En Junín también hay escuelas fumigadas, eso lo saben el intendente, los concejales, las gremiales del agro y algunos poderosos de los pueblos donde se incumple la ordenanza que se aprobó en el Concejo Deliberante hace casi seis años.

Cualquier habitante de los pueblos rurales del partido podrá observar la cercanía que presentan los cultivos a las viviendas y a las escuelas, cuando la reglamentación indica que las pulverizaciones terrestres deben hacerse a 500 metros de las zonas urbanizadas y de todos y cada uno de los establecimientos escolares.

SUTEBA Junín, el sindicato docente, ya recibió denuncias en el sentido de que esas actividades nadie las controla y está tomando cartas en el asunto.

La ordenanza 6425 del Concejo Deliberante de Junín, considera “áreas urbanizadas a las áreas urbanas , zonas residenciales extraurbanas, centros rurales de servicios, o cualquier otro asentamiento de tipo urbano, definidos por el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental del partido de Junín, tal cual se detalla en los anexos: Anexo I (Junín), II (Saforcada), III (Morse), IV (Agustina), V (Fortín Tiburcio), VI (Laplacette), VII (Agustín Roca), VIII (La Agraria) y IX (Mariápolis); que forman parte de la presente Ordenanza para el partido de Junín”.

Y la autoridad de aplicación de dicha ordenanza (y que no la aplica) es el Departamento Ejecutivo Municipal.

PRESIDENTE COMPLICADO

Hace algunos días, Mauricio Macri visitó la provincia de Entre Ríos, lugar donde se registra la mayor cantidad de niños con cáncer del país con relación al número de habitantes.

En la oportunidad, el Presidente de la Nación mostró a las claras su falta de conocimiento sobre los temas ambientales y una vez más abordó el terreno de la Justicia saltando la línea de la división de poderes de la Constitución Nacional.

De este modo, Macri se refirió a un “fallo irresponsable” del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que –dijo- afecta más del 20% de la producción de la provincia por “no aplicar fertilizantes (sic)” alrededor de las escuelas, no habiendo “pruebas científicas que lo avalen”. Vale destacar que el glifosato no es un fertilizante sino un herbicida, un error que también cometiera CFK en un discurso pronunciado en 2015 al inaugurar una planta de potasa cáustica.

De este modo, el primer mandatario -en un solo párrafo- se entrometió en la independencia de poderes provincial y judicial avalada por la Constitución Nacional, para luego seguir con dos claras falacias: una, que las fumigaciones en torno a escuelas y poblaciones rurales se realizan con herbicidas y plaguicidas; y la segunda, que existen millares de pruebas científicas en el país y el mundo acerca del daño causado por los agroquímicos no sólo en humanos sino en todo el ecosistema.

Esta muestra de irresponsabilidad tiene un parangón con lo que acontece en nuestro medio, donde Cambiemos ha dejado a la deriva los temas ambientales, sin control de las fumigaciones, sin tratamientos de líquidos cloacales, sin reciclado de residuos y escondiendo los análisis del agua de red que día a día llega a los hogares de nuestros vecinos.

RED FEDERAL

Desde la Red Federal docentes por la Vida se trabaja para proteger los derechos del niño, además de la salud de todos los pobladores. Están conectados a lo largo y ancho del país a través de una página en redes sociales (https://www.facebook.com/docentesporlavida/).

Ya el año pasado denunciaron que con el argumento de la “baja matrícula”, el gobierno de María Eugenia Vidal anunció el cierre de establecimientos educativos rurales de la Provincia de Buenos Aires, y escuelas del Delta.

Desde la Red repudiaron dichas medidas y consideraron que “las escuelas rurales son la única posibilidad que tienen los niños y adolescentes del medio rural para acceder a la educación, por la imposibilidad de concurrir a diario a escuelas urbanas, por la distancia, el estado de los caminos, la falta de medios de transporte y carencia de recursos económicos”.

Reclamaron el cumplimiento de la Ley N° 26.206, Ley de Educación Nacional, que en el artículo 2° señala que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.

La exclusión y el éxodo rural, debido a sistemas agronómicos que tienen características extractivas y no productivas como debiera ser con un recurso natural, están desapareciendo a los pueblos a partir de una política claramente favorecedora de las empresas foráneas fabricantes de los agroinsumos.