Luego de 12 años consecutivos como intendente de Lincoln, en diciembre de 2015 Jorge Fernández dejó su sillón en forma definitiva. Al abandonar el palacio municipal, no fueron pocos los trabajadores que aseguraron que “ahora tendrá que rendirle cuentas a la Justicia por todo lo que pasó acá”. Semanas después, se inició una exhaustiva investigación en la que se determinó que el otrora mandamás de Lincoln habría cometido una serie de ilícitos que irían desde la administración fraudulenta y la asociación ilícita hasta el enriquecimiento ilícito.

La denuncia fue llevada adelante por su sucesor Salvador Serenal, quien afirmó enseguida que los delitos fueron escandalosos. La causa, de 132 fojas, con abundante prueba documental y testimonial, aterrizó en la Unidad Fiscal N° 8 del departamento judicial de Junín, a cargo del doctor Javier Ochoaizpuro, quien ordenó la detención de Fernández, al igual que la de los funcionarios Walter Fernández, contador general, Mario Ruiz, secretario de Gobierno, y Silvia Mazaitez, tesorera.

Según relatan fuentes judiciales, la asociación ilícita creada entre los funcionarios llevó adelante más de 40 delitos comprobables, en los que inventaban proveedores y falsificaban facturas por servicios que nunca habían sido contratados por el municipio. Luego, la organización se encargaba de cobrar los cheques. Ya hay 39 hechos de corrupción comprobados y se investigan otros 41.

Era tal el desparpajo con el que actuaban, que en palabras de un investigador "por ejemplo, una de las facturas había sido emitida para pagar una compra de ladrillos, pero el CUIT del proveedor correspondía a una fábrica de chocolates".

No obstante ello, el Frente para la Victoria ha comenzado a hacer circular una solicitada en donde afirman que el secretario de gobierno Mario Ruiz “fue detenido de manera ilegal” y que es “un preso político de Cambiemos”.

En la misma, se afirma que Ruiz nunca participó en el proceso de pagos, ni en las compras, ni en las órdenes de pago por las que se encuentra detenido. Además, asegura que la firma que figura en los documentos es una falsificación corroborada mediante una pericia caligráfica. No obstante ello, la jueza a cargo de la causa, Marisa Muñoz Sagesse, negó el pedido de excarcelación y, en estos momentos, intervino el departamento de Delitos Económicos de Procuración. 

Fuente Realpolitik