos recordar que la reforma constitucional nacional del año 1994 introduce entre otras figuras jurídicas una nueva rama del Derecho: el regulatorio. Se consolidan y adquieren rango supremo los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios.

La reforma constitucional consolida, también, el control de los monopolios naturales y legales, el de calidad y eficiencia de los servicios públicos, la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios y los organismos de control (art. 42 C.N.).

Pero de todo esto, nadie dice absolutamente nada.

DERECHOS DES-OTORGADOS

Teniendo en cuenta los marcos regulatorios de los que habla la Constitución Argentina, es que se esperaba un poco más de la clase política y no precisamente este avasallamiento de los derechos mencionados.

El partido opositor Unidad Ciudadana (UC) solicitó declarar la “emergencia tarifaria” en Junín con la finalidad de retrotraer aumentos en los servicios, además presentaron proyectos destinados a eliminar impuestos e incluso que el municipio hiciera rebajas en luz por ahorro generados por la incorporación de led y un 10% en las tarifas de gas eliminando el impuesto por futuras obras, habida cuenta de que no hay nuevas conexiones.

Los concejales oficialistas, por mayoría, fueron poco generosos para con los vecinos y neutralizaron el intento opositor. Trascartón liberaron el bolsillo vecinal para otorgarle unos 29 millones de pesos más a la empresa que realiza el asfalto en Circunvalación y en el camino al balneario porque se “alteró” el presupuesto original debido a la inflación. Dando con ello claras muestras de dónde depositan sus voluntades algunos de nuestros representantes.

En los fundamentos de la iniciativa llevada al cuerpo deliberativo por la UC, se instaba al intendente Pablo Petrecca a posicionarse en defensa de los ciudadanos y los actores productivos del Distrito de Junín, intercediendo ante Nación y Provincia para frenar “los incrementos tarifarios que se están volviendo letales para nuestra comunidad”.

El proyecto de emergencia tarifaria se fundamentaba en la evidencia de la imposibilidad de pagar estas tarifas por parte de un número cada vez mayor de familias, lo que se agrava con la mayor dificultad para acceder a la "tarifa social" que se instrumenta hoy desde las empresas.

Asimismo, se señala el perjuicio enorme que significa un aumento de esta magnitud para una economía con claros problemas por subconsumo. Esta nueva escalada en el precio de las tarifas no solo restará ingresos de los hogares que resentirán aún más su calidad de vida, sino que además se trasladará al sistema general de precios agravando la inflación, a la que el Gobierno dice combatir, dijeron.

También hablaba del concepto de pobreza energética, una situación singular en la que se encuentran los hogares que no pueden afrontar el costo o deben destinar una  porción crítica de sus ingresos a afrontar el costo de la energía.

Finalmente el proyecto de ordenanza se fundamentaba también en la ilegalidad de la fecha en que se decide el aumento del servicio de gas, puesto que estaba autorizado por audiencia pública para el 1 de mayo pero se aplica desde el 1 de abril, demostrando “una voracidad que no repara en violar ni las leyes ni las más mínimas normas de razonabilidad”.

AFÁN RECAUDATORIO

Tal como advertíamos, resulta peligroso que la secta política que no sólo se apodera de los municipios haya terminado “secuestrando” a la mismísima Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ya que tal como señala la Carta Magna bonaerense, los municipios fueron creados para administrar y no para hacer política, administrar los intereses locales y con el margen que la provincia y la Constitución les otorga y no más allá de eso. Pero pasa que las administraciones provinciales han sido tan malas o peores que las municipales y entonces la provincia con tal que los municipios no les pidan dinero ni participación, ha dejado que construyan un sistema impositivo propio donde cobra tasas ilegales por servicios que no brinda, no son de su injerencia o son réplicas de impuestos provinciales.

Y la gobernadora, que ahora elimina impuestos, también debiera prohibir los “tributos” municipales ilegales y si alguien se rebela, tendrá la posibilidad de denunciarlo ante la Corte Suprema bonaerense, ya que se trataría de un conflicto de poderes.

¿Lo hará?

