Por: Semanario

El fiscal Jorge Di Lello pediría en los próximos días a la justicia provincial electoral la apertura del caso para determinar si Cambiemos hizo figurar a aportantes truchos de bajos recursos para la campaña de sus candidatos a legisladores en la provincia de Buenos Aires, listas que fueros encabezadas por Graciela Ocaña y Esteban Bullrich.

En tanto, en Junín se dio a conocer un listado de los aportantes a la campaña de Cambiemos en el orden local, en la cual pueden observarse profesionales, empresarios, comerciantes, abogados, productores rurales y en algunos casos quienes terminaron siendo funcionarios del gobierno municipal o se postularon al Concejo Deliberante.

El fiscal Di Lello realiza una investigación preliminar que se inició a raíz de una nota del periodista Juan Amorin, en El Destape, que reveló que Lucas Shaerer, de la organización social “La Alameda”, denunció que Cambiemos utilizó la identidad de al menos 205 personas titulares de los planes sociales “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja”.

Luego la lista se amplió a 467 personas, todas habitantes de barrios pobres en territorio bonaerense, lo que fue ratificado por el periodista ante el fiscal que atiende la causa y por el denunciante

La competencia para el fiscal es la provincial porque se trata de la campaña para elecciones legislativas en ese distrito.

El fiscal ya pidió con carácter de urgente a la Cámara Nacional Electoral "a fin de que informe si se encuentran afiliadas a algún partido político las 205 personas que aparecen resaltadas en el listado de aportantes a la campaña legislativa, llevada a cabo por la alianza Cambiemos del distrito de la provincia de Buenos Aires para las elecciones generales 2017".

Asimismo, requirió a la ANSeS con carácter urgente "un informe que contenga la situación de revista de las 205 personas que aparecen resaltadas en el listado de aportantes".

UNA COSTUMBRE SOSPECHOSA

La financiación de los partidos políticos corre sobre una línea delgada por la cual se puede derrapar y quedar en medio de maniobras para nada democráticas y que adquieren visos de enjuiciamiento penal.

La Ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos, data de 2006 y hace referencia al patrimonio, las campañas electorales, el control de financiamiento de campañas electorales y las sanciones relacionadas.

Fue promulgada en enero de 2017 y en su artículo cuarto señala nueve apartados para el financiamiento público, más otros cuatro de acompañamiento privado.

En materia pública está vigente para la obtención de recursos, lo que se denomina Fondo Partidario Permanente compuesto por:

1. a) el aporte que destine anualmente la ley de Presupuesto General de la Nación;
2. b) el dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta ley, y el Código Nacional Electoral;
3. c) el producto de las liquidaciones de bienes que pertenecieren a los partidos políticos extinguidos;
4. d) los legados y donaciones que se efectúen con ese destino al Estado nacional;
5. e) los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas y por último los aportes

En el primer mes de cada año, el Ministerio del Interior informará a los partidos políticos y a la Cámara Nacional Electoral el monto de los recursos que integran el Fondo Partidario Permanente al 31 de diciembre del año anterior. Ese monto, más los fondos asignados por el Presupuesto General de la Nación al Fondo Partidario Permanente, deducidos los porcentajes que indica el artículo anterior, serán los recursos a distribuir en concepto de aporte anual para el desenvolvimiento institucional.

Lo recaudado se reparte, según el artículo nueve, a través de un 20 por ciento de lo ingresado, en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos y el restante 80 por ciento, en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido al menos un número de sufragios equivalente al uno por ciento del padrón electoral.

El artículo 12 hace mención a la capacitación que deben prodigar los partidos a sus candidatos, destinando por lo menos el veinte por ciento (20%) de lo que reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación. Asimismo se establece que por lo menos un treinta por ciento (30%) del monto destinado a capacitación debe afectarse a las actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores de 30 años.

