miércoles 24 de abril de 2024

OPINIÓN | 13 jul 2017

EDITORIAL

La nave va…


Por: Antonio Revello

Después del pacto de San Nicolás, que preparó el Congreso Constituyente, éste sancionó la Constitución de 1853 y nuestro país adoptó la forma republicana, representativa y federal de gobierno. Se entiende por República la forma de estado o el sistema de gobierno en el cual el poder público no reside en una persona, como en una monarquía tradicional, sino que pertenece a la nación y por ende al pueblo.

Bajo la conformación republicana, el pueblo ejerce las funciones de gobierno a través de sus representantes, elegidos por sufragio universal, secreto y obligatorio. Dicho gobierno está dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Federal significa un sistema de estados autónomos  e independientes, donde los asuntos generales son confiados a una administración central, en nuestro caso el poder ejecutivo ejercido por el presidente de la Nación.

Desde aquella lejana época en la que se sancionó nuestra Constitución, ésta ha tenido algunas reformas, para ir adaptándola a los nuevos tiempos, pero se ha mantenido el espíritu básico de república, representación y federalismo.  Hoy nuestro país es poco representativo y menos federal.

En lo que a representación se refiere diremos que es escasa, puesto que gracias a las listas sábanas y al dedo del poder de turno, nuestros representantes casi no representan a nadie dado que no solo eluden a la geografía sino también a las doctrinas partidarias. Ni que hablar del funcionamiento del Congreso y más en años electorales: cobran sus sueldos y prerrogativas sin trabajar para lo que se los elige; sólo se dedican al proselitismo partidario.

En lo que a federalismo se refiere, los regímenes de coparticipación federal son de una inequidad tal que reducen los principios federalistas de nuestra Constitución Nacional, a textos estériles y por ahí… distribuyen recursos con algún leve sentido de equidad.

Para las elecciones de octubre ya está en pleno movimiento la poderosa estructura administrativa, política y electoral de la provincia de Buenos Aires, que con sus más de 11 millones de ciudadanos en condiciones de votar (siete millones habitan en el Conurbano) puede decidir cualquier elección nacional.

Con un agravante: que por la equívoca reforma constitucional de 1994, que eliminó los colegios electorales, la provincia de Buenos Aires puede imponerse con amplitud sobre el resto del país y obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de la Nación, ya que hay distritos del conurbano que triplican o quintuplican el número de habitantes de varias provincias juntas. Y si a ello se suma el manipuleo, por parte de un Estado nacional poderoso y superavitario, de casi todas las “situaciones provinciales”, se tendrá una idea de la magnitud del nuevo “Estado Unitario”, con mayoría oficialista también en el Senado.

Como verán… una gran parte de la letra de nuestra Constitución es simplemente “cartón pintado”. En los últimos quince años, pasamos del intento de un proyecto  transversal, a uno hegemónico, más tarde a una “concertación de los que piensan igual”. Ahora, podría cambiar a pesar de la grieta, pero el “continuismo” argentino es un sello en el orillo.

En los años electorales el gobierno se concede asignaciones extraordinarias en miles de millones de pesos, que van a sumarse a la inmensa masa de recursos que ya se atribuyen al elaborar el presupuesto de ese año. Habitualmente, presenta al Congreso un abultadísimo cálculo anual de ingresos y gastos, que, al no ser ejecutado en su totalidad, deja a su arbitrio fuertes saldos, presentados como superávit fiscal.

Como directa consecuencia de los súper poderes concedidos con generosidad por el Congreso Nacional, el jefe de Gabinete dispone de esa enorme suma según su leal saber y entender… saber y entender dedicado con excluyente criterio proselitista.

En los años que no tienen agendado comicios, ese dinero suele utilizarse para premiar a las provincias leales y ganar las lealtades de otras acosadas por crónicas penurias económicas. Con ello lastima otro de los principios fundamentales de la Constitución, el federalismo, que desde hace bastante tiempo también ha pasado a ser un texto estéril.

Todo este proceder genera un gasto público exorbitante y después se rasgan las vestiduras hablando de la inflación, del precio de la lechuga, del valor comercial de un kilo de papas, o de la importancia del viento en la navegación a vela, mientras que “La Nave Va”… dibujando estadísticas surrealistas, alejadas de la razón y la lógica.

                                                                                                                                 

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