"Recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) es lo mejor que podíamos haber hecho. A algunos les pareció apresurado, pero, viendo lo que pasó en el mundo, hay que ser necio para decir eso", sostuvo en conferencia de prensa el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en un intento de irradiar optimismo y tranquilidad ante los cuestionamientos de la oposición. La nueva deuda asumida por la administración que encabeza Mauricio Macri se suma a las medidas de ajuste apuntadas a reducir el déficit. El impacto de las últimas decisiones ha encendido luces de alarma entre los intendentes bonaerenses de distintos colores políticos, que ven cómo los achiques sacuden sus gestiones.

“Yo no soy optimista. Sé que no es una solución para el país. Nunca el sector financiero salvó al sector productivo”, advirtió el jefe comunal de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, al hacer una lectura de la última decisión económica del Gobierno nacional, que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la toma de un crédito por 50 mil millones de dólares con una duración de 36 meses y a cambio de un fuerte ajuste fiscal.

La expresión de desencanto del intendente peronista no es aislada. Además de sus pares partidarios, sus colegas oficialistas han expresado las dificultades que acarreará a los municipios la activación de medidas de ajuste.

Con un plan que incluye la vigilancia de las cuentas municipales por parte de la administración de María Eugenia Vidal y con un avance hacia el control político de las gestiones, sobre todo, de los mandatarios amarillos vía la adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal, el oficialismo ha tejido una encerrona que, según los jefes comunales, se potenciará con el ajuste que el gobierno provincial aplicará a partir del acuerdo con el FMI.

Los mecanismos son múltiples y diversos. En los últimos meses, Cambiemos desplegó una serie de medidas que, entre la tropa vidalista, congeló el debate político. La primera y más significativa fue la orden de adhesión al pacto fiscal, punto determinante para el giro de recursos.

Sin embargo, este beneficio está en jaque ante la advertencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de recortar los gastos destinados a infraestructura. La medida dejó en evidencia que no habrá asistencia del gobierno provincial a los municipios. “Las obras que estaban en curso no tienen inconveniente, pero sobre lo presentado nos dijeron que lo van a evaluar y que nos ayudarían siempre que tengan recursos”, señaló un jefe comunal de Cambiemos de la Cuarta sección, tras reunirse con representantes del gobierno bonaerense.

Las trabas en la transferencia de recursos para el desarrollo de obras se suman a la eliminación de impuestos en las facturas de servicios públicos. A mediados de mayo, el Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (Oceba) publicó la Resolución 167/18, que establece que las distribuidoras no podrán incorporar en sus facturas “conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica ni conceptos adicionales vinculados al servicio" con "excepción al alumbrado público". Con esta medida, las comunas tendrán que recaudar esas tasas por fuera de la boleta de luz, algo que, según varios intendentes consultados por este medio, afectará la cobrabilidad y, por ende, la prestación de los servicios municipales.

En tanto, en las últimas horas, la oposición presionó para modificar un proyecto de ley enviado por Vidal que, en línea con las medidas para eliminar impuestos de las facturas y reducir el impacto de los tarifazos, propuso disminuir el porcentaje que las administraciones locales reciben de las prestatarias de luz, agua y cloacas. Finalmente, el proyecto que votó la Legislatura establece que los municipios podrán “aplicar gravamen o derecho municipal que corresponda” a las empresas de servicios.

El último pedido que articuló la gobernadora junto al vicepresidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, fue que las comunas avanzaran con exenciones o reducción de tasas municipales a las pymes y pequeños comerciales, como un gesto para fortalecerlas en un contexto de crisis. La solicitud tuvo un efecto dispar en la tropa de intendentes vidalistas.

Mientras estas discusiones motorizaron encuentros partidarios entre los jefes comunales, a nivel nacional el Gobierno avanzó en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un fuerte ajuste fiscal. Ajuste que, por efecto dominó, impactará en el llano.

“Va a ser un desastre para las economías regionales”, analizó Santillán ante este portal y, a modo de ejemplo, apeló a la reforma previsional para pintar cómo cambió el escenario económico distrital: “Se calcula que el impacto que tuvo la baja en las jubilaciones es de 20 millones de pesos cada 10 mil habitantes, porque le dieron un 5% de aumento en la nueva tabla contra el 14% que hubiese correspondido con el sistema anterior de liquidación. Esos 20 millones de pesos desaparecen del mercado local”, explicó.

En este sentido, sostuvo que “el dólar a este precio no resiste” y enumeró que, en “el caso de los municipios, los proveedores no entregan mercadería porque no saben el precio”.

“Estamos al borde de que se rompan las estructuras sociales. Los municipios no podemos absorber más porque no nos dan los recursos", señaló ante el crecimiento de despidos en distintos puntos de la provincia. "Nos han transferido pilas de responsabilidades, pero no nos transfieren recursos. Encima, los que no adherimos a la ley de Responsabilidad Fiscal que exige el fondo no podemos tomar prestamos ni tomar leasing”, detalló Santillán y agregó: “Esto, para la economía regional, si la provincia no gira fondos, va a ser un caos, porque no vamos a poder contener la trama social”.

Aunque en reserva, el malestar por las últimas decisiones del Gobierno se hace sentir de igual manera entre los jefes comunales oficialistas. El eje de cuestionamientos tiene un punto central: la falta de recursos para atender las necesidades de la gestión.