La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires acumula pedidos de juicio político al ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, por comer una porción de torta que representaba la figura del cadáver de Jesús y era parte de una muestra de arte exhibida en la Feria de Arte Contemporáneo Argentina (FACA). En menos de una semana ingresaron cuatro proyectos que reclaman la remoción del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta y todos están relacionados entre sí: fueron presentados por abogados vinculados a la Corporación de Abogados Católicos. Uno de ellos, además, fue funcionario de la dictadura y la Alianza.

Avogadro, como ministro, participó de la feria artística como asiste a tantas otras, pero un vídeo en el que se lo ve probando la torta en cuestión llegó rápido a las redes sociales y encendió la polémica. El repudio de la Iglesia fue instantáneo y visceral. “Es un agravio al espíritu religioso”, rugió el arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, en una carta enviada a Rodríguez Larreta. En la misma misiva, el cardenal dejó en claro que, según su parecer, al funcionario porteño se lo ve “degustando alegremente el convite” y eso “confirma su adhesión al acto”.

El jefe de Gobierno pidió disculpas con otra carta dirigida a Poli y el ministro se pronunció en el mismo sentido con una publicación en Facebook. Pero el intercambio epistolar no logró bajar la espuma de la tensión. Horas después, se activó la embestida de los abogados católicos vinculados a la Iglesia y llovieron pedidos de juicio político por mal desempeño contra Avogadro. En total son cuatro y fueron redactados por los abogados Pedro Javier María Andereggen, Cosme María Beccar Varela, Juan Pablo Chevallier Boutell y el presbítero Xavier Ryckeboer.

Los matriculados están vinculados y adoptaron cierta fama en el pasado por pedidos de amparo o medidas, generalmente, relacionadas con los intereses de la Iglesia católica. En 2009, Andereggen, reconocido militante en contra del matrimonio entre homosexuales, pidió la nulidad de la sentencia que autorizó a casarse a Alex Freyre y José María Di Bello. Además, presentó una acción de amparo contra Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno, por no haber apelado el fallo de la magistrada Gabriela Seijas que habilitó el casamiento de los dos varones, luego frenado por la Cámara. Tres años después tramitó un nuevo recurso de amparo para frenar un aborto no punible que finalmente autorizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Beccar Varela, del estudio de abogados homónimo, preside la Corporación de Abogados Católicos y su familia, hace años, abrió las puertas de su estudio jurídico para albergar al tercer matriculado que presentó un proyecto de juicio político: Chevallier Boutell. Egresado del Cardenal Newman y graduado en la UCA, este abogado se desempeñó como superintendente de Seguros de la Nación durante la última dictadura militar y ocupó el mismo cargo en el gobierno de la Alianza. Su última experiencia en el sector público fue traumática: en 2001 la Cámara de Diputados cuestionó su designación porque “violaba” la ley de Ética Pública y, años después, fue expulsado durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Al asumir como superintendente, promovido por el entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, el abogado contaba con años de experiencia y vinculación con empresas reaseguradoras extranjeras a las que asistía desde el buffet de abogados Beccar Varela, como señaló el periodista Julio Nudler en Página/12. En ese mismo artículo se aclaraba que la Oficina Anticorrupción desconfiaba de la declaración de Chevallier Boutell, que mantuvo el cargo. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el funcionario salió eyectado de la Superintendencia tras prohibir que la aseguradora LUA La Porteña continuara emitiendo pólizas.

Chevallier Boutell embiste contra Avogadro aunque no oculta su adhesión al PRO: en 2015 se alistó en “Mundo de Ideas”, la remake macrista de Carta Abierta, nucleamiento de intelectuales en apoyo al gobierno de Cambiemos.

EL MECANISMO

La destitución por juicio político está regulada por el artículo N°92 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero su proceso es complejo y puede durar meses. Además, en el Gobierno no hay voluntad de avanzar con ese tema. A pesar del pedido público de disculpas, Rodríguez Larreta respalda al ministro Avogadro y el funcionario continuará en la gestión.

La Legislatura porteña, dominada por el larretismo, se divide en una sala acusadora –integrada por el 75% de sus miembros- y otra de juzgamiento, compuesta por el 25 por ciento restante. Si un pedido de juicio político prospera, la sala acusadora analiza el caso y la de juzgamiento dicta la sentencia, que implica la destitución y se logra con mayoría de dos tercios de los integrantes. Incluso, se puede fijar sobre el acusado una inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en la Ciudad por el período de 10 años, como recuerda explícitamente el proyecto presentado por Chevallier Boutell.

Sin embargo, todo indica que la embestida de los abogados ultra católicos contra Avogadro naufragará. Los cuatros proyectos ingresados por Mesa de Entrada Parlamentaria fueron elaborados por particulares y para que la iniciativa avance es necesario que alguno de los 60 legisladores porteños tome el caso y vuelva a presentar el expediente. En el bloque oficialista, por más que varios ediles cuestionan a sottovoce la actitud del ministro, nadie moverá un dedo y la oposición no tiene mucha intención de quedar pegada a la embestida de los abogados vinculados a la Iglesia.