Pero como si con esto no alcanzara, el artículo 14 menciona que podrán recibir “financiamiento privado”, de sus afiliados, como así también donaciones de otras personas no afiliadas, aunque no podrán hacerse estas contribuciones de modo anónimo e impone algunas prohibiciones respecto a empresas que estén ligadas al juego y casos similares.

LA LISTA LOCAL

El listado de los “donantes” juninenses es variopinto, pero deja a las claras que se trata de una práctica que más allá de la legalidad, corre riesgo de teñirse de sospechosa, teniendo en cuenta la costumbre de la mayoría de los políticos de verse rodeados de un halo de corrupción hasta tanto se demuestre lo contrario y poniendo el carro por delante del caballo en lo que implica la carga procesal.

Sin que ello implique sospecha, en particular acerca de los que aparecen en la lista de aportantes a Cambiemos (el partido del que hoy se sospecha) para las elecciones de 2017, puede parecer indecoroso participar, tratándose de un comerciante o empresario, rural o urbano, ya que de ganar el candidato al que se le “dio el apoyo” lo estaría habilitando al aportante a reclamar algún beneficio a cambio del favor realizado en la precandidatura. Y si bien eso tal vez sea de imposible ocurrencia, nunca descansan los mal pensados.

Lo mismo estaría pasando en el caso de concejales, concejales suplentes, ediles futuros y/o funcionarios. ¿Acaso sería muy desmedido pensar que de algún modo un aportante podría estar además asegurándose un cargo en el municipio, en el caso de que su candidato resulte vencedor?

Indudablemente que la ley ampara este tipo de maniobras para el respaldo político en las elecciones y es notorio que sólo los partidos mayoritarios podrían obtener mayor recaudación, ya sea por contar con más difusión, mayor conocimiento de la situación y posibilidades ciertas de ganar.

Lo lamentable es que la corrección a la ley debiera ser promovida por los propios beneficiarios, algo que difícilmente suceda.

“Están todos igual”

Lucas Schaerer, el denunciante, destacó a la revista La Tecla que el financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales es una de las debilidades del sistema democrático, y añadió que es una de las preocupaciones del Papa Francisco.

“¿Por qué el Congreso aún no dijo nada respecto de Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor ‘Toty’ Flores?”, se preguntó Schaerer. Y respondió: “Porque lo que están haciendo es un pacto. Un pacto mafioso del silencio, porque están todos igual”, sostuvo el referente de La Alameda.

“Es una mafia, porque están ocultando de dónde provienen los fondos”, afirmó.

Sostiene que esos fondos “siempre vienen de la corrupción o de querer lavar plata del crimen organizado”.

“Lo que yo pude ver es que es gente muy pobre, gente que está muy dolida, porque los usan en su pobreza. Los usan para encubrir a toda esta mafia”, resaltó el dirigente.

Aclaración

Bajo el título “Supuesto robo de mis datos para uso político”, el asesor financiero Rubén Granados publicó en su cuenta de Facebook un descargo sobre la aparición de su nombre en la lista de aportantes a la campaña de Cambiemos 2017. SEMANARIO, con el consentimiento del profesional, reproduce sus dichos:

“Según una lista que anda circulando, entre otras personas se me nombra como supuesto aportante para la campaña de Cambiemos 2017. Quiero aclarar que más allá de tener mis ideales bien claros, jamás me involucré en política y nunca aporté ni aportaría fondos para ningún partido político. También les comento que me puse en contacto con un periodista capitalino, que está realizando una investigación judicial en donde supuestamente hay varios aportantes titulares de planes sociales; esta causa fue presentada ante el fiscal Di Lello. En mi caso, la idea es ver si puedo confirmar si realmente figuro en la presentación (real) realizada ante la Cámara Electoral de los aportantes para hacer la respectiva denuncia por robo de datos y posible falsificación de firma. Si esto es verdad, es muy triste que un partido político que supuestamente venía a cambiar la forma de hacer política haga semejante fraude”.

EL TEXTO ORIGINAL FUE PUBLICADO EL SÁBADO 30 DE JUNIO 2018 EN NUESTRA EDICIÓN IMPRESA