El concejal local de Cambiemos, Juan Carlos Tolosa Rossini, estaría percibiendo ilegalmente dos sueldos del Estado, según lo denunció hoy el portal “Real Politik” en su página web.

El medio periodístico, que ha sabido sacar a la luz otras irregularidades del administrador comunal de Junín y se ha hecho eco de denuncias de SEMANARIO, en esta oportunidad señala que “el gobierno de Pablo Petrecca pareciera no encontrar sosiego” y expuso “la situación fraudulenta en la que se encuentra su alfil en el Concejo Deliberante, Juan Carlos Tolosa Rossini, quien percibe ilegalmente dos sueldos del estado”.

Según la investigación “con la conformación del frente Cambiemos, Tolosa Rossini, abogado especializado en la temática ambientalista, quedó encolumnado detrás del actual jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, inicialmente siendo designado a cargo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Luego, en febrero de 2016, fue trasladado al Centro de Referencia (CDR) del ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Carolina Stanley, mientras que en 2017, gracias a las buenas migas que supo generar con Petrecca, Tolosa Rossini encabezó la nómina de concejales de Cambiemos. A partir de entonces, siguió ejerciendo ambos cargos, aunque sin renunciar a ninguno de los dos sueldos”.

PRUEBAS

Según los datos de la ANSeS a los que el medio tuvo acceso, “desde 2017 efectivamente Tolosa Rossini cobra dos salarios. El primero, por su desempeño como titular del CDR regional, gracias a lo cual percibe 45 mil pesos mensuales. El segundo, por su labor como concejal, donde, según la página oficial del gobierno juninense, cobra 28.085,94”.

Según “Real Politik”, en el intento de desviar la atención, Tolosa Rossini publicó en su cuenta de LinkedIn que las tareas desempeñadas en Desarrollo Social solo se extendieron hasta marzo de 2018, lo cual es desmentido categóricamente por las bases de ANSeS difundidas en este artículo.

Finalmente señalan que “el accionar del hombre de confianza de Petrecca no sería posible sin la participación de la parte legal, para evitar confrontaciones internas”.