Resulta difícil pensar que pueda desprenderse de esa ambición desmedida de satisfacer (como lo han hecho todos) su “caja política” en favor del amiguismo empresario y no de la ciudadanía, actitud que terminó dejando  al descubierto un sinnúmero de artimañas impositivas que cada vez han hecho más flaco el bolsillo de los saqueados tributadores.

Show de tasas e impuestos ilegales

El problema de los caminos rurales en Junín se ha transformado en un símbolo cuando se habla de la creación de “impuestos” municipales.

Por primera vez, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), realizará el 30 de mayo el Primer Simposio sobre Caminos Rurales, en la Sociedad Rural de Rauch, oportunidad a la que asistirán técnicos de organismos oficiales, intendentes, funcionarios y productores.

El encuentro servirá seguramente para desenmascarar otra serie de “impuestos” que cobran los municipios ávidos de ampliar “la caja”.

Juan Pedro Merbilhaá (foto), asesor en temas impositivos de Carbap, tendrá una participación en el evento a modo técnico profesional, con el objetivo de promover una acción constante frente a esta situación que significa estar pagando –en el caso de la tasa de Red Vial- otro impuesto inmobiliario dentro de la propia provincia.

Consultado por SEMANARIO, Merbilhaá explicó que “esta historia del mantenimiento de los caminos rurales arranca hace mucho tiempo, cuando algún gobierno militar le cedió a los municipios la atención de todos los caminos de tierra de toda su jurisdicción y no sólo las calles y caminos municipales como ocurría hasta ese momento”.

Añadió que “entonces apareció un tributo nuevo que fue la tasa por mantenimiento y mejoramiento de la red vial municipal, vulgarmente conocida como Tasa Vial y que de esa manera llevó a las arcas municipales más fondos, porque hasta entonces las calles y los caminos municipales se sostenían con el producido de la extensión de guías de traslado”.

Indicó el especialista que “por eso la tasa cobrada era ‘por cabeza’ de ganado ya que no era lo mismo la pisada de 100 reses que de 50 y hoy seguimos teniendo las guías por cabeza lo cual es una locura porque es como si nos cobraran impuestos por la cantidad de ejes de las carretas y entonces cobran por las guías mucho, muchísimo más de lo que cuesta prestar el servicio porque es una tarea de mostrador con costo casi cero y luego incorporaron la tasa vial poniéndola por hectárea, es decir, generando un nuevo y peor impuesto que el inmobiliario porque –en algunos casos- ni siquiera tienen en consideración la aptitud productiva de la tierra sino simplemente el número de hectáreas multiplicado por un monto unitario de un equis pesos por hectárea” quiere decir que si es una laguna o un bajo encharcado también se paga lo mismo.

TASA ILEGALES

Merbilhaá hizo hincapié en que “casi todas las tasas son ilegítimas. En el sector agropecuario hay municipios que cobran un derecho de construcción que no sólo es inconstitucional sino además ilegal porque las construcciones en los predios rurales dependen exclusivamente de la ley de Catastro 10.707 provincial, por eso siendo una mejora más es una jurisdicción y competencia regulatoria, legal y fiscal, exclusivamente de la provincia. Hay municipios que lo cobran y obligan a presentar planos y todo eso. Estas imposiciones municipales, además de ilegítimas son absurdas desde el punto de vista práctico”.

Siguiendo con los ejemplos que en mucho se emparentan con el municipio de Junín, el abogado dijo que “hay municipios que cobran seguridad, de bienes y personas, llamémosle ‘seguridad policial’, lo cual es una función indelegable del Estado y los municipios no son Estado, es una función de la provincia y por eso cuando se quiso crear la policía municipal se trataba de un disparate. Que haya una asignación de la policía de mayor presencia en una localidad determinada si, pero policía municipal no. Porque el municipio no tiene potestad para tener policía propia, es una función del Estado provincial”, recalcó.

Y agregó que “en ese sentido hay jurisprudencia y sentencia firme de la Corte de la Provincia de Buenos Aires declarando inconstitucionales las tasas por seguridad”.

