viernes 29 de marzo de 2024

LOCALES | 17 ago 2018

La trama detrás del remate judicial del ‘Edificio Elo’: Una estafa de gran altura

Teléfono para la Justicia. Para la AFIP. Para los gobernantes en general. Decenas de vecinos resultaron estafados, sorprendidos en su buena fe, y nadie reclama por ellos. Que no sea otra historia, como las que riegan la historia argentina, en la que los ‘malos’ otra vez triunfan. Un informe con el sello de Semanario.


Por: Semanario

El remate judicial del edificio en construcción ubicado en General Paz 329, casi avenida San Martín, dejó al descubierto una serie de complicidades, protecciones, negociados turbios y sobre todo, decenas de damnificados que ya habían cancelado el precio total de un departamento.

El proyecto nació entre turbulencias, allá por el año 2008. Según cuentan, llegó de la mano del entonces secretario de Obras Públicas, el arquitecto Agustín Pinedo, junto a otro renombrado juninense de apellido Maggi. Con todas las cartas a favor por esta cercanía con el poder político local que ejercía el ex intendente Mario Meoni, las cosas arrancaron como para hacer el edificio más moderno y memorable de la ciudad.

Y así lo vendieron, a través de la inmobiliaria Meli Propiedades. Empezaron a ofrecerlos y a cobrarlos desde antes de poner el primer ladrillo. Una compra “al pozo”.

El primer síntoma de que el castillo de naipes, de 4600 metros cuadrados, se derrumbaría estuvo dado cuando, a pesar de todo el poder concentrado, surgieron voces contrarias desde la Asociación de Arquitectos y desde la oposición del Concejo Deliberante, cuando se intentaron agregar dos pisos más, contrariando la legislación vigente.

Allí la construcción se paralizó. Fue en 2010. Y así permaneció hasta ahora, cuando los primeros días de julio fue rematada por orden judicial.

Todos los precios, los actores y los detalles más increíbles de una historia de estafa, con el sello de SEMANARIO.

LOS ORÍGENES

Allá por los inicios, hasta la UOCRA estaba en plena felicidad por una obra de semejante tamaño en el centro de la ciudad, que sería responsabilidad de la empresa Elo Construcciones y contrataría mano de obra local.

Proyectaba un edificio de 12 pisos, con departamentos de 2, 3 y 4 ambientes y detalles de calidad tales como climatización inteligente, bauleras, aberturas con doble vidrio y cámaras de aire, SUM, gimnasio, cocheras, bauleras y pisos de porcelanato. Además, locales comerciales.

Hasta que llegó el momento en que los nubló la ambición: quisieron ir por más metros vendibles hacia arriba, algo que fue objetado por la Asociación de Arquitectos. Desde allí surgió la inquietud de transgredir la normativa vigente, ya que más pisos no estarían permitidos por las ordenanzas vigentes que regulan el F.O.T. (relación del total de la superficie edificable y la superficie total de la parcela).

Si bien el municipio sólo debe controlar que la obra se desarrolle según los indicadores vigentes, en este caso, el propio ex secretario de Obras Públicas, Agustín Pinedo, era quien se encargaba personalmente de cualquier problema con vecinos y siempre fue sindicado como uno de los responsables de la construcción.

En el plano político, este reclamo de los arquitectos fue tomado por los entonces concejales Adrián Feldman y la miguelista Magdalena Ricchini, quienes realizaron distintas presentaciones y expusieron el tema en sociedad.

Este asunto cobró tanta repercusión, que trajo aparejada la parálisis de las obras. Nunca más volvieron a poner un ladrillo y lo que se llevaba hecho, fue deteriorándose con el paso del tiempo.

EL CONFLICTO

En el camino, no hubo demasiada información, ni siquiera a los compradores de unidades, sobre lo que estaba sucediendo.

Pasaron los años y se llegó así a 2018, cuando la orden judicial fue clara: se debía concretar un remate.

En la causa caratulada “Landaike S.A. y otro s/ ELO Construcciones, sobre ejecución hipotecaria”, la jueza interviniente –titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 67-, anunció el remate que se concretó el pasado 4 de julio, en Capital Federal. Contó con la participación del martillero Alejandro Juan José Ibáñez quien, entre gastos y comisiones, al final del proceso se alzó con la jugosa suma de $489.024.

El remate se hizo con una base de 800 mil dólares, y el comprador debía hacerse cargo de las deudas: tasas municipales ($ 94,557 y $ 14.057) y ARBA ($ 180.146).

Finalmente, los compradores abonaron 1.440.000 dólares, y se trató de la sociedad denominada Servir’C S.A. Según el comprobante del total de la operación, se trata de $40.752.000, considerando un dólar a 29.10, con la alícuota de 0.012 por mil que corresponde a la Acordada de la Corte que figura en la liquidación.

Para hacerse presente en el remate y resolver la compra, su presidente Liliana Delia La Grotta dio un poder a nombre de Alejandro Pablo Marty Heguy, un empresario que estuvo casado con Ana María Walker, una de las propietarias del negocio de ropa GH. El nombrado sería socio de Gaspar Bergamini, reconocido financista local, que opera desde una vivienda de calle Saavedra.

