La justicia federal abrió una investigación contra el presidente Mauricio Macri y contra los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por el intento de venta de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, por valores menores a las tasaciones realizadas.

En concreto, el fiscal Gerardo Pollicita requirió la instrucción de la causa que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. La denuncia había sido presentada en noviembre pasado por los diputados nacionales del FpV-PJ Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana.

La central termoeléctrica Ensenada de Barragán, está ubicada en el polo petroquímico de Ensenada en la provincia de Buenos Aires, mientras que la de Brigadier López, está localizada en Santa Fe. El kirchnerismo denuncia que se trata de “privatizaciones a precio vil” y sostiene que se busca favorecer a empresarios ligados al Gobierno. 

El gobierno nacional autorizó mediante el decreto 882/201 del 1° de noviembre de 2017, la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de ambas centrales, operaciones para ser llevadas adelante por el Ministerio de Energía, entonces a cargo de Aranguren.

Según datos consignados en la denuncia, la central Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares. Para Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas. 

“¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 –Barragán- y 110 –Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, se preguntan los legisladores en el escrito.

El kirchnerismo hizo hincapié en que hasta la UCR había cuestionado la decisión, cuando se difundió el intento de la venta de Transener. “Termina convirtiéndose en un escandaloso regalo a sus amigos de un activo estratégico del Estado”, ahondaron.

En la causa son investigados, además, el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri. 

Vínculos

Para el FpV, los propios resultados operativos financieros publicados por ENARSA relativos a las dos usinas muestran que el Estado está "enajenando dos centrales rentables a precio vil para que Caputo continúe haciendo millonarios negocios": el resultado EBITDA (sin deducir impuestos) de Barragán para 2017 registró una ganancia de 121,4 millones de dólares, y de 62 millones de dólares para Brigadier López. 

Asimismo, los legisladores opositores exponen que hubo irregularidades en el proceso. Entre otras que Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia del primo de Calcaterra, Mauricio Macri.

A su vez, los legisladores resaltan los vínculos: dos de los imputados, Brusco y Piccinini, trabajaron durante más de una década para Calcaterra y el grupo Macri, y a fines de 2017 desembarcaron en Enarsa de la mano de Aranguren y Balboa, "con lo cual estuvieron en los dos lados del mostrador en la negociación que le reportó una indemnización de 1.600 millones de pesos a Calcaterra".

Según los denunciantes, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”. 

Por otra parte, desde el FpV indicaron que se conocieron este lunes las empresas que preclasificaron en las licitaciones: Central Puerto -propiedad del cónsul honorario de Singapur y amigo cercano de Macri, Nicolás Caputo- fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López, mientras que por Ensenada de Barragán preclasificaron YPF y la misma Central Puerto.