Junín. miércoles 22 de mayo de 2019
Semanario de Junín » Locales » 6 mar 2019

Conflicto docente

Vidal recargada: Apriete y amenazas contra directivos docentes de Junín

El amedrentamiento surgió por parte de inspectoras que les advirtieron por sus opiniones en redes sociales criticando a la gobernadora. ¿Hay espionaje en perjuicio de los maestros y profesores?


Por:
Semanario

Hay profunda preocupación en la comunidad docente tras conocerse que inspectoras están llevando a cabo amenazas y aprietes en perjuicio de directivos docentes de escuelas secundarias de Junín.

El hecho del que fue informado SEMANARIO, involucra a dos inspectoras, una de Educación Física y otra del nivel secundario, que semanas atrás se presentaron en una escuela de nivel medio de nuestra ciudad instando a la directora del establecimiento a moderar “las opiniones políticas” que vierte en las redes sociales y que se relacionan con críticas a la gobernadora María Eugenia Vidal, por el estado de la infraestructura escolar.

La situación, por demás desubicada, rememora épocas de silencio que la sociedad prometió no transitar Nunca Más. Y habría otras del mismo tenor.

Como si fuera poco, el particular “llamado de atención”, fue rubricado en sendas actas, por lo cual dichas actuaciones serán inmediatamente denunciadas ante las autoridades respectivas según anticipó una fuente a SEMANARIO.

Asimismo, la acusación infundada, demuestra claramente que hay un seguimiento por parte del gobierno a las actividades que llevan a cabo en las redes sociales docentes y directivos, con el claro objetivo de presionar en favor del manifiesto desprecio hacia la educación pública que ha mostrado el gobierno provincial desde hace tres años.

Las mismas fuentes aseguraron a SEMANARIO, que “es preocupante no sólo el control del contenido de las redes sociales de los directivos, sino además el uso de actas como mecanismo de disciplinamiento con el objetivo de evitar críticas a las actuales políticas educativas”.

Al mismo tiempo se aclaró que “no hay, en absoluto, funciones de las Inspectoras que puedan habilitar pedidos de esa índole”, por lo que las acciones resultan “un avance claro sobre garantías constitucionales y en particular sobre la libertad de expresión y las libertades civiles y políticas”.

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