GRAN SORPRESA

El proceso parece el habitual. Pero los damnificados (o sea, quienes compraron un departamento que nunca tuvieron) están juntando firmas para radicar una denuncia conjunta por “estafa”. Y van por todo: contra el municipio, la empresa constructora, la inmobiliaria que los comercializó y hasta los que se quedaron con el edificio representando una S.A.

Según los testimonios recogidos off de record, “en el remate y para sorpresa de todos, los compradores resultaron Alejandro Pablo Marty Heguy y Gaspar Bergamini. Lo compraron con un poder de una S.A. de una empresa, con la presencia de un dirigente radical que sería una especie de testaferro”.

“Escuchamos que iban a comprar también, con un acuerdo tácito de palabra, junto a un ‘pirata del asfalto’. Después del remate sé que hubo agresiones entre ellos”, detalla una fuente consultada, que figura entre las víctimas que buscaba una casa propia.

El testimonio recogido por SEMANARIO da cuenta que “durante mucho tiempo se trató de armar un fideicomiso para terminar el edificio, trámites en el que Marty Heguy y Bergamini se cortaron solos y metieron a esta empresa, con fondos de dudosa procedencia”.

“La cuestión es que a los compradores de buena fe nos dejaron afuera, que habíamos comprado boletos en pozo. Fue en 2009, 2010 y 2011. Intervino la inmobiliaria Meli Propiedades y la hipoteca se hizo alrededor de 2011. El acreedor hipotecario ejecuta la hipoteca este año”, explica.

UNA GRAN SUMA

Según lo que saben los compradores, se trata de alrededor de 18 personas juninenses que “habíamos comprado y pagado la totalidad del boleto. Cada propietario pagó el total, que en su momento fue de alrededor de 150 mil dólares por cada departamento, como es el caso del que Meli le vendió a Stella Papa, reconocida comerciante local. Muchos oscilaban en un promedio de 100 mil pesos”.

A raíz de las maniobras, cuenta el vecino que “por ahora no realizamos ninguna presentación, pero vamos a hacer una denuncia por estafa, para lo cual se están juntando firmas”.

SIN SOSPECHAS

Además, los perjudicados en esta historia aseguran que “lo más llamativo es que en una subasta judicial compró el edificio gente de Junín que tiene una ‘cueva’, que operan en la clandestinidad, con una inversión no menor porque estamos hablando de un millón y medio de dólares”.

“Desde la AFIP no pasó nada, aunque todo el mundo se enteró de Junín pero siguen operando en forma habitual. El caso tomó estado público, era un remate judicial y no hay repercusiones en ningún organismo, tampoco la Justicia investigando”.

Con respecto al municipio, aseguran que “las versiones indican que un departamento le quedó al funcionario de turno que en su momento quería habilitar la construcción de un piso extra”, que finalmente no se aprobó.

Teléfono para la Justicia. Para la AFIP. Para los gobernantes en general. Decenas de vecinos resultaron estafados, sorprendidos en su buena fe, y nadie reclama por ellos. Que no sea otra historia, como las que riegan la historia argentina, en la que los ‘malos’ otra vez triunfan.

Cerrado

En los últimos meses, antes del remate judicial y por el reclamo constante de los vecinos cercanos al edificio ubicado en General Paz, entre avenida San Martín y Alem, el municipio decidió tapialar la entrada para evitar accesos nocturnos.

Además, se hacían inspecciones y se pudo comprobar que bajo los chapones del edificio se escondía gente.

También ingresaban desconocidos que se llevaron muchos elementos de la construcción, e incluso podían verse trepar los pisos, por escaleras sin contención, alumbrando con sus propios celulares.

Muchos vecinos sufrieron el vandalismo: amanecían con cascotes en sus patios, muchos techos resultaron con agujeros, por los ladrillazos que recibían de parte de los ‘visitantes’.

El edificio de mayor lujo que iba a tener la historia juninense se había transformado en un aguantadero de delincuentes y traviesos.

Hasta el agua cobraron

La delegación que acompañó las visitas al edificio, encabezadas por el martillero Alejandro Juan José Ibáñez, a fines de junio, no perdonó ni hasta el agua mineral que consumieron, a pesar de la jugosa comisión con la que se encontrarían al final del proceso.

Los encargados durmieron en el Hotel Copahue, almorzaron en el restaurante Andy y cenaron en Milo, aunque como llegaron pasado al mediodía también facturaron hamburguesas de Don Nino y hasta cobraron dos cafés y el combustible en el Automóvil Club Argentino. De paso, también se compraron agua mineral sin gas y tampoco perdonaron el gasto.

Boleto del remate judicial celebrado el pasado 4 de julio

Poder a nombre de Alejandro Pablo Marty Heguy

Rendición de cuentas del martillero Alejandro Juan José Ibáñez 

 EL TEXTO ORIGINAL FUE PUBLICADO EL SÁBADO 11 DE AGOSTO 2018 EN NUESTRA EDICIÓN IMPRESA   

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