La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció un "récord histórico" de detenciones en la provincia de Buenos Aires, con un aumento en los casos de flagrancia y juicios abreviados y de los niveles de hacinamiento en cárceles y comisarías.

El organismo presentó ayer su 12° informe anual, en el que además de denunciar un hacinamiento de casi 100% en las cárceles provinciales, da cuenta de un aumento en el número de detenciones "arbitrarias". Según los números, en 2017 se detuvo a 39.765 personas. De ese total, solo el 10% tenía orden judicial previa, mientras que el 90% "la policía detuvo mediante flagrancia, que luego fue confirmada por el Poder Judicial".

"Arbitrariedad para detener, automaticidad para convalidar y velocidad para condenar son las tres prácticas combinadas del Poder Judicial y las fuerzas policiales que han llevado a este récord de la tasa de encarcelamiento", señaló la CPM.

Según el organismo, las detenciones por flagrancia aumentaron un 30% en los últimos cinco años. En ese mismo tiempo, el juicio abreviado creció un 42% y representa el 73% de las sentencias dictadas en la provincia. Además, se sostuvo que el 54% de las personas están detenidas con prisión preventiva.

En otro punto del extenso informe, el organismo presidido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, advirtió sobre los altos niveles de sobrepoblación en cárceles: en diciembre de 2017, 38 mil personas se encuentran alojadas en las 50 cárceles y 12 alcaidías, en donde existen 20 mil plazas. "Esto representa también un récord histórico de sobrepoblación: 91%, 20 puntos más que en 2016", se indicó.

El informe también hace foco en el "alojamiento masivo de detenidos en comisarías", dando cuenta que unas tres mil personas ocupaba en 2017 1.040 camastros. "La sobrepoblación se mantiene desde mayo de 2016 por encima del 100% y con una tendencia en aumento que entre mayo y diciembre de 2017 alcanzó valores cercanos al 200%", sostuvo la CPM.

Por otro lado, el informe del organismo denunció que en 2017 se registraron 16.300 casos de torturas o tratos y penas "crueles, inhumanos y degradantes". En este ítem se da cuenta de desatenciones en las condiciones sanitarias: "La salud penitenciaria atraviesa una crisis gravísima que provoca gran cantidad de muertes por enfermedades no atendidas", se sostiene.

En tanto, la CPM denunció la existencia de un "sub registro" en los casos de muertes dentro de las unidades penitenciarias, a raíz de la falta de datos oficiales al respecto. Además, se indicó que el año pasado hubo 121 muertes por uso letal de la fuerza, un 11% más que el año anterior.

Finalmente, el informe destaca la falta de aplicación efectiva de la Ley de protección integral de la niñez: "Solo 40 de 135 municipios han conformado el Consejo local de niñez y adolescencia, y casi la mitad de los municipios no tienen programas propios para niños, niñas y adolescentes", se informó.

De acuerdo a los datos del organismo, el 5,3% de los detenidos en centros cerrados sin jóvenes no punibles, de entre 13 y 15 años. "Asistimos a la profundización del proceso de carcelización de estos centros para jóvenes mediante la creciente incorporación de los agentes penitenciarios e implementado un modelo de máxima seguridad, por sobre el modelo resocializador, a partir de la reproducción de prácticas heredadas de las fuerzas represivas, y arraigadas en la cultura institucional de las cárceles para adultos", se denunció.

"El informe de la Comisión es para que el gobierno provincial revierta esta política de crueldad y sufrimiento. Se vuelca cada vez más presupuesto a seguridad, relegando otras áreas; se llenan las calles, ahora con 12 mil nuevos policías, pero la militarización del territorio no es seguridad para nadie", sostuvo Pérez Esquivel.

Polémica comparación

El informe fue presentado en el anexo del Senado bonaerense por Pérez Esquivel junto a todos los miembros del organismo, entre los que se encuentran Roberto Cipriano García, el padre "Pepe" Di Paola, Dora Barrancos, Víctor De Gennaro, Luis Lima y Carlos Sánchez Viamonte.

También se hizo presente el Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, representantes de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, y representantes del Mecanismo nacional de prevención de la tortura.

Durante la presentación del trabajo se difundió un video que causó polémica, puesto que se compara al presidente Mauricio Macri con Adolf Hitler, Donald Trump y Osama Bin Laden.

El trabajo habla de la "Doctrina de las nuevas amenazas", y se sostiene que se utiliza al "terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia" como método para controlar a la sociedad a través de mayor represión.

En ese marco, mientras una voz en off habla de nuevas "guerras", se suceden imágenes de Bin Laden, Hitler, Trump, el primer ministro francés, Emmanuel Macron, la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente Macri.

Más adelante, el video muestra a Macri junto al policía Luis Chocobar, acusado por matar a un delincuente por la espalda durante una persecución, y otras escenas de represión. También se relevan declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, sobre la cantidad de detenidos en cárceles y comisarías.