Junín. martes 25 de septiembre de 2018
Semanario de Junín » Locales » 27 jun 2018

irregularidades en el SPB

Revanchismo en la U. Penitenciaria Nº 13

El oscuro submundo penitenciario, lleno de sospechas pero carente de esclarecimientos sobre presuntas prácticas corruptas. El caso del subprefecto Jorge Fermanelli, Subdirector Administrativo de la Unidad Penitenciaria N° 13, absuelto en febrero pasado en una causa por apremios ilegales. Agentes penitenciarios perseguidos, sumariados, maltratados y ninguneados.


Por:
Semanario

Aunque se dedique a negarlo, el Estado delinque todo el tiempo en las cárceles bonaerenses. Lo saben y lo denuncian organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Condiciones de detención denigrantes. Trabajo a cambio de miserias. Incitación al delito. Negociados. Torturas. Pero no solo lo “sufren” los internos, también los agentes penitenciarios son perseguidos, sumariados, maltratados y ninguneados por las altas jerarquías que mandan en los penales.

En Junín, el caso del subprefecto Jorge Fermanelli, hoy Subdirector Administrativo de la Unidad Penitenciaria N° 13, muestra a las claras la podredumbre de un sistema que, intervención mediante, no logra salir a flote, y condena a miles de agentes a condiciones de trabajo deplorables.  

A más de veinte meses de la intervención del gobierno de María Eugenia Vidal en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el malestar entre el personal administrativo que brinda servicios en la UP Nº 13 no se detiene.

Avasallados por no tener representación y estar regidos por un estatuto confeccionado durante la dictadura militar, los trabajadores del SPB siguen sufriendo cachetazos: además del escobazo que dejó a más de 1300 familias en la calle, de una ola de sumarios masivos y de traslados arbitrarios (despidos encubiertos), ahora persiguen a quienes continúan cumpliendo funciones en los penales.

Fuentes cercanas al Complejo Penitenciario Norte, que integran las tres Unidades de Junín, además de la Nº 3 de San Nicolás, la Nº 11 de Baradero y la UP Nº 5 de Mercedes, relataron a SEMANARIO que en los últimos meses, y amparado por el director de la UP 13, Prefecto Mayor Víctor Martínez, se dio vía libre al cuestionado Subdirector Administrativo Jorge Fermanelli, recientemente llevado a juicio oral por apremios y vejaciones, agravados por el cargo de funcionario público y jerárquico (ver QUIEN ES FERMANELLI), quien en su nuevo cargo irrumpió con una “persecución contra todos aquellos que pretendan negarse a comprar los elementos de trabajo; una de las medidas de apriete sería el sometimiento a no tomar francos compensatorios después de excederse en las horas de trabajo. Además de los feriados nacionales previstos en la Ley no serán reconocidos como tal, y sólo se podrán gozar si los trabajadores llegan al cupo de horas impuestas, desconociendo la legislación en la materia”, según el testimonio de un agente penitenciario que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, pero que aclaró que lo que más “preocupa es la complicidad de Víctor Martínez, el responsable máximo de esa dependencia. Nunca se vio una cosa así después de la dictadura. La gente siente mucho temor por Fermanelli y Martínez”.

Además, la “furia” de Fermanelli no se detiene frente al personal femenino que, según afirmó nuestra fuente, solo puede lograr algún tipo de privilegios “si accede a ciertas solicitudes” de los superiores.

En los últimos meses, innumerables medidas internas fueron motorizadas por Fermanelli, a través de memorándums internos abusivos y con el aval de su jefe Víctor Martínez, situación que genera desestabilización en el personal, honda preocupación por el futuro inmediato y una grave crisis administrativa

En rigor, los penitenciarios consultados por SEMANARIO  no dudaron en afirmar que la reincorporación de Fermanelli está teñida de “revanchismo”, y que se sustenta en una desafortunada declaración: “antes me temían los presos, pero ahora les toca a ustedes”, disparó el subprefecto ante el personal administrativo de la UP 13.

QUIEN ES JORGE FERMANELLI

El jueves 31 de julio de 2014, dos jefes de la Unidad Penitenciaria Nº 13 con asiento en Junín fueron detenidos, acusados de haber cometido apremios ilegales contra dos internos (Maximiliano Ariel  Beneitez y Fernando Castillo Soria), al golpearlos cuando entre ellos protagonizaron una pelea sobre el final del horario de visitas. Las detenciones de los imputados, el subprefecto Jorge Fermanelli y el alcaide mayor Héctor Romero, se concretaron por pedido del fiscal Sergio Manuel Terrón, titular de la UFIJ Nº 5 del Departamento Judicial Junín y con el aval de la jueza de garantías María Laura Durante.

Luego de prestar declaración indagatoria, los oficiales penitenciarios, jefe y subjefe de Vigilancia y Tratamiento de la UP 13, fueron excarcelados, imputados por “apremios ilegales agravados mediante el empleo de violencia”.

INVESTIGACION JUDICIAL

A partir de ahí comenzó la investigación judicial que buscó echar luz a lo sucedido el sábado 19 de julio, cuando a las 14.30, sobre el cierre del horario de visitas de la cárcel, los presos “protagonizaron un altercado verbal por la rotura de un termo”. En esas circunstancias y de acuerdo con lo denunciado, tanto por los mismos presos como por los familiares que se retiraban del lugar, los uniformados decidieron actuar.

