A partir del trabajo realizado en el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat donde convergen el Poder Ejecutivo, Legislativo, municipios, organizaciones sociales, universidades y consejos profesionales para la solución de problemas de hábitat en el territorio bonaerense, se presentó esta iniciativa para contribuir en la solución de una de las necesidades básicas de los habitantes: la vivienda digna. Fue impulsado por la senadora provincial Felicitas Beccar Varela y acompañado por  los senadores Gabriela Demaria, Gustavo Traverso y Leandro Blando, todos integrantes del Consejo y pertenecientes a diferentes bloques políticos.

Respecto a la iniciativa, Beccar Varela manifestó: “El presente proyecto viene a unificar a nivel nacional y provincial los articulados de las leyes que prevén en la Provincia de Buenos Aires el acceso justo al hábitat. Las políticas públicas deben ser consistentes en todos los niveles nacional, provincial y municipal pero especialmente deben ser consistentes si tenemos en cuenta la necesidad de priorizar a los grupos vulnerables como lo son aquellos que viven en villas, asentamientos precarios y barrios populares”. 

Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat

En la Provincia, con la Ley N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat se dio comienzo a un trabajo en conjunto entre el Gobierno, los municipios y organizaciones comunitarias, un largo trabajo para que todos los habitantes puedan acceder a una vivienda digna. Por esta misma ley se creó el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat donde representantes del Senado, Cámara de Diputados, municipios, organizaciones, universidades y colegios profesionales se reunieron para analizar las herramientas necesarias para llevar adelante el acceso justo al hábitat a través de esta nueva norma.

La iniciativa que ahora debe ser aprobada en Diputados, modifica la ley de Acceso Justo al Hábitat, suspendiendo todos los desalojos por el término de cuatro años, y también permite incluir en el Registro Provincial, villas, asentamientos precarios y barrios populares existentes hasta el 31 de diciembre de 2016 (antes era hasta el 9 de enero de 2013) posibilitándole a muchos barrios que no fueron incorporados a serlo.

Por otro lado, se establece la intervención de la Dirección Provincial de Acceso Justo al Hábitat, debiendo la misma ser notificada por la Justicia ante situaciones de desalojo.