Por: Semanario

El cuestionamiento del uso de los agroquímicos en manos de una agricultura drogadependiente crece cada día más y pone en peligro el negocio de muchos que no son, precisamente, los productores, sino particularmente las empresas proveedoras de insumos que desde hace al menos 20 años han logrado ganancias multimillonarias a partir de un sistema de producción que terminó afectando la flora, fauna, aire, agua y tierra, no sólo de Buenos Aires, sino de gran parte del país.

Por ese motivo el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires dictó una resolución  que establece una serie de pautas para “la aplicación de fitosanitarios” en los municipios en los que se realiza actividad agropecuaria y que entrará en vigencia el 1° de enero de 2019.

El ministro del área, Leonardo Sarquís, ha sido un alto ejecutivo de Monsanto, la firma que hace poco fue adquirida por Bayer y que fabrica el herbicida estrella del productor, el Rond Up, cuya droga se basa en el glifosato.

De haber podido seguir los mecanismos del Poder judicial, Sarquís podría haber sido recusado frente a esta resolución debido a tener lazos que lo ligan con su anterior empleo, sin embargo en materia ambiental, la gestión nacional y provincial no han tenido ningún prurito en mostrar su particular afición a los negocios empresariales antes que a los daños sobre el planeta y los seres que los habitan.

Sarquís sostuvo en la presentación que “es la primera vez que desde la Provincia se elabora una norma de estas características que apunta tanto a cuidar la salud de la población, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y al mismo tiempo a mantener las actividades productivas a través de la sustentabilidad y sostenibilidad, con fuerte foco en las buenas prácticas agropecuarias", aunque olvidó señalar que desde hace dos años se encuentra un polémico proyecto del Ley en la legislatura, aprobado por la Cámara de Diputados y presentado por el diputado Alfonso Coll Areco, que fuera Ejecutivo de Cuentas de ExpoChacra y por consiguiente atendía las cuentas de las empresas de insumos para el campo, entre ellas Monsanto.

Dicho proyecto autoriza con licenciosa liviandad las fumigaciones cercanas a ámbitos poblados y escuelas, por lo que terminó siendo duramente criticado y no se llevó su discusión a la Cámara Alta. De este modo, se consideraba improbable y de peligroso desgaste político llevar a debate el tema ante los legisladores, por lo que Sarquís y la gobernadora Vidal eligieron el camino más rápido y silencioso de la resolución, para poder dar una “prueba de amor” al poder que maneja los agronegocios en la provincia.

SIN CONTROL NO HAY ORDEN

El documento establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento tales como lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales.

Vale destacar que son muchos los municipios que tienen ordenanzas en este sentido, de hecho Junín posee una bastante elástica, aunque el problema reside en que nadie controla lo escrito.

Esta resolución del gobierno de Vidal también fija que las aplicaciones deberán considerar características intrínsecas del producto a utilizar, regulación del equipo y las condiciones meteorológicas antes y durante la aplicación. Además, deberá contratarse un profesional que determine las previsiones a tener en cuenta antes, durante y después de la utilización de fitosanitarios y además suma de forma obligada la participación de un ingeniero agrónomo, pero no explica de qué manera se llevarán a cabo los controles como para que no sea un caos como ahora, donde cualquier fumiga lo que quiere donde quiere y envenenando y enfermando todos.

Por puro interés político o empresarial muchos intendentes ha firmado el apoyo a la resolución ya que se les ha prometido que quien adhiera contará con la ayuda y la asistencia del ministerio a la hora de fiscalizar el uso de fitosanitarios en su ciudad. Además, podrá auditar las aplicaciones que considere oportunas", destacó Sarquís.

HACIA UNA LEY, SIN VUELTAS

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, manifestó sus dudas acerca de la resolución en una carta que le hizo llegar al ministro Sarquís con fecha 11 de diciembre. Lorenzino destaca la falta de precisión a la que se refiere la “zona de amortiguamiento” y de todos modos, consideró que deberán generarse acciones  para alcanzar una ley provincial.

Hace unos días, se realizó una jornada organizada por la vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Marisol Merquel, la cual contó con la exposición de diversos especialistas en Agroecología, materia que se considera como la “agronomía del futuro”.

La apertura contó con la presencia del presidente del cuerpo parlamentario, Manuel Mosca.

Merquel viene trabajando junto con la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama), la Universidad Nacional de La Plata, la Sociedad Argentina de Agroecología y la Defensoría del Pueblo.

Durante la apertura, el titular de la Cámara baja, Manuel Mosca, aseguró que “es muy importante hablar del desarrollo sustentable y, en ese contexto, abordar algo más específico que tiene que ver con las actividades relacionadas con el desarrollo industrial y la agronomía bajo un nuevo paradigma agroecológico”.

Por su parte, Merquel puso de relieve que “la agroecología es un modo de producción ambientalmente sustentable, económicamente rentable y socialmente justo. En el interior sabemos la importancia que tiene la producción y el desarrollo sustentable del campo”.

Precisamente, el defensor del Pueblo bonaerense, subrayó e esa oportunidad que “es necesario comenzar a construir pisos mínimos de consenso para poder sancionar a la brevedad o en el corto plazo una ley que podamos poner en práctica y que sirva a todos los bonaerenses”.

Uno de los expositores, Eduardo Cerdá, presidente de Renama, indicó que “es necesario revisar el modelo y trabajar por una producción con menor nivel de agroquímicos y básicamente desandar el conflicto entre ciudadanos, salud, enfermedad, agroquímicos y costos”. Por lo tanto, “hoy venimos a contar que se puede producir muy bien con rendimiento similares y costos más bajos”.

En tanto, Santiago Sarandón, presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología y profesor en la UNLP, remarcó que “los problemas de hoy son debido a un modelo conceptual de agricultura equivocado. Para solucionarlos, hay que realizar un cambio profundo y por eso esta iniciativa para pensar a la agroecología como una nueva agricultura”.

Dos posturas

En el contexto actual, conviven dos variables opuestas: por un lado, la de una creciente intensificación de este modelo de monocultivo (apoyo a la agricultura intensiva y el desmantelamiento de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agricultura), en el que cada vez cobra más fuerza la postura desde el gobierno nacional (incluida la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y los gobiernos provinciales respecto de la NO peligrosidad de los agrotóxicos y la necesidad de intensificar su uso desde la idea de las “Buenas Prácticas Agrícolas”. Por otro, la cada vez mayor evidencia sobre la cantidad de agrotóxicos a los que estamos expuestos cotidianamente a través de la comida y la presencia en el aire, el agua y la tierra como así también generando la extinción de numerosas especies de la flora y la fauna.