La legalización del juego online, aprobada en la Legislatura bonaerense el lunes dentro del proyecto de Ley Fiscal e Impositiva, no cayó bien en la Iglesia, que a través de un duro comunicado apuntó contra el Gobierno provincial al advertir que la norma tendrá consecuencias en las familias más humildes en el marco de la crisis económica y que convierte "a cada casa en un casino".

En tanto, desde la administración bonaerense, que venía con buena sintonía con la Iglesia, se defendieron al enumerar una serie de medidas tomadas para combatir el juego, y argumentaron que la apuesta online es una práctica difícil de controlar y combatir, que además no tributa impuestos, lo que es "injusto" para el resto de las actividades económicas.

"Hasta ahora no ha aparecido un mecanismo sencillo de control o prohibición. Con lo cual, mientras tanto, que paguen impuestos", señalaron desde la administración bonaerense en respuesta a las críticas de la Iglesia, tras aclarar que si existiera un proyecto que encontrara la manera de garantizar la prohibición, "sin duda tendría apoyo en el Gobierno de la Provincia".

Entre las principales críticas a la iniciativa, desde la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones de la Conferencia Episcopal Argentina consideraron que la norma afecta en mayor medida a los jóvenes y a las familias más humildes, porque según advirtieron, "cualquier joven desde el celular podrá estar en línea con la enorme oferta que presenta el juego online" y "en medio de la crisis económica que atraviesa el país" muchas personas pueden "pensar en una posible solución mágica a su situación".

"No creemos que se justifique esta decisión argumentando que este negocio se da en la clandestinidad. Se antepone un objetivo meramente recaudatorio y legalizan el negocio de unos pocos sin considerar los daños que deja", reprocharon desde la Pastora, que coordina el sacerdote José María Di Paola, más conocido como Padre "Pepe".

"Lamentamos el cambio que dio la gobernación provincial en este tema ya que se había manifestado con convicción en contra del juego, inclusive con acciones concretas y decisiones hacia futuro", ampliaron.

Frente a ese cuestionamiento, desde el Gobierno provincial recordaron que se restringió "al máximo posible la oferta de juego legal". Y enumeraron: "Hay dos bingos cerrados, tres casinos cerrados desde que comenzó nuestra gestión, hay decenas de detenidos por juego ilegal y más de $ 50 millones recuperados, también del juego ilegal, hay una licitación pública por primera vez en 23 años, para no darle de manera directa la administración de un casino a nadie".

Asimismo, indicaron que "desde que se inició la gestión no se instaló una sola máquina tragamonedas más en la Provincia, ni una agencia de lotería nueva más". Y apuntaron contra los gobiernos peronistas, al señalar que "esto que parece obvio durante 28 años no fue así".

En la Iglesia cayó mal además que el tema, al que consideraron de "suma importancia", no tuvo la posibilidad de ser discutido por la sociedad como corresponde, "ya que se lo incluyó dentro una ley de carácter más amplio".

Asimismo, también cuestionaron el proyecto que busca extender el horario de venta de alcohol en la costa, que tuvo el visto bueno de la gobernadora María Eugenia Vidal. "En este caso también se privilegia el negocio al cuidado de los jóvenes", sostuvieron.

"La situación social y económica por la que atraviesa la provincia de Buenos Aires demanda que las atenciones de los barrios más pobres tengan políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de los jóvenes y de la familia, y que no se convierta cada casa en un casino", finalizaron.