Según consta en el expediente, “al advertir estas circunstancias, el personal de la guardia irrumpió violentamente efectuando disparos intimidatorios contra los nombrados, reduciéndolos instantes después y efectuando una intensa golpiza sobre Maximiliano Beneitez mediante utilización de culata de escopeta en la cabeza y otras partes del cuerpo por parte del Jefe de Vigilancia y Tratamiento, subprefecto Jorge Fermanelli, golpes con un palo por parte del Alcalde Mayor y Subjefe del Penal Romero y diversos golpes de puño y patadas por los restantes efectivos que acompañaban a los mencionados, entre los cuales se encontraban los Oficiales Adjutores (EG) Andrés Damiani,  Gonzalo López y Federico Beltrando”.

Según entendió el fiscal, “el interno Castillo Soria, al ver el sangrado profuso que salía del cuerpo de Beneitez, se arrojó sobre el mismo para evitar que siguiera la golpiza, siendo también agredido”.

La acusación  planteada por Terrón fue “Severidades, vejaciones y/o apremios ilegales a presos”, según lo establecido por el artículo 144 Bis, inciso 1, del artículo 142 del Código Penal.

Luego de reunir testimonios y otras pruebas sobre lo sucedido aquella tarde de julio, el fiscal Terrón imputó a Fermanelli y Romero, y a otros tres agentes penitenciarios.

JUICIO ORAL Y ABSOLUCIÓN

A fines de febrero de 2018, el Juez en lo Correccional  Jorge Cóppola absolvió a los cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados por el Ministerio Público Fiscal por “la aplicación del principio in dubio pro reo”, tal como señala el veredicto del 26 de febrero último.

Los imputados -finalmente absueltos- fueron Federico Beltrando, Rubén Damiani, Gonzalo Ezequiel López, Jorge Benedicto Fermanelli y Héctor Germán Romero, a quienes asistieron los abogados Darío De Siervo, Silvio Acerbo y Juan Lemos.

El magistrado, en sus conclusiones, destacó que “voy a limitarme a analizar, conforme las reglas de la sana crítica, si la prueba producida, en la audiencia de debate, tanto la receptada a través de la oralidad como la incorporada por lectura en los términos del artículo 366 del rito, resulta suficiente para dar por acreditado, conforme la descripción sostenida por la parte acusadora a la que debo ceñirme en mérito al principio de congruencia, el ‘factum’ esgrimido como causa de la pretensión del Ministerio Público Fiscal”.

Al referirse a la acusación representada por Sergio Terrón, el juez Cóppola advirtió: “No comparto en absoluto la manifestación del Sr. fiscal respecto a que ‘no se les cree porque son presos’. Quien suscribe (y lo hago extensivo a los señores defensores, porque los conozco y sé de su buena fe), tiene bien claro lo normado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y, siguiendo los lineamientos del mismo, he realizado la apreciación de la prueba siguiendo las reglas de la lógica y de la experiencia que dimanan del sistema adoptado por la normativa procesal. La inconsistencia y endeblez de los elementos en los que la Fiscalía sostiene su acusación, resulta palmaria y no responde, únicamente, al tiempo transcurrido”.

El magistrado describió respecto del hecho motivo del debate oral que “resulta indubitado que el 19 de julio de 2014 se suscita una pelea entre dos internos de la Unidad Penitenciaria 13, precisamente Maximiliano Beneitez y Fernando Castillo Soria, en el pasillo que conduce a sanidad, frente al SUM de visitas. Este incidente motiva la intervención del grupo de emergencia de la unidad, conformado por los escopeteros tácticos, quienes reconocieron que dispararon con posta de goma, previo ordenar a los internos que depongan su actitud, y al no responder a la advertencia”.

El Dr. Cóppola agregó en su fallo que “aludió el Dr. Terrón a una actitud corporativista del personal del servicio. No puedo descartar de manera tajante su conclusión, pero debo señalar que, de ser así, la prueba de cargo debió haber sido irrefutable para demostrar que el hecho ocurrió según la Fiscalía lo describe; y como quedó reflejado, los medios de prueba producidos distan mucho de ese resultado. Tampoco puedo descartar de plano la conclusión expuesta por el Dr. De Ciervo en el alegato, expresando que fue una confabulación urdida por tres internos intensos y con varias sanciones previas, para perjudicar a los jefes quienes no accedían a los beneficios que solicitaban. Hay indicios, anfibológicos por cierto, que permiten inferir, con un soporte razonable, esta hipótesis”.

“Esta situación -concluye Cóppola-, de duda razonable es en la que me encuentro luego del análisis probatorio. Considero que existe falta de certeza en relación a la configuración material del hecho conforme la descripción efectuada por el Ministerio Público Fiscal en su acusación. De consuno, corresponde aplicar, como derivación del estado de inocencia, el brocardo ‘in dubio pro reo’, como consecuencia directa del sistema acusatorio según el cual recae en el órgano acusador el ‘onus probandi’, es decir, la tarea de quebrar el estado natural de inocencia del cual, constitucionalmente, goza todo imputado. Por lo expuesto, en la inteligencia que no existe certeza positiva en relación a la existencia material del hecho descripto por el Ministerio Público Fiscal como causa de la acusación, por aplicación del beneficio de la duda, corresponde la absolución de los imputados. Así lo declaro por resultar mi sincera convicción”.

EL TEXTO ORIGINAL FUE PUBLICADO EL SÁBADO 23 DE JUNIO 2018 EN NUESTRA EDICIÓN IMPRESA  

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