Por: Semanario

Después del remate judicial del edificio en construcción ubicado en General Paz 329, entre avenida San Martín y Alem, los 18 compradores de buena fe que perdieron un promedio de 200.000 dólares cada uno por ser dueños de un departamento que jamás se les entregó, decidieron dar un paso más.

Ante los oídos y ojos vendados de la Justicia, de la AFIP, del Colegio de Martilleros, las irregularidades del expediente judicial en que se decidió el remate y demás entidades que deberían haber tomado parte tras la estafa, será la misma gente la que vaya tras una acción penal que ponga las cosas en su lugar.

Irán contra la firma constructora ELO Construcciones, la Inmobiliaria Meli que comercializó, vendió y luego entregó al acreedor hipotecario (Landaike S.A.) sin dar aviso a los compradores, lo cual posibilitó que luego se ejecutara. También propiciarán una investigación financiera a la empresa que compró el edificio en el remate judicial, denominada Servir’C S.A., que pagó 1.440.000 dólares; al apoderado de la firma, Alejandro Paul Marty Heguy, y a Gaspar Bergamini.

Entre medio de tanta rosca, aparece un nombre conocido: los amigos de la familia Petrecca. Al parecer, se trata de la misma empresa que se benefició con contratos millonarios en el municipio de Junín, la que habría presentado un expediente para hacerse cargo de la finalización de la construcción del edificio. “Y si está metido Mingrino, está el intendente”, dicen los estafados compradores. Los ‘socios’ de la familia del jefe comunal en la construcción de la Iglesia evangélica que comandan, parece que se harán cargo de algo más groso todavía que los refugios para el transporte público de pasajeros.

Juan Carlos Orrico, presidente de una firma casi fantasma como ServirC’S.A., que compró en casi un millón y medio de dólares, es otra de las figuras que cobró notoriedad en los últimos días. Un dirigente político que milita en las filas del PRO en Entre Ríos.

Esta historia es una telaraña de poder. Y recién está empezando a desplegar involucrados, de ayer y de hoy.

DE QUÉ SE TRATA

La edificación había sido ideada y soñada allá por el 2008, de la mano del entonces secretario de Obras Públicas del municipio meonista, Agustín Pinedo, y su socio Hugo Maggi, quien participaba junto a su esposa e hijos. Iba camino a transformarse en el edificio emblemático de la ciudad.

Pero por una serie de factores, la obra se paralizó cuatro años después, en medio de una batalla de intereses desatada en torno al respeto por el FOT (relación del total de la superficie edificable y la superficie total de la parcela), según las normativas vigentes. Los constructores querían hacer dos pisos más.

El proyecto contemplaba 12 pisos, con departamentos de 2, 3 y 4 ambientes y detalles de calidad tales como climatización inteligente, bauleras, aberturas con doble vidrio y cámaras de aire, SUM, gimnasio, cocheras, bauleras y pisos de porcelanato. Además, locales comerciales.

A través de la Inmobiliaria Meli Propiedades, los departamentos comenzaron a venderse: se ofrecían y se cobraban aún desde antes de iniciarse la construcción. Una compra denominada “al pozo” por mucha gente que quería conseguir su lugar allí, y muchos otros que vieron la posibilidad de una gran inversión.

QUÉ PASÓ

Mientras se paralizaba la construcción por la discusión planteada en torno a los dos pisos “extras” que pretendían comercializarse, la familia Maggi seguía buscando fondos para sostenerse.

La empresa Landaike S.A., una de las aportantes, llevó a remate judicial que se concretó en julio de este año. La causa fue iniciada a “ELO Construcciones”. El remate se hizo con una base de 800 mil dólares, pero los compradores convinieron en abonar 1.440.000 dólares.

Según quedó demostrado en la investigación de SEMANARIO, la compradora fue la sociedad denominada Servir’C S.A., que pagaría $40.752.000, considerando un dólar a 29.10, con la alícuota de 0.012 por mil que corresponde a la Acordada de la Corte que figura en la liquidación.

En realidad, esa firma aportaría el nombre legal como testaferro para que los juninenses Gaspar Bergamini y Alejandro Pablo Marty Heguy (alias Paul) pudieran hacerse del edificio en forma legal, dado que ellos no podían hacerlo personalmente porque no tendrían los fondos necesarios en blanco.

LA MANIOBRA

Tras el inicio del proyecto, la comercialización de estos departamentos céntricos respondía a un procedimiento consensuado. La constructora ELO le vendía departamentos a gente de la zona y las ventas eran manejadas por María y Agustina Maggi, las hijas del fallecido Hugo, hermanas de Luciano.

Una vez desaparecido el padre, al parecer las hermanas se dirigieron a la financiera de Gaspar Bergamini y Alejandro Marty Heguy –ubicada a pocos metros de la AFIP Junín- y allí firmaron un documento en blanco, a cambio de que ellos le dieran dólares, que correspondían al saldo a pagar de departamentos de compradores que vivían en la zona.

Habían llegado a un arreglo para saldar la deuda: que los compradores le pagarían los saldos directamente a Bergamini y Heguy. No tenían un poder, pero había un acuerdo de palabra.

La situación se complicó porque antes de las fechas de vencimiento de las cuotas, las hermanas Maggi iban a cobrarles a esos compradores a la zona, entonces Paul Heguy y Bergamini esperaban pagos que nunca llegaban. O sea: su financiera le había prestado mucha plata a los Maggi, que no podían luego recuperar.

Por eso, la firme convicción de los damnificados es que ellos vendieron ese documento en blanco a la firma, y ahora lo van a ejecutar en contra de las hermanas Maggi.

De paso, podían quedarse con tan ansiado edificio, pero para esto necesitaban una empresa que tuviera la plata en blanco, como testaferro. Así fue como Servir’C S.A. firmó un poder a nombre de Marty Heguy, para que participara del remate judicial.

EL TEXTO ORIGINAL FUE PUBLICADO EL SÁBADO 20 DE OCTUBRE 2018 EN NUESTRA EDICIÓN IMPRESA