Por: Semanario

El hurto de energía eléctrica está penado por la ley y hoy en Junín, EDEN realiza una caza implacable de infractores que, en muchos de los casos, se ven imposibilitados de seguir contando con el servicio público.

Sin embargo, en el medio hay mucha tela para cortar y ello se relaciona precisamente con la definición de “servicio público” y su planteo en la reforma constitucional de 1994.

Precisamente el art. 42 de la Carta Magna, señala que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Leyendo este primer párrafo, y teniendo en cuenta los sucesivos “tarifazos”, los derechos de los consumidores quedaron por el piso y para peor, sin modo de reclamos.

Precisamente, el párrafo que continúa destaca que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

Asimismo, asegura que “la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.

Efectivamente los usuarios, al menos en Junín, se han quedado sin mecanismos de defensa.

La empresa gasta en publicidad cuantiosas sumas para dar cuenta de inversiones que sólo ellos conocen, lo cierto es que el servicio sigue siendo tan deficitario como siempre, aliviado por la escasa demanda de energía por la caída productiva y por condiciones climáticas bastante benévolas.

El maltrato serial que proveen desde las oficinas de EDEN comandadas por Alejandro Biancosino, dan acabadas muestras de que el artículo 42 de la CNA no se cumple en lo más mínimo. Mucho menos aún a sabiendas de las maniobras de dilación que se llevan a cabo en forma conjunta entre la empresa de energía y la Oficina municipal de información al consumidor (OMIC) a cargo de Fernando Scanavino.

La embestida del tándem Petrecca-Scanavino contra EDEN, que generó en principio una serie de fuertes críticas hacia la proveedora eléctrica, parece haber logrado la paz entre público y privado, lo cual lleva a afectar al de siempre: el vecino.

Llevar un reclamo a la OMIC implicará una larga espera, sin soluciones, que terminarían sacando de sus casillas a un monje Zen.

Como lo señaláramos en SEMANARIO hace dos semanas atrás, el dislate que implica sobrefacturar y aplicar doble imposición sobre la tasa de alumbrado, tal como lo hacen desde el municipio y cobra EDEN, sea la “prenda de paz” lograda entre Petrecca y Biancosino, la cual que generó que de la crítica se pasara a los abrazos, Scanavino mediante.

¿QUIÉN LE HURTA A QUIÉN?

La legislación argentina expresa claramente como delito al “hurto de energía”, sin embargo y lejos de intentar hacer una apología de ese delito, es pretensión preguntarse hasta dónde las empresas (en este caso apoyadas por el gobierno “amigo”) abusan de posición dominante y monopólica para hacer realmente lo que les viene en gana.

De todas maneras, el art. 41 (que se refiere al delito), a los fines de la individualización judicial de la pena de hurto de energía, manda atender a “la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados”, así como también “la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos”.

Así es que deberá distinguirse si la energía o servicio objeto del delito resultaba esencial: caso del agua potable; o no, como ocurre con la televisión o el internet. También la posibilidad del agente de procurarse el servicio legítimamente.

Dichas circunstancias agravan o atenúan la penalidad; en ningún caso la excluyen, pues respecto de los servicios vitales existe legislación especial que contempla los casos de necesidad con tarifas diferenciadas y otras facilidades.

Hay suficiente jurisprudencia en este sentido. Por caso, quien sustrae energías clandestinamente, en particular la eléctrica, demuestra mayor destreza y decisión delictiva que quien hurta simplemente. Además,  esas conexiones, por su frecuente precariedad, significan un peligro para la vida de quienes puedan tener contacto con ellas, sea el mismo delincuente o terceros.

Nadie puede desconocer el arbitrio en la imposición tarifaria, por lo que hoy muchas son las familias que presentan dificultades.

A punto tal que vemos como en Junín, EDEN procede a cortar la luz, posteriormente pasan a controlar que dicho hogar no tenga energía. Si ven luces encendidas quitan el medidor. Hay quienes que, ante ello, vuelven a reconectarse. Vuelta la empresa pasa y quita los cables que llegan desde la instalación aérea.

La desesperación es tal que en algunos casos los vecinos en esa situación consiguen nuevos cables y  vuelven a “engancharse”. Se genera entonces una caza permanente del “gato y el ratón” que en lugar de sensibilizar a los responsables de la situación, la “ingeniería social” que maneja el gobierno apuntalada por los medios de comunicación, termina por culpabilizar al usuario de todos los males, cuando son las empresas las que abusan de la situación palanqueadas por el gobierno “amigo”.

Vale decirlo con todas las letras que, ante la situación económica imperante y basándose en los derechos de reclamo que permite el art. 42 de la Constitución, el usuario es una víctima y no un ladrón como lo quieren hacer saber.

