Por: Semanario

A uno de cada cuatro habitantes de la Argentina no se les respeta el derecho constitucional de una vivienda adecuada. Es un estado de emergencia que resiste y se afianza.

La cuestión del hábitat humano en Argentina y en especial en territorio bonaerense es un problema que lejos de subsanarse con el correr del tiempo, se agrava. Este problema no es sólo de vivienda, sino además de falta de la infraestructura básica que esas viviendas necesitan.

En nuestro país el acceso a la vivienda digna y propia no se concibió como un derecho universal que el Estado debe garantizar, sino una especie de lujo regulado por el mercado, de cierta clase media próspera, en otros tiempos de nuestro país. El resto debe arreglarse como pueda. Los planes estatales no deberían correr detrás del problema sino ser una política de Estado que a través del tiempo aborde cada solución habitacional en el momento que sea necesaria.

Ahora bien, si se pretende que cada familia tenga su vivienda, el abordaje del problema habitacional debe ser integral. Esto requiere por parte del Estado y de la sociedad toda de un cambio cultural en materia habitacional. Paliar el déficit habitacional debe encararse mediante una política que estipule el precepto constitucional por el cual cada habitante tiene derecho a una vivienda digna.

En los medianos y grandes conglomerados urbanos el problema del acceso a la vivienda por parte de la población va de la mano de la falta de acceso a la tierra, un bien cada vez más escaso en vastos sectores. Con la lógica del sistema capitalista, se critica la constante toma de tierras y los asentamientos que en ellas se producen. Nada se dice sobre cuál sería la alternativa a esos “apoderamientos ilegales” por parte de un grueso sector de la población que ve cómo se amplía la brecha entre sus alicaídos salarios y el valor de la tierra, en constante suba.

Resulta inmoral que mientras los desposeídos no pueden acceder a un pedazo de suelo para construir sus viviendas haya propietarios con grandes superficies improductivas. Una vez más, como en otros tantos temas de la Argentina, se observa que el problema no siempre es la pobreza sino la desigualdad social.

AUTOGESTIÓN

DEL HÁBITAT

"El acceso a la vivienda es parte del acceso al hábitat y depende de dos factores: políticas públicas y mercado inmobiliario. Después de una década con aumento de la inversión pública queda claro que lo que expulsa a los sectores populares es el comportamiento del mercado inmobiliario", sostiene el urbanista Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El CELS es integrante (junto con TECHO, Madre Tierra, la UNGS y la Defensoría General de la Nación, entre otros) de Habitar Argentina, un espacio multisectorial conformado por organizaciones civiles, instituciones académicas, movimientos sociales y legisladores del oficialismo y de la oposición.

Ese colectivo presentó hace dos años el "Consenso nacional para un hábitat digno" (CNHD), un acuerdo programático para la construcción e implementación de un nuevo paradigma en las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural adecuado en la Argentina.

El viernes pasado, en la Cámara de Diputados y en el anexo de la Cámara de Senadores, se realizó un plenario-debate organizado por el “Consenso Nacional para un Hábitat Digno” del que participó el Grupo Solidario DON ITO, de la localidad de Morse.

El primero en exponer fue el diputado nacional Felipe Solá, quien se mostró confiado en la aprobación del proyecto de ley que regula los alquileres, y por la cual más de 7 millones de inquilinos de todo el país se verán directamente favorecidos ya que regulará los precios según el aumento de salarios y no la inflación, se podrá alquilar por 3 años, en vez de cada dos y las inmobiliarias no podrán cobrar más de un mes de alquiler en concepto de comisión.

El ex gobernador bonaerense, hoy legislador del Frente Renovador, aseguró que "el oficialismo tiene frenado el proyecto de Ley de Alquileres, que tiene media sanción del Senado. Los inquilinos necesitan una Ley de Alquileres que los proteja frente al avance de la inflación y que fije plazos que garanticen una mayor estabilidad en las viviendas".

Luego fue el turno de la magister Débora Schmulewitz, integrante del Área de Hábitat de la ONU, quien expresó que luego de la Conferencia en Quito Habitat III, se creó la Agenda Urbana 2030, la cual buscará implementar varios puntos para el desarrollo de las ciudades promoviendo las economías urbanas sostenibles e inclusivas.

En el terreno del saneamiento y el acceso al agua potable, se explayaron profesionales del Programa SEDCERO, una red colaborativa de actores públicos y organizaciones no gubernamentales orientada a garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento, e investigadores de la Universidad de Quilmes y del CONICET.

En este punto, el voluntario de Don Ito, Pablo Rodríguez, se explayó acerca de las condiciones que atraviesa un sector del Barrio San Antonio de Junín ante la imposibilidad de acceder al agua potable. También detalló el informe de las últimas cifras que se lanzaron sobre el arsénico en el agua y la condición cloacal de los barrios populares. Solicitó que las organizaciones se acerquen a las ciudades para capacitar a las personas que llevan adelante estas tareas.

Por la tarde, la actividad continuó en el Anexo del Senado Nacional. Bajo la consigna “hacia una nueva ley nacional de producción social autogestionaria de hábitat popular (PSAHP)”, una veintena de organizaciones se nuclearon para exponer y debatir acerca de la problemática habitacional, presentando como solución un nuevo proyecto de ley, que DON ITO difundirá en la región.

En diálogo con SEMANARIO, el voluntario y referente de la organización Social DON ITO, Pablo Rodríguez, expresó: “Estamos muy seguros del trabajo territorial que venimos desarrollando en Junín y la zona, y del fortalecimiento que se fue creando en diferentes barrios, pero siempre algo falta y confío en que esta nueva base legislativa puede ser útil para solucionar esta problemática que hace tantos años aqueja a nuestro país, pero que se ha profundizado en estos últimos tres años, por la especulación inmobiliaria y el empobrecimiento de las clases populares”.

“De ahora en más -agregó el joven- deben pensarse y elaborarse políticas relacionadas al hábitat con perspectiva de derechos humanos, permitiendo así que no se continúe con la vulneración de los derechos de los ciudadanos que habitan en nuestro territorio, hay que tener una mirada más amplia e inclusiva. Obviamente llevará tiempo y a muchos no les conviene esta perspectiva social y de derechos del hábitat, pero al igual que hace mucho tiempo atrás, las organizaciones dieron lucha para conquistar derechos, ahora será igual, y nosotros como DON ITO queremos ser parte de esta nueva transformación social y queremos que Junín también lo sea”.

“En el debate de ayer había organizaciones de varias ciudades, y nosotros éramos los únicos del interior, y entiendo que eso para los organizadores es un llamado de atención. Somos jóvenes y estamos comprometidos, viajamos porque necesitamos respuestas para los vecinos que la pasan mal, y lo mejor para encontrarlas es involucrarse”, cerró Rodríguez.