Los voluntarios de la Organización Social Don Ito presentaron ante la Secretaría del Concejo Deliberante local un proyecto de ordenanza que aborda el déficit habitacional en Junín y la falta de soluciones por parte de la gestión política actual. 

El proyecto, presentado hace más de veinte días, recibe el nombre de “Gestión y Producción Democrática de la ciudad”, y tiene como fin ser una herramienta útil que amplíe el paradigma con el que se aborda la problemática del hábitat.

Prevé la puesta en marcha del Consejo Local de Hábitat, un banco de inmuebles, insumos y maquinarias, capacitaciones, integración de la ciudad al Consejo Provincial y el Programa de fortalecimiento de autogestión del hábitat popular... pero el legislativo local aún no ha dado señales de que lo tratarán.

Al respecto, Pablo Rodríguez, de Don Ito, expresó: “Entiendo que no traten el proyecto y que se demore, ya que no han demostrado interés en la problemática. No cuesta mucho darse cuenta, tuvieron a más de 40 familias durmiendo en la plaza y los desalojaron sin respuesta alguna”.

“Ya se nos informó que el proyecto debe ingresar por dos comisiones -Legislación y Obras públicas-, ambas presididas por concejales oficialistas, así que esperemos que puedan trabajarla y apropiarse de esta herramienta teniendo una perspectiva del hábitat como derecho humano”, agregó el voluntario.

DON ITO es una organización que se ha interesado por la problemática y trabajado para ubicarla en la agenda de las políticas públicas juninenses. En base a esto, Rodríguez destacó: “Empezamos con los relevamientos, para tener números concretos de la realidad de nuestra ciudad. Relevamiento fuertemente cuestionado por el oficialismo, y ninguneando a nuestra organización, piden estadísticas, se las proporcionas y salen a desmentir. De ahí se continuó con el proyecto de barrio Norte,  obviamente en todo momento nos fuimos formando en el tema, compartiendo experiencias, viajando. El proyecto se demoró 3 años y aún hoy sigue sin terminarse, lo que nos deja en claro que no entienden el hábitat de manera integral. Ahora la ordenanza es como un broche a toda esa militancia, y es una manera de poder generar conciencia entre quienes nos gobiernan para que aborden la problemática con una perspectiva integral y entendiendo que el acceso justo al hábitat es un derecho de todo y no un privilegio de unos pocos”.

Sin agenda

La cuestión del hábitat humano en Argentina y en especial en territorio bonaerense es un problema que, lejos de subsanarse con el correr del tiempo, se agravó. Este problema no es sólo de vivienda, sino además de falta de la infraestructura básica que esas viviendas necesitan. En nuestro país el acceso a la vivienda digna y propia no se concibió como un derecho universal que el Estado debe garantizar, sino una especie de lujo regulado por el mercado, de cierta clase media próspera, en otros tiempos de nuestro país. El resto debe arreglarse como pueda. Los planes estatales no deberían correr detrás del problema sino ser una política de Estado que a través del tiempo aborde cada solución habitacional en el momento que sea necesaria.

Ahora bien, si se pretende que cada familia tenga su vivienda, el abordaje del problema habitacional debe ser integral. Esto requiere por parte de los Estados (ejecutivos y legislativos) y de la sociedad toda de un cambio cultural en materia habitacional. Paliar el déficit habitacional debe encararse mediante una política que estipule el precepto constitucional por el cual cada habitante tiene derecho a una vivienda digna. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se debe cambiar el concepto de construcción de viviendas “llave en mano” por el concepto de “Solución habitacional”, lo cual implica no necesariamente un solo tipo de plan sino el abordaje de distintos planes.

En los medianos y grandes conglomerados urbanos el problema del acceso a la vivienda por parte de la población va de la mano de la falta de acceso a la tierra, un bien cada vez más escaso en vastos sectores. Con la lógica del sistema capitalista, se critica la constante toma de tierras y los asentamientos que en ellas se producen. Nada se dice sobre cuál sería la alternativa a esos apoderamientos ilegales por parte de un grueso sector de la población que ve cómo se amplía la brecha entre sus alicaídos salarios y el valor de la tierra, en constante suba.

Resulta inmoral que mientras los desposeídos no pueden acceder a un pedazo de tierra para construir sus viviendas haya propietarios con grandes superficies improductivas. Una vez más, como en otros tantos temas de la Argentina, se observa que el problema no es la pobreza sino la desigualdad social.