NADA ES CASUAL

No hace mucho, la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) emitió un informe donde indicaba que con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, la Argentina pasó de la última a la tercera posición en el ranking de ocho países de la región en cuanto a incidencia del costo tarifario sobre el salario mínimo, con un 21% de los ingresos de sectores vulnerables destinados a los servicios.

A pesar de que en Cambiemos acostumbran decir como argumento que durante “el kirchnerismo los servicios eran casi gratis” y que por eso “hubo que aumentarlos”, algunos datos parecen demostrar que, al menos, las subas decididas por el gobierno nacional fueron desproporcionadas respecto del resto de la región. Es que, según un estudio, la Argentina de Mauricio Macri es el país con mayor incremento del peso de los servicios públicos sobre los salarios mínimos desde 2016.

“Desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6%, a una sustantivamente mayor, del 21%. Así, Argentina pasó a la tercera posición en el ranking de ocho países de la región. El crecimiento desde 2016 hasta la fecha, nos posiciona sólo por detrás de Venezuela (33%) y Chile (23%), en términos de peso tarifario”, explicaron en el estudio.

En 2015, sólo el 6% del sueldo de un trabajador que cobraba un salario mínimo era destinado al pago de servicios públicos, lo cual colocaba a la Argentina en el último puesto del ranking de incidencia sobre sueldos bajos, pero con los “tarifazos” de Macri la situación cambió. En 2016, se pasó a un 17%, que bajó 1 punto en 2017, pero volvió a escalar fuerte en 2018, alcanzando un 21%.

Por otra parte, la ex presidente y senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, aseguró que “Edenor y Edesur son de los amigos del alma del Presidente (Macri), las tarifas se deciden ahí y nadie sabe cuál es hoy el precio adecuado de cada servicio porque no tiene lógica ni racionalidad”.

"Las tarifas de los servicios que siguen aumentando sin control. ¿Cómo las van a controlar si son sus amigos o sus parientes los dueños de las empresas eléctricas?", agregó.

Macri, por su parte, justificó el descontrolado aumento de tarifas explicando que “ya se habían debatido en audiencias públicas”, como si eso por si solo fuera suficiente argumentación.

Cabe aclarar que, dado que las audiencias públicas no son vinculantes, el gobierno puede hacer lo que desee. Cualquiera que recuerde lo que ocurrió en esas audiencias, encontrará que la enorme mayoría de quienes pasaron a exponer, hablaron en contra de las subas.

Así, aunque las exposiciones en contra de subir las tarifas fueron más que las respuestas a favor de aumentarlas, el gobierno decidió subirlas igual. Lo cual quiere decir que nunca "se discutieron" en sentido real.

El Presidente tiene que explicar una y otra vez, aunque sea con argumentos endebles, la razón del aumento de tarifas. Todo para ocultar, al mismo tiempo, que los que están juntando plata en pala mecánica son los dueños de las empresas de servicios públicos. Entre ellos, empresarios cercanos a la administración de Cambiemos e incluso cerca del mismo Macri, como Marcelo Mindlin, accionista de Edenor.

UN VETO SIN LÁGRIMAS

Para quienes se emocionaron con el “casi” llanto del Presidente Mauricio Macri en la gala del Colón ante el G20, vale recordar que no se le “piantó ningún lagrimón” a la hora de vetar este año, la ley que disponía un freno a los tarifazos.

Casi en consonancia cuando eso ocurría, se conoció un informe nacional indicando que en 2017 las empresas eléctricas ganaron un total de $11.997 millones.

Desde diciembre de 2015 las tarifas de distribución y transporte de gas aumentaron 798 por ciento en pesos (570% en dólares). Desde la asunción de Cambiemos, en el caso de la generación y distribución y transporte de electricidad, las subas fueron de 450 por ciento (219% en dólares).

INEQUIDAD

En los casos de Edenor y Edesur, que son las empresas que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (donde reside casi el 40% de los usuarios residenciales del país, según datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina -Adeera-), el costo de la distribución lo determina el Gobierno nacional a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que en general no autorizó actualizaciones del VAD en la última década.

Este componente de la tarifa es lo que genera las grandes inequidades tarifarias que existen hoy en el país así, de acuerdo con datos oficiales en base a un consumo de 500 kWh por bimestre, un porteño de bajos recursos que vive en la zona norte de la Ciudad o un bonaerense con domicilio en Vicente López paga una tarifa siete veces menor a la que abona un bonaerense del interior, un santafesino, un rionegrino o un cordobés.

Otra inequidad a mencionar es que en la mayoría de las provincias con recursos más limitados (Formosa, Chaco y Jujuy, por ejemplo) se pagan tarifas mucho más altas que en Capital, una de las jurisdicciones con mayor PBG del país.

Por este y otros motivos argumentados, habrá que considerar seriamente quién está hurtando a quién en materia de energía eléctrica. ¿De qué lado está el delito?

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL SABADO 15 DE DICIEMBRE 2018