Por: Semanario

La escuela es el vínculo que por antonomasia nos impone la vida social en torno a la “educación”.

Al fin y al cabo, si analizamos la sociedad que supimos conseguir y lo anquilosada que resulta la institución en comparación con la dinámica de los tiempos que corren, no resulta extraño que “en la escuela” sigan aconteciendo hechos que se creían desterrados desde, al menos, la vuelta de la democracia.

Por eso existe una profunda preocupación en la comunidad docente tras conocerse que inspectoras locales llevan a cabo amenazas y aprietes en perjuicio de directivos de escuelas secundarias de Junín.

Precisamente días atrás la directora de la secundaria 22 fue advertida por sus superiores, mediante el acta respectiva, acerca de que debía moderar “las opiniones políticas” que vertía en las redes sociales y que se relacionan con críticas a la gobernadora María Eugenia Vidal, por el estado de la infraestructura escolar.

La situación, por demás desubicada, rememora épocas de imposición de silencio que la sociedad prometió no transitar Nunca Más. Y habría otras del mismo tenor que en muchos casos no se animan a denunciar.

Las inspectoras cuestionadas son Carla Ciceri, de nivel secundario, y Paula Pedrozo, inspectora de Educación Física. Por su parte, la jefa Regional Emilse Marini y la jefa distrital Alejandra Fariña quedarían fuera del conflicto. Estos dos últimos cargos son “políticos”, mientras que las inspectoras arriban a los mismos por concurso.

Como si fuera poco, el particular “llamado de atención” fue rubricado en sendas actas, por lo cual dichas actuaciones serán inmediatamente denunciadas ante las autoridades respectivas según anticipó una fuente a SEMANARIO.

Sin embargo, como dichas actas no son “recusables” (no pueden responderse por ninguna vía ni siquiera judicial), los gremios de SUTEBA y CTA, que se hicieron eco del problema de la directora, están indagando aún qué carriles tomar y dónde llevar a cabo el reclamo.

En tanto, la docente envió una Carta Documento a la jefatura, la cual no tendría mucha validez por lo que una de las inspectoras acusadas de la práctica intimidatoria la llamó por teléfono y le dijo: “en la semana paso a charlar”.

Asimismo, la acusación infundada demuestra claramente que hay un seguimiento por parte del gobierno y los funcionarios a las actividades que llevan a cabo en las redes sociales docentes y directivos, con el claro objetivo de presionar, todo ello en favor del manifiesto desprecio hacia la educación pública que ha demostrado el gobierno provincial desde hace tres años.

Las mismas fuentes aseguraron a SEMANARIO que “es preocupante no sólo el control del contenido de las redes sociales de los directivos, sino además el uso de actas como mecanismo disciplinario con el objetivo de evitar críticas a las actuales políticas educativas”.

Al mismo tiempo se aclaró que “no hay, en absoluto, funciones de las Inspectoras que puedan habilitar pedidos de esa índole”, por lo que las acciones resultan “un avance claro sobre garantías constitucionales y en particular sobre la libertad de expresión y las libertades civiles y políticas”.