Dijo además que “en algunos municipios las tasas urbanas de seguridad e higiene que se le cobraba a los comercios por la tarea real de control de inspección que evalúa a los comercios, ahora la cobran en función de una tabla relacionada con los ingresos brutos y con ello así como con la tasa vial se ha replicado el Impuesto Inmobiliario, con esta tasa de Seguridad e Higiene han replicado el impuesto de Ingresos Brutos y mucho peor aún, es que hay municipios que quieren imponer la tasa de Seguridad e Higiene a los productores agropecuarios, cuando se trata de actividades primarias que se hacen en predios privados cerrados. Por lo tanto un inspector municipal no puede entrar a inspeccionar un campo, si puede y debe hacerlo en un comercio urbano, una verdulería un supermercado, un salón de baile o restaurante”.

Argumentó además que hay comuna que “han comenzado a castigar con tasas diferenciales a las actividades agropecuarias intensivas, entonces en la zona sub rural de chacras o en los propios campos empiezan a calificar de ‘intensivas’ a producciones que no lo son como por ejemplo un haras, que por supuesto les llama la atención por la espectacularidad y los valores. Aplican entonces tasas absolutamente inconstitucionales”.

En la larga lista de ilegalidades Merbilhaá agregó “la del combustible, ya considerada inconstitucional y descalificada por la Justicia hace muchos años, tanto en Buenos Aires como en el interior”.

Puntualizó que “el desmadre no tiene límites y también algunos pretenden cobrar tasas sobre la salud y la educación que al igual que la seguridad, son funciones absolutamente indelegables del Estado que es la provincia y no los municipios.  La provincia les puede delegar algunas funciones o incluso otorgarle algunos fondos para ayudar al desenvolvimiento de seguridad, educación y salud, pero el municipio no puede cobrarle al contribuyente local porque ya le está cobrando a través de los impuestos provinciales” concluyó Merbilhaá.

PEDIDO DE INFORMES

Este “saqueo impositivo”, particularmente en los caminos rurales, llevó a la recientemente creada Asociación de Productores Junín (APAJ) a presentar una petición particular ante el Concejo Deliberante para que por su intermedio le pidan datos el Ejecutivo Comunal acerca de:

- Conocer la recaudación total durante el ejercicio 2017 de la Municipalidad de Junín, en concepto de Tasa de Red Vial Rural.

- Conocer la recaudación total durante el ejercicio 2017, en concepto de Tasa sobre la emisión de Guías para el traslado de Hacienda.

-Conocer los recursos que recibió la Municipalidad de Junín en concepto de descentralización del Impuesto Inmobiliario Rural durante el ejercicio 2017.

Los municipios no pueden cobrar impuestos pero sí una tasa por contraprestación de servicio que, en este caso y debido al estado que presentan los caminos rurales se ve claramente que no se lleva a cabo.

Los productores solicitan también:

-Conocer el monto total que fue afectado al mantenimiento de los Caminos Rurales del Partido de Junín durante el ejercicio 2017.

-Conocer, si lo hubo, el monto que no pudo ejecutarse para el mantenimiento de los Caminos Rurales durante el ejercicio 2017. Que pasarían para el 2018. Dado los excesos hídricos por todos conocidos, que seguramente impidió ejecutar todo el presupuesto.

Frente a este estado de indefensión, por lo general, los productores no están dispuestos a ir a una acción a largo plazo, en el tema de la tasa vial ha habido poco a poco un socavamiento del Derecho en favor de la política y sobre todo los jueces locales, de a poco empezaron a dar la razón a los municipios, porque el servicio es indivisible y lo deben pagar todos, acá lo argumentan al revés y como es indivisible lo pagan unos pocos y no vayan a querer dejar de pagarlo, porque ahí se aplica la indivisibilidad.

Esto ha ido desalentando a la gente a realizar acciones, no es que no haya fundamento jurídico, pasa que, esos fundamentos fueron corroídos por este tipo de deformaciones judiciales y políticas.

Si un juez falla contra el productor hay que ir ante la Corte y quien puede aguantar semejante trajín.

Hoy, generar acciones legales, por más que se tenga razón, se torna muy difícil de llevar adelante y a sabiendas de ello, se incrementa el abuso del municipio.

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