Los ministros de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; de Ambiente, Sergio Bergman; de Agroindustria, Miguel Etchevehere, y de Salud, Adolfo Rubinstein, hicieron una presentación conjunta sobre la aplicación de agroquímicos en Argentina, ante el avance de las críticas sobre una producción granaria drogadependiente que cada vez consume más agroquímicos y que por ende resulta más contaminante, al tiempo que termina con la vida rural, por la falta de mano de obra y condiciones insalubres para los seres humanos y el peligro que representa para el resto de la fauna y flora.

Desde los inicios de SemanAgro en SEMANARIO, hemos estado advirtiendo de estas jugadas promocionadas por las grandes corporaciones que producen los insumos para la producción de granos en nuestro país y están terminando con la ruralidad, tal como puede verse en los distintos censos poblacionales de los últimos 20 años.

Asimismo, la frecuencia de enfermedades de tipo cancerígeno y respiratorias se acrecienta en los pueblos del interior sin que nadie diga la verdad acerca de un sistema agropecuario que ha quedado realmente fuera de cuadro en el plano internacional y sólo beneficia los negocios privados, al tiempo que afecta sobremanera la salud poblacional.

Tal es la presión empresaria que esta semana cuatro ministros de la administración de Mauricio Macri -de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia y Tecnología- se mostraron juntos en una imagen absolutamente inusual, durante la presentación de una serie de principios y recomendaciones “sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios”.

El objetivo, según explicó el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, es “llevar seguridad a la población, tanto a las comunidades locales que conviven con la actividad agrícola como a todo el resto de los habitantes de la Argentina, que consumen los alimentos que se producen”, cuando se sabe que no hay seguridad porque se trata de agroquímicos venenos y ya su manipulación descontrolada genera inconvenientes.

 

SUFICIENTE EVIDENCIA

Eduardo Martín Rossi dedica buena parte de sus días a buscar evidencias incontrastables en los papers científicos que circulan por la Argentina y el mundo. Este año ha editado un nuevo compendio con casi 900 trabajos de divulgación científica que dan cuenta de los daños que causa el herbicida en todos los seres vivos, ya sean plantas, animales y humanos.

No son recortes periodísticos de medios desconocidos, son trabajos de laboratorio con nombre y apellido que por su seriedad lograron llegar a ser publicados en prestigiosas revistas dedicadas exclusivamente a la ciencia.

Incluso, en momentos en que Europa pone en duda la continuidad en el uso del glifosato, en nuestro país se lleva adelante semejante puesta en escena.

Dicha acción no es otra cosa que desesperación ante la ola incontenible que viene para seguir dando cuenta de la situación de envenenamiento que padecemos, por el abuso y descontrol en la utilización de productos químicos rociados sobre alimentos.

Los cuatro ministros hicieron una defensa cerrada del modelo agrícola y, en particular, del glifosato, cuya licencia fue renovada en noviembre por un período de cinco años por la Unión Europea (UE) por 18 votos contra nueve, en una decisión que tuvo en vilo a los productores argentinos por sus implicancias económicas.

 

POBRES ARGUMENTOS

Con argumentos de pobre peso específico, los funcionarios, enviados a “poner la cara” por los compromisos asumidos por el Presidente Mauricio Macri, dieron un espectáculo bochornoso, ante un auditorio preparado para la ocasión, nutrido de figuras con intereses económicos para que este desastre ambiental continúe.

“No desconocemos que las sustancias químicas que se usan en la producción agrícola tienen potenciales efectos nocivos, pero nada es completamente inocuo. Uno se puede morir hasta tomando agua en cantidad”, dijo el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, en este carrusel de sandeces y rodeado de la corte de inversores aduladores infaltable en estas presentaciones.

“La agricultura de hoy es tan dependiente de los fitosanitarios como la salud depende de los antibióticos. Y también los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales”, continuó entre risueño y soberbio quien fuera ministro de Cristina Kirchner y por sus relaciones afines lo sostuvieran durante la gestión Macri.

También enfático, Etchevehere rechazó los cuestionamientos, cuando dijo que los agroquímicos “bien aplicados, no causan ningún tipo de daños” y que “todo depende de la dosis y de la manera” en que se apliquen, a sabiendas del descontrol presente en el manejo agronómico y el incumplimiento permanente de las más mínimas normativas.

Una vez más el cuestionado dirigente ruralista, sin ninguna base científica que lo amerite y simplemente guiado por el más rancio espíritu productivo extractivista, insistió en su discriminatorio parecer para quien piense distinto, al afirmar que “entendemos que puede haber preocupación, pero no podemos guiarnos por afirmaciones ideológicas o militantes. Convocamos a una discusión con criterios científicos”.

Criterios científicos que convienen a sus intereses y no precisamente a la investigación científica independiente que se lleva a cabo en universidades y no en laboratorios coaccionados por las empresas.

Desde las organizaciones sociales y ambientales que llevan adelante la denuncia pública del impacto de los agroquímicos, sin embargo, no se confía en las intenciones oficiales.

El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a la agencia IPS: “Quieren simplificar la cuestión, calificando a nuestras afirmaciones como ideológicas y a las de ellos, como científicas. Es exactamente al revés”.

Viale agregó que “ellos son unos fundamentalistas del agronegocio y no están dispuestos a atender los estudios científicos que revelan que en la Argentina se está produciendo una tragedia ambiental por el uso de agroquímicos. Ahora, sólo buscan convalidar el modelo agrícola”.

La estructura constitucional de Argentina es la de un país federal, donde las regulaciones en materia ambiental están en manos de las provincias.

Por eso, el documento elaborado por un grupo de expertos convocados por el gobierno nacional contiene 12 principios y 23 recomendaciones para la aplicación de agroquímicos, que no son vinculantes y apenas constituyen “un marco orientador” para las autoridades subnacionales, como  lo llamó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.

 

LA CONSTITUCIÓN

En todo caso, la Constitución argentina también prevé que el Congreso Nacional dicte leyes de “presupuestos mínimos de protección ambiental”, que deben ser respetadas obligatoriamente por las provincias.

En ese sentido, el documento recomienda que se impulse una ley que declare “de interés para la Nación la adopción de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios” y que establezca criterios para todo el país.

Sin embargo, habrá que ir en busca de otras características del agregado constitucional de la reforma de 1994, cuando se incorporó el tema medioambiental a nuestra Carta Magna.

El presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Atilio Benedetti, integrante de la alianza gubernamental Cambiemos, se mostró favorable a que el tema sea ordenado por una ley nacional, pero es de esperar un debate arduo y no un “arreglo legislativo” para seguir castigando al ambiente de modo tal que nuestros hijos no puedan sobrevivir a él y nuestros campos queden plagados de maquinaria que se lleve el valioso humus que nuestros ancestros supieron defender.

En realidad, en el Congreso existe ya desde al año pasado un proyecto de ley de agroquímicos presentado por el opositor Fernando Solanas, que es presidente de la comisión de Ambiente del Senado, pero difícilmente se irá por él. Precisamente Solanas presentó hace unos meses su filme “Viaje a los pueblos fumigados”, un documental que da cuenta de lo aterrador y espeluznante que puede resultar seguir con estas técnicas de producción de alimentos.