Por: Semanario

Bastaba con un compromiso firme, que saliera a la luz el tema y ahora sí… todo empezó a moverse.

Después del remate judicial realizado del edificio de General Paz 329, entre avenida San Martín y Alem, y a partir de algunos descubrimientos que tomaron luz a partir de la investigación de SEMANARIO, publicada en la edición impresa del sábado 11 de agosto pasado, parece que a la Justicia no le quedará otra opción más que intervenir, para proteger a los 18 –o más- compradores que fueron estafados en su buena fe.

En las últimas horas, muchos se animaron a contar lo que pasó y lo que saben. Muchos salieron del temor y parece que le harán frente a lo sucedido, en esta trama intrincada de complicidades, responsabilidades y mucha plata en el medio.

La edificación había sido ideada y soñada allá por el 2008, de la mano del entonces secretario de Obras Públicas del municipio meonista, Agustín Pinedo, y su socio Hugo Maggi, quien participaba junto a su esposa e hijos. Iba camino a transformarse en el edificio emblemático de la ciudad.

Pero por una serie de factores, la obra se paralizó cuatro años después, en medio de una batalla de intereses desatada en torno al respeto por el FOT (relación del total de la superficie edificable y la superficie total de la parcela), según las normativas vigentes. Los constructores querían hacer dos pisos más.

El proyecto contemplaba 12 pisos, con departamentos de 2, 3 y 4 ambientes y detalles de calidad tales como climatización inteligente, bauleras, aberturas con doble vidrio y cámaras de aire, SUM, gimnasio, cocheras, bauleras y pisos de porcelanato. Además, locales comerciales.

A través de la Inmobiliaria Meli Propiedades, los departamentos comenzaron a venderse: se ofrecían y se cobraban aún desde antes de iniciarse la construcción. Una compra denominada “al pozo” por mucha gente que quería conseguir su lugar allí, y muchos otros que vieron la posibilidad de una gran inversión.

QUÉ PASÓ

Mientras se paralizaba la construcción por la discusión planteada en torno a los dos pisos “extras” que pretendían comercializarse, la familia Maggi seguía buscando fondos para sostenerse.

La empresa Landaike S.A., una de las aportantes, llevó a remate judicial que se concretó el 4 de julio de este año. La causa fue iniciada a “ELO Construcciones”. El remate se hizo con una base de 800 mil dólares, pero los compradores convinieron en abonar 1.440.000 dólares.

Según quedó demostrado en la investigación de SEMANARIO, la compradora es la sociedad denominada Servir’C S.A., que pagaría $40.752.000, considerando un dólar a 29.10, con la alícuota de 0.012 por mil que corresponde a la Acordada de la Corte que figura en la liquidación.

Pero, en las últimas horas, se aclaró el panorama: no es que esta firma compró. En realidad, aportarían el nombre legal como testaferro para que los juninenses Gaspar Bergamini y Alejandro Pablo Marty Heguy (alias Paul) pudieran hacerse del edificio en forma legal, dado que ellos no podían hacerlo personalmente porque no tendrían los fondos necesarios en blanco.

SE VIENE

Los 18 compradores ya lo han decidido: radicarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, por “Estafa”.

Pero ya abrieron otro frente de investigación: la AFIP, a partir de una denuncia efectuada en la sede capitalina de este organismo recaudador que siempre está tan atento a los movimientos de cualquier vecino, pero parece que no puede distinguir elefantes dentro de un Fiat 600.

Tampoco se hizo eco de toda esta situación el Colegio de Martilleros. A nadie, nunca, le pareció sospechoso que Maggi estuviera al frente de semejante inversión siendo apenas un monotributista.

LA MANIOBRA

Tras el inicio del proyecto, la comercialización de estos departamentos céntricos respondía a un procedimiento consensuado. La constructora ELO le vendía departamentos a gente de la zona y las ventas eran manejadas por María y Agustina Maggi, las hijas del fallecido Hugo, hermanas de Luciano.

Una vez desaparecido el padre, al parecer las hermanas se dirigieron a la financiera de Gaspar Bergamini y Alejandro Marty Heguy –ubicada a pocos metros de la AFIP Junín- y allí firmaron un documento en blanco, a cambio de que ellos le dieran dólares, que correspondían al saldo a pagar de departamentos de compradores que vivían en la zona.

Habían llegado a un arreglo para saldar la deuda: que los compradores le pagarían los saldos directamente a Bergamini y Heguy. No tenían un poder, pero había un acuerdo de palabra.

La situación se complicó porque antes de las fechas de vencimiento de las cuotas, las hermanas Maggi iban a cobrarles a esos compradores a la zona, entonces Paul Heguy y Bergamini esperaban pagos que nunca llegaban. O sea: su financiera le había prestado mucha plata a los Maggi, que no podían luego recuperar.

Por eso, la firme convicción de los damnificados es que ellos vendieron ese documento en blanco a la firma. … y ahora lo van a ejecutar en contra de las hermanas Maggi.

De paso, podían quedarse con tan ansiado edificio, pero para esto necesitaban una empresa que tuviera la plata en blanco, como testaferro. Así fue como Servir’C S.A. firmó un poder a nombre de Marty Heguy, para que participara del remate judicial.

Este dúo realizó el primer depósito exigido del 30% del valor total de la propiedad y tenían hasta ayer como fecha límite para efectuar el pago total acordado por la propiedad.

MUCHAS DEUDAS

Las Maggi tenían deudas por todos lados. Habían firmado una hipoteca a favor de Landaike S.A., también figuran la Mutual de Ascensión y una financiera denominada BZB (Brassara, Zanotti y Bilos).

“Los compradores nos sentimos usados porque esto tenía solución. Quedaba más del 30% de los departamentos a vender, así que se llegó a ejecución por desidia”, aseguran hoy, tiempo después transcurrido.

En este marco, uno de los esposos de las hermanas Maggi, el abogado Aresani, tuvo un papel preponderante a través de su socio, Santiago Bertamoni, el lobo cuida ovejas en el Ministerio de Trabajo local.

Desde allí, se impidió que se llegara a un acuerdo para un fideicomiso.

Lo que todavía ignora el abogado es que su esposa y su cuñada aceptaron firmar ese pagaré en blanco a los financistas Bergamini y Marty Heguy. Ni la más fervorosa imaginación puede entrever lo que vendrá.

LOS DAMNIFICADOS

En medio de toda esta historia hay mucha gente de buena fe que gastó ahorros y vendió propiedades para comprar un departamento céntrico, en lo que sería un edificio modelo, y pagó hasta 200 mil dólares para quedarse con nada en la mano.

Ahora, con denuncias cruzadas y si se practican las investigaciones de rigor, es posible que haya una luz de esperanza para los 18 –o más- damnificados. Y que puedan recuperar su inversión.

Comprobantes del primer depósito exigido del 30% del valor total